La Justicia santafesina dio validez, con carácter de sentencia, al acuerdo suscrito entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) por la situación de los detenidos transitorios en comisarías.
Esta disposición, firmada por la jueza Roxana Bernardelli en el marco de una audiencia realizada el lunes y a raíz de un habeas corpus presentado por el SPPDP, establece un cupo constitucional y legal adecuado a los parámetros internacionales vigentes en la materia para alojar personas en comisarías de la Unidad Regional II (departamento Rosario).
El acuerdo entre la cartera de Seguridad y el SPPDP contempla dos cuestiones centrales. En primer lugar, ambos acordaron reducir a 230 el número de detenidos en dependencias policiales para agosto de 2015.
En segundo lugar, y para que lo primero pueda efectivizarse, el Ministerio de Seguridad se compromete a ejecutar un plan de obras públicas en la órbita del servicio penitenciario que contempla la construcción de dos alcaidías regionales para varones con capacidad para 210 personas en total, y una alcaidía para mujeres con capacidad para 100 internas.
Estas tres se suman a las que ya se encuentran en ejecución, como la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez que cuenta con 168 plazas en total, y la obra de construcción de dos nuevos módulos en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, para 168 internos cada uno, y cuya finalización está prevista para mediados de 2016.
El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, valoró esta decisión de la justicia puesto que “nos sitúa dentro de los estándares internacionales en lo referente a políticas de detención de personas”.
Lamberto recordó además que en materia penitenciaria el objetivo es “la reducción paulatina de detenidos en resguardo de efectivos policiales y, al mismo tiempo, la jerarquización del servicio penitenciario”.“Se trata de una clara definición política. La policía debe estar abocada para lo que fueron formados, es decir, la prevención y persecución del delito; en tanto que las personas privadas de la libertad deben ser supervisadas por personas que también han sido preparadas para ello, como lo son los agentes penitenciarios”, recordó.
