En enero la Justicia santafesina permitió que dos chicos que habían denunciado al padre por abuso sexual puedan viajar a España para vivir con la madre y el marido de ella. Los adolescentes de 12 y 17 años habían visto en un programa de televisión a la abogada María Paula González Tomassini explicar por qué no era necesario que su madre respaldara las denuncias para demostrar los abusos. La contactaron y ella los defendió en base al nuevo Código Civil y Comercial, donde se respeta el interés superior del niño, inclusive si va en contra del deseo del padre. El caso llegó antes de la reciente ley votada en el Congreso Nacional que convirtió al abuso sexual infantil en un delito público. Los legisladores cambiaron el artículo 72 del Código Penal y, entre otros efectos, significa que el Estado deberá investigar cualquier denuncia de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Antes la persona a cargo tenía que confirmar los testimonios de los chicos. El problema es que, según las estadísticas oficiales, en Argentina por cada mil casos sólo 100 son denunciados. El 75 por ciento de los agresores no son extraños a las víctimas. Son familiares y casi el 60 por ciento son el padre o el padrastro. En diálogo con El Ciudadano, González Tomassini explicó por qué la ley es un avance en materia de derechos.
—¿Qué significa que el abuso sexual infantil sea un delito público?
—Antes de la ley para que la Justicia actuase cuando un niño denunciaba un abuso sexual necesitaba que el padre o la madre respaldara el testimonio. Lo mismo si lo hacía un vecino, la maestra o cualquiera que no estuviese a cargo. Esto era un problema porque por lo general el abuso sexual infantil es un delito de alcoba, pasa en la casa. Hay abuso de poder y muchas veces la familia es cómplice. La ley quita ese requisito y hace que el Estado tenga el deber de investigar ante la denuncia que haga cualquiera. El mismo chico lo puede hacer sin el aval de los padres porque es un sujeto de derecho. También es importante saber que lo puede hacer cualquier persona que tenga sospechas de un caso. Hay que tomar conciencia de que es una problemática que existe. El silencio y el callarse no van más, de esto sí se habla.
—¿Por qué es importante que no necesite el aval del padre o la madre para denunciar?
—El abuso sexual infantil es un disparo en la psiquis del niño que deja secuelas para toda la vida. No se cura, se trabaja con terapia y es un trauma que se va elaborando. Es un delito que carcome el autoestima. Hoy gente adulta cuenta que en terapia se dan cuenta que fueron abusados en la infancia. Le cuentan a la mamá y no les creen. La mayoría de las veces el padre es el abusador y no va a ratificar esa denuncia. El 90 por ciento de los agresores son hombres y la mayoría es familiar directo. Para el niño es muy difícil denunciar porque la figura que debería protegerlo es la que más daño le está haciendo y sufre. Las víctimas no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden. Por eso todos los actores jurídicos tenemos que ser buenos interlocutores para estar listos cuando pueden contarlo. Apenas se da una denuncia todos los niveles del Estado tienen que actuar.
—El Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses volcaron estadísticas sobre que la mayoría de los casos no son denunciados y los que sí tienen a los padres o padrastros como victimarios ¿La justicia suele creerles a los niños?
—El abuso sexual es un delito que muchos jueces tratan mal porque buscan pruebas físicas, confundiéndolo con la violación. El delito de abuso sexual infantil es autónomo. La prueba más relevante es quien es víctima y a su vez testigo: el niño. Cada juez tiene su mirada y debería dejarla de lado para priorizar el interés superior del niño. Tiene que haber un cambio de mentalidad. A los niños hay que creerles. Si parto de la premisa de que fabula o miente, no le garantizo el derecho. Si le permitimos contar su historia van a ser más detallistas porque son vivencias que impactaron en su propia vida. Tenga 4 o 15 años su testimonio es muy valioso y hay que cuidarlos y no revictimizarlos. También es importante que cuenten con abogados capacitados, como la figura del abogado del niño. Es relativamente nueva y hoy la Legislatura de Santa Fe está tratando seis proyectos. Entre otras cosas, buscan crear un registro para que los chicos puedan buscar un defensor. El niño que va a denunciar el delito tiene otro derecho fundamental que es contar con un abogado de su confianza y es importante que esté debidamente capacitado.
—¿En qué se basó la ley?
—El principal derecho de los niños, niñas y adolescentes es a vivir una vida sin violencia. Hace más de 20 años está la Convención de Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional y está ratificada por la Argentina. Hay una ley nacional de protección de la infancia, la 26.061, y una ley provincial 12.967 que dicen que el niño es sujeto de derecho. También responde a la máxima que tiene el nuevo Código Civil que es el interés superior del niño. Todas estas normativas dicen que tiene derecho a opinar en cualquier proceso judicial o administrativo que lo afecte.
