En el marco de un juicio abreviado se resolvió pedir cinco años de prisión efectiva para Lidia Grecco y tres años en ejecución condicional para Ricardo Ugarte, la pareja acusada de haber cometido una estafa contra una gran cantidad de personas al solicitarles dinero para conseguirles viviendas sociales en Programa Habitacional Rosario Norte, también conocido como Zona Cero, ubicado en el extremo norte de la ciudad, en el límite con Ibarlucea. A partir de ahora este acuerdo entre partes deberá ser homologado por un juez penal, quien deberá decretar su admisibilidad y posteriormente resolver su homologación.
Cabe destacar que aunque esto ocurra, desde la Fiscalía ya dieron señales que continuarán investigando, ya que dejaron en claro que tienen elementos que indican que la pareja no fue la “beneficiaria final de la plata”.
Según contó el fiscal de la causa, Sebastián Narvaja, desde que se conoció a principios de junio de este año la estafa hubo 460 denuncias presentadas que apuntan a la pareja conformada por la mujer de 73 años, señalada como autora, y su concubino, como coautor. La suma total del dinero entregado supera el millón y medio de pesos y los “aportes” individuales o por grupos familiares van de los mil a los cuatro mil pesos por damnificado.
“El acuerdo se presenta firmado por las partes y en el día de hoy (por ayer) se ha presentado en el Tribunal la solicitud de que se admita el procedimiento abreviado y se fijará audiencia, supongo, en los próximos días para su aprobación”, agregó el funcionario judicial.
“La calificación legal de los hechos que se imputaron al principio se mantiene y era una estafa genérica y en un caso con circunvención de incapaces. En total estamos hablando de 460 hechos denunciados que quedaron incorporados en el abreviado. Después, con respecto a los niveles de evidencia son bastante disímiles”, indicó.
El fiscal destacó que “no está claro qué pasó con ese dinero y hay elementos de que no fueron los beneficiarios finales de ese dinero”. “Luego de llevar adelante la investigación en principio no se ha podido dilucidar el destino de los fondos, por lo que habría otras personas implicadas que podrían ser los beneficiarios del dinero y ahora tenemos que trabajar con eso. Las dos personas fueron imputadas y detenidas y no han
sido condenadas técnicamente”, aclaró.
“La modalidad de la estafa era que se le ofrecía a la gente la posibilidad de acceso a una vivienda social en lo que se conoce como Zona Cero. Estas personas pedían dinero, ya que se presentaban como que tenían cierta capacidad de influir sobre altos funcionarios del gobierno tanto provincial como municipal y aseguraban que eran capaces de conseguir, digamos un atajo, para ello. Hay que recordar que para conseguir una vivienda social hay registros públicos donde las personas tienen que inscribirse, llenar una ficha, ingresar en una especie de padrón y todo eso conforma una reglamentación bastante específica. Luego se procede al otorgamiento de viviendas a aquellos que se encuentran en una determinada regularidad, lo que se hace por sorteo”, subrayó.
Lo que los damnificados denunciaron fue que habían entregado dinero y que nunca habían conseguido nada a cambio. “Frente a esto también se investigó si algunos de los acusados tenía relación con alguna área de Vivienda o si habían pertenecido en algún momento. Los datos que obtuvimos fueron que nunca habían pertenecido a ninguna área del Estado”, explicó Narvaja.
Cabe recordar que a los pocos días de haber sido denunciados –y tras un breve tiempo prófugos– la pareja fue acusada de estafa y se les dictó prisión preventiva.
En aquella ocasión, los abogados de los damnificados señalaron que se estaba ante un hecho “sin antecedentes” por la cantidad de personas estafadas, por lo que había que continuar investigando ya que era imposible mantener un engaño de estas características “sin contar con el respaldo de una estructura que lo permita atrás”.
