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Acorralado por supuestos casos de corrupción, el rey emérito Juan Carlos de Borbón abandona España

El gobierno español llevaba tiempo esperando una decisión de este tipo, y presionaba en público y en privado a la Casa Real para que la llevase a cabo. Desde la Moncloa intentan que Felipe VI no sea arrastrado en el escándalo de los negocios turbios de su padre

El rey emérito Juan Carlos I abandona España. El continuo goteo de informaciones comprometedoras por sus supuestos negocios turbios, con una fortuna en cuentas suizas, han provocado su salida aunque no trascendió donde residirá.

Se trata de un gesto de enorme relevancia, después de que Felipe VI, su hijo, le retirase en marzo su asignación y renunciase a su herencia, dando por buenas las sospechas de corrupción.

El gobierno llevaba tiempo esperando una medida de este tipo, y presionaba en público y en privado a la Casa Real para que la llevase a cabo, al mismo tiempo que subrayaba la «ejemplaridad» del actual monarca. Muy preocupado por la crisis institucional que este caso puede traer consigo, y con un partido claramente republicano como Podemos dentro del Ejecutivo, la Moncloa intenta que Felipe VI, no sea arrastrado en todo este escándalo.

La Casa Real difundió este lunes por la tarde un comunicado en el que informaba que Juan Carlos I había enviado una carta al jefe del Estado. «Con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen», señala el documento, en la que el rey emérito adjudica su presunto enriquecimiento ilícito al ámbito «privado» y admite que su presencia en España complica el trabajo del actual monarca.

«Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero también con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi 40 años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona», continúa la carta.

La Moncloa llevaba tiempo empujando para que el rey emérito abandonase el Palacio de la Zarzuela, donde vive desde hace 58 años, pero no dejaba claro si prefería que se instalase en otro lugar del territorio nacional o directamente en el extranjero, como finalmente hará. La renuncia al título del rey emérito, un paso que no se ha dado, también estaba encima de la mesa.

Acusado de lavado de dinero

A mediado del mes pasado salieron a la luz presuntas actividades financieras ilegales del rey emérito Juan Carlos I que provocaron estupor en España, al conocerse que durante años introdujo al país miles de euros en efectivo por el aeropuerto internacional de Barajas, sin declararlo al fisco.

El abogado y supuesto testaferro del ex monarca, Dante Canónica, se desplazaba regularmente desde Ginebra hasta Madrid en vuelos regulares de la compañía Iberia, para entregarle en mano a Juan Carlos de Borbón los billetes, según la documentación que publicó el diario El Confidencial.

Los movimientos de fondos, realizados entre 2008 y 2012, habrían permitido a la familia real disfrutar en España de la fortuna no declarada que el rey emérito poseía en el extranjero, en un momento en que el país sufría graves recortes de gasto.

El dinero, procedente de la cuenta en Suiza con los fondos que Juan Carlos de Borbón habría sido recibido en 2008 de la monarquía saudita en coimas por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de Medina a La Meca, entró por los controles del aeropuerto.

Según El Confidencial, no consta que ni una sola de las remesas transportadas por Canónica fuera declarada a la Agencia Tributaria, pese a que la normativa fiscal prohíbe introducir más de 10.000 euros en efectivo desde Suiza o cualquier otro país no miembro de la Unión Europea.

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