España y el Reino Unido pactaron y llevaron a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) una declaración sobre Gibraltar con la que se comprometen a resolver la disputa sobre la soberanía del Peñón, anunció ayer el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo. Ese mismo acuerdo es el que reclama Argentina por Malvinas.
El jefe de la diplomacia española calificó este acuerdo como un “primer paso hacia el restablecimiento de la normalidad que se rompió en 2004”, cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero creó el Foro Tripartito que daba a Gibraltar “personalidad jurídica propia”.
La declaración insta a España y al Reino Unido a llegar a una solución definitiva sobre el Peñón (como es conocido el territorio) “escuchando los intereses y aspiraciones de Gibraltar”, siempre que sean “legítimas conforme al derecho internacional”.
También se comprometieron a cumplir con el “espíritu de la Declaración de Bruselas de 1984 –por la que Madrid y Londres acordaron negociar la soberanía del Peñón– y las resoluciones de la ONU”, que respetan la integridad territorial de España.
Para España lo principal de la declaración –que fue acordada el 28 de octubre en la Comisión de Descolonización y debe convertirse en resolución de la ONU– es que las aspiraciones de Gibraltar deben ser “legítimas conforme al derecho internacional”, remarcó García Margallo en declaraciones a la prensa tras un acto en el Instituto Cervantes de Madrid.
La diplomacia española entiende con esto que los gibraltareños no pueden reclamar el derecho a la autodeterminación.
El Reino Unido ocupa el Peñón de Gibraltar, de 6,5 kilómetros cuadrados y cerca de 30.000 habitantes, desde que el almirante George Rooke lo conquistó, en 1704, durante la Guerra de Sucesión española. El Tratado de Utrecht confirmó en 1713 la soberanía británica, y desde entonces España la disputa.
Este verano europeo la tensión se disparó por el lanzamiento de 70 bloques de hormigón al mar por parte de las autoridades del Peñón en una zona en la que faenan pescadores españoles, así como la construcción de un nuevo espigón en “La Roca”, medidas que España interpretó como “provocaciones”.
En respuesta, el Ejecutivo español intensificó los controles en la única frontera común con la colonia británica, lo que provocó largas colas de vehículos que acuden diariamente a Gibraltar, y luego amenazó con crear una tasa fronteriza de 50 euros.
La tensión bajó cuando España y el Reino Unido acordaron resolver la crisis por la vía del diálogo y aceptaron una misión de la Unión Europea a la frontera común para evaluar la situación.
El texto de la declaración, si bien “toma nota” de la voluntad británica de mantener el Foro Tripartido, también recoge la posición española de que ya no existe y debe ser sustituido por un nuevo mecanismo de cooperación en el que estén representados todas las autoridades competentes en la materias “susceptibles de conflicto”.
De esta forma, la resolución respalda la creación de grupos de trabajo ad hoc a cuatro bandas –España, Reino Unido, Gibraltar y Junta de Andalucía– para resolver problemas como la pesca y medio ambiente.
