La mañana del lunes la Comisión de Servicios Públicos del Concejo municipal debatió y acordó subas a las sanciones por la utilización de medios electrónicos de alto alcance de transporte ilegal. Las pautas se enmarcan en el Código de Convivencia. La iniciativa podría aprobarse en la próxima sesión en el Palacio Vasallo.
La reunión fue presidida por el concejal Fabricio Fiatti, de Creo; y participaron Mónica Ferrero, del bloque Socialista; Pedro Salinas, de Ciudad Futura-FSP; Renata Ghilotti, de Propuesta Republicana; Lisandro Zeno, de Partido Demócrata Progresista. Por su parte, el concejal Eduardo Toniolli, de Frente de Todos-PJ participó mediante la plataforma Zoom.
En el último mes, la Municipalidad confirmó que hubo seis sanciones a choferes, cinco de ellos de la empresa Uber.
“El Código de Faltas ya contemplaba a los que trabajan sin habilitación”, dijo Fiatti en relación a los vehículos que operan sin los registros públicos correspondientes. Sin embargo hoy se abordó la inclusión de las aplicaciones que conectan usuarios y choferes que operan sin habilitación.
Por su parte, Toniolli expresó a El Ciudadano: «Llegamos a un acuerdo entre distintas bancadas de aumentar las multas al transporte ilegal de pasajeros y además agregar una figura agravante en caso de que el transporte ilegal de pasajeros a través de autos no habilitados se desarrolle por medio de aplicaciones de empresas ilegales como Uber. Va a haber una multa extra que va a rondar entre los 100 mil y 300 mil pesos para quienes desarrollen esta actividad».
A su vez, el edil explicó por qué acordaron la figura de un agravante: «Porque entendemos que se trata de multinacionales con una enorme capacidad de generar demanda y cuyo objetivo claramente es organizar detrás suyo a todo el transporte ilegal ya existente con la posibilidad cierta, como ha sucedido en algunos lugares del mundo, de destruir el transporte público y destruir la regulación estatal municipal».
De ahí, siguió, la gravedad y por eso la definición de una multa extra que promueven desde Servicios Públicos. Uber fue la única aplicación que nombraron, y es la más extendida, pero abarca a toda aplicación que utilicen las personas para desarrollar tareas de transporte ilegal.
«Tenemos que acordar que la empresa es de delincuentes y viola disposiciones. Este fenómeno es un ataque a la normativa y al transporte público», expresó también Toniolli.
Por su parte, el concejal Zeno mostró su apoyo pero pidió clarificar y exceptuar de las sanciones al car pooling, modelo basado en realizar viajes compartidos en autos particulares. Consideró que este esquema desalienta la utilización de los vehículos personales y contribuye a la baja de la contaminación.
Durante el encuentro de la comisión se precisó que existen dos expedientes en preferencia de distintas entidades que abordan la problemática. Por un lado, una nota de la Cámara de Titulares de Remises que solicita sanciones a titulares y choferes que operen de forma ilegal, de tipo económicas “significativas”, y suspensión del carnet de conducir respectivamente.
Por otro lado, el Sindicato de Conductores de Taxi elevó una propuesta de modificación de la ordenanza 9959 y plantea una redacción que pena con 10.000 UF al titular registral que – entre otras disposiciones – “utilice una red de transporte privado a través de un software de aplicación móvil que conecte al pasajero con conductores y vehículos no habilitados”.
