El conflicto abierto el domingo último con la toma del predio de cinco hectáreas ubicado sobre bulevar Avellaneda al 4200 tuvo ayer un principio de solución –transitoria– que no pasó por los Tribunales sino por las gestiones políticas: se realizó un censo de las familias que se habían instalado allí y se firmó un acta en el que la Municipalidad se compromete, para la semana que viene, a integrar una mesa de diálogo con referentes de los cuatro grupos de ocupantes. En esa instancia se discutirá, caso por caso, una respuesta a la falta de vivienda sobre la que giró la protesta de habitantes de los barrios Vía Honda, Santa Lucía, Acindar, Alvear, Villa Cariñosa y 27 de Febrero. La contraparte fue el desalojo pacífico de los terrenos, sin incidentes ni intervención policial. Lo que quedó claro es que no habrá –al menos en lo inmediato– entrega de terrenos y menos de casas que ni el gobierno local ni el provincial disponen.
“Vivimos de prestado, en las casas de padres o de otros familiares, y algunos directamente en la calle”, dijo una de las mujeres luego de que se calmaran las aguas y mientras esperaban una copia del acta de compromiso de la Municipalidad. A media mañana, y en respuesta a la presentación judicial que el jueves cursó el Palacio de los Leones, se había presentado en el lugar el magistrado correccional de turno Carlos Leiva, con la intención de encontrar una salida que no pase por los Tribunales y menos por el desalojo violento. El juez volvió a la zona otras dos veces. También estuvieron funcionarios municipales e incluso provinciales, como el secretario de Seguridad Pública, Marcos Escajadillo.
Este nuevo conflicto es parte de una serie que reconoce causas estructurales (en 2011 hubo, en promedio, una toma de terrenos por día en Rosario). En la realidad de la ciudad convive el boom inmobiliario, centrado en los desarrollos de alta gama, con un persistente déficit habitacional que resiste los variados planes sociales de vivienda encarados por los tres niveles del Estado. De hecho, el predio de cinco hectáreas ocupado hace una semana es en parte municipal y destinado a la continuidad del plan de viviendas Rosario Hábitat. Otro sector tiene como propietario principal al sindicato de los estatales UPCN, que también proyecta en el lugar un barrio para sus afiliados, los petroleros de Supe y los trabajadores del vidrio. Y por último, hay un dueño privado. Frente a los terrenos ocupados se levantan a su vez las viviendas sociales en dúplex del Rosario Hábitat que habitan ex vecinos del barrio Itatí.
La jornada de ayer tuvo sus idas y vueltas. En un principio, parte de los ocupantes rechazaban la propuesta que incluía el censo, la apertura de una mesa de diálogo y el retiro voluntario del lugar. Pero con el correr de las horas la oferta oficial, materializada en un documento a modo de acta de compromiso, fue ganando consenso.
Los propios referentes de los cuatro diferentes grupos que se asentaron en el lugar para reclamar atención del Estado en torno al acceso a una vivienda reconocieron que entre ellos coexisten realidades diferentes, desde las más acuciantes, como la de una mujer y su hija que vivían en la calle y ayer mismo fueron derivadas transitoriamente a un hogar por personal de Control Urbano, hasta las que pueden admitir soluciones provisorias de mediano plazo. Darío, voz principal de uno de los asentamientos, aclaró incluso, mientras recababa datos de las familias, que ellos mismos se encargaron de desalojar a unas 8 o 10 personas que pretendían parcelar parte del predio y “vender” esos lotes, para que no distorsionen el reclamo general.
Desde todos los grupos de ocupantes aclararon que su intención nunca fue “ir al choque” con las autoridades ni con la policía, pero justificaron su accionar. “Sólo te dan viviendas cuando estás en un terreno por donde tienen que abrir una calle o construir algo”, ejemplificó una de las mujeres. “Tengo estudios, pero incompletos ¿Quién me va a dar trabajo, si como mínimo tenés que saber computación? Entonces me gano el alimento para mis tres hijos y yo cartoneando. Muchos de los que estamos acá hacemos eso, que no nos gusta pero es lo que podemos hacer, y vivimos de prestado en casa de familiares”, siguió Érica, referente de uno de los grupos.
“Acá sólo había basura, una vacas y animales muertos, además de las canchas de fútbol, recién cuando ocupamos aparecieron los dueños”, agregó uno de los hombres, vocero de otro conjunto de familias.
David Sánchez, a cargo de Control Urbano municipal y uno de los principales negociadores en la encrucijada, no quiso dar precisiones numéricas sobre las familias censadas. Aclaró que la información recabada por unos cincuenta empleados de las secretarías de Promoción Social, Salud y General será objeto de análisis y cruce de datos durante la semana entrante. Recién tras esa tarea, sobre jueves o viernes, la Municipalidad llamará a una primera reunión con entre 7 y 8 referentes de los grupos que ocuparon los terrenos. Aún no hay lugar fijado para el encuentro, pero una de las posibilidades es que se haga en el complejo Polideportivo Deliot. Sobre el final de la tarde, Sánchez consideraba que estaba prácticamente garantizada la liberación del predio, faltando convencer a una decena de familias que, estimó, podrían finalmente retirarse entre hoy y el lunes.
El secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, destacó como positivo el proceso de liberación de los terrenos, que como toda negociación de este tipo –recordó– tuvo marchas y contramarchas a lo largo de la jornada. Tampoco él arriesgó un cálculo del número de familias relevadas, que decantará con el cruce de información, pero arriesgó una estimación provisoria de más de 200. Esta semana se verá el grado de necesidad de cada uno de los ocupantes, o si, en algunos casos, no existe la situación de vulnerabilidad declamada. En función de ello, se buscarán las soluciones.
