No es nuevo, pero con la aprobación del Rigi (Regimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) se potencia. Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel denunciada por Naciones Unidas, había desembarcado en la Argentina en 2022 para, de acuerdo con su coordinador del Proyectos Especiales e Internacionales, el argentino Diego Berger, terminar con los problemas de las sequías y de la “cultura de la abundancia” que atribuye a un ADN de América latina. Varias provincias cerraron con la firma acuerdos que mantienen en secreto, pero ya trascendieron algunas de las peligrosas cláusulas. Por ejemplo, una que le cede la propiedad exclusiva de toda la información hídrica del suelo y subsuelo de la jurisdicción, como se supo en el caso de Río Negro. Eso implica que la compañía puede decidir qué datos estratégicos compartir y cuáles reservarse sobre un bien común como el agua.
Todo comenzó en abril de 2022, cuando una delegación argentina encabezada por el entonces ministro del Interior, Eduardo de Pedro, viajó a Israel para conocer en terreno el “modelo israelí” de gestión del agua. Al funcionario lo acompañaron legisladores, otro integrantes del Ejecutivo y gobernadores o representantes de diez provincias, entre ellas la de Santa Fe.
Fue en ese viaje que se selló un acuerdo de cooperación entre el CFI y Mekorot para asistir técnicamente a las provincias en el desarrollo de planes de gestión y desarrollo de infraestructura hídrica. El marco de ese compromiso fue la llamada Agenda 2025 del organismo de inversiones federal. Además de la jurisdicción de la bota, lo rubricaron Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Chubut.
Con malos antecedentes
Desde el vamos, los antecedentes de la empresa no son los mejores en cuanto a sus encuadres políticos. Mekorot Israel National Water Co. fue acusada por la ONU de violar el derecho al acceso al agua en los territorios ocupados por el Estado del que depende. Las denuncias remiten a la ejecución de un plan de manejo de agua que controla y limita el acceso a este bien común a los palestinos.
La firma israelí había sondeado su despliegue en la Argentina bastante antes. En 2011, el por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, anunció la firma de un contrato por 170 millones de dólares con Mekorot para construir una planta potabilizadora en la ciudad de La Plata, que en 2013 tuvo que ser suspendido debido al rechazo social que suscitó. Hubo otros problemas en otros países. En 2013, con la Compañía Holandesa de Agua Vitens, que canceló un memorando de entendimiento como consecuencia de las formas de operar de Mekorot respecto a las comunidades palestinas. Por el mismo motivo, la Empresa Portuguesa das Águas Livres también tuvo que rescindir el contrato firmado cuatro años antes debido a las presiones de la sociedad civil y de algunos grupos parlamentarios. Y en 2016, de nuevo por resistencias ciudadanas, las dos compañías públicas de agua del estado brasileño de Bahía, Embasa y CERB, anunciaron el fin de un acuerdo firmado en 2013.
Información, poder, cesión de soberanía
En la argentina, las provincias que primero firmaron acuerdos con la estatal israelí bajo el convenio del CFI, entre 2022 y 2023, fueron Santa Fe, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz y Santiago del Estero. En abril de este año, se sumaron Jujuy, Chubut y Neuquén.
Los textos de esos contratos, en su mayoría, no fueron hechos públicos. Sí lo hizo el Gobierno de Río Negro, y allí saltaron todas las alarmas en torno a cláusulas que avanzan sobre un recurso estratégico a través del dominio de la información técnica sobre el mismo.
La gestión de Alberto Edgardo Weretilneck (Frente Grande) respondió finalmente, después de meses de cursados, los pedidos de acceso a la información pública sobre los acuerdos que selló la ex gobernadora Arabela Carreras en febrero de 2023. El objetivo declarado es una “consultoría” de Mekorot para el diseño un “Plan Maestro para el manejo de los recursos hídricos y el saneamiento en la provincia”.
Entre los puntos, se cuentan el cálculo del valor económico del agua rionegrense, la prevención del cambio climático, el esquema de una autoridad de regulación y la planificación de una planta desalinizadora sobre la costa atlántica. El contrato vence en octubre próximo, pero contempla la posibilidad de extenderlo.
Lo peligroso está en algunas cláusulas, y la sospecha es que las mismas están replicadas en los acuerdos que rubricaron las otras provincias.
En la cláusula 8, la empresa estatal israelí se adjudica ser la única propietaria de toda la información hídrica del suelo y subsuelo rionegrino. Además, la de definir en sus informes qué es lo que compartirá con el Estado provincial y qué no sobre su propio recurso vital.
La cláusula 11 es una cesión de soberanía jurídica, para colmo en favor del país con el que Argentina mantiene el conflicto por las islas Malvinas: “Cláusula arbitral: en caso de controversias no solucionadas se recurrirá a un árbitro único en Inglaterra, conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional”. Y agrega, bien explícito: “El contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Inglaterra”.
Ya la legisladora del bloque Vamos Con Todos (VCT) Magdalena Odarda presentó un proyecto de ley para derogar el convenio. Afirma que es inconstitucional por no haber sido publicado en el Boletín Oficial, pero también va contra el contenido. El agua, argumenta, es “un bien de dominio público” y la decisión de cederle a Mekorot la determinación de su valor económico viola ese principio.
Negativas de varios, pero…
El gobierno de Chubut negó ante legisladores provinciales opositores la existencia de un acuerdo con Mekorot. No obstante, hay fotos y anuncios del gobernador Ignacio Torres sobre el particular.
El CFI, por su parte, rechazó que Santa Fe y Santiago del Estero estén relacionados con Mekorot.
En el caso santafesino, eso contrasta con lo que está publicado en la propia página oficial del Estado provincial. En una nota fechada el 13 de febrero de 2023, se lee: “El gobernador Omar Perotti firmó este lunes un acuerdo de colaboración entre la provincia de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para potenciar los recursos hídricos”. Menciona el análisis de la situación actual del sector del agua, la potenciación de los recursos hídricos, la elaboración de proyecciones de demanda, planes alternativos de abastecimiento y recomendaciones para el desarrollo de un Plan Maestro y el manejo del recurso en los Bajos Submeridionales.
Y sigue: “En ese marco, la Compañía Nacional del Agua de Israel (Mekorot) asistirá en la definición de lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos de la provincia y la adquisición de las capacidades necesarias para su gestión sustentable”.
Fue durante un encuentro en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires en el que participaron el embajador de Israel, Eyal Sela, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto, los entonces gobernadores de Catamarca (Raúl Jalil), Formosa (Gildo Insfrán), Río Negro (Arabela Carreras), San Juan (Sergio Uñac) y Santiago del Estero (Gerardo Zamora), más el en ese momento vicegobernador de Santa Cruz (Eugenio Quiroga). Como funcionarios nacionales, estuvieron De Pedro y el entonces ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
El Rigi empuja
El tema del agua es estratégico. Por el propio carácter vital y la definición de bien común del recurso pero también porque es un factor esencial en las explotaciones de megaminería y, en particular, la del litio, tanto como insumo para agricultura y canal de comunicación y transporte de producción.
La aprobación del Rigi por el Congreso este año, bajo la presión del Gobierno libertario y los nuevos alineamientos políticos centrados en inversiones a como de lugar con relegamiento de visiones estratégicas y de escala nacional, amenaza potenciar acuerdos como el sellado con Mekorot.
El régimen que cede enormes beneficios fiscales, jurídicos y cambiarios por nada menos que 30 años, que pasa por encima las legislaciones provinciales y permite enviar al exterior las ganancias de los emprendimientos, en el marco de una crisis económica generalizada tienta a las gestiones subnacionales a suscribirlo en un escenario de competencia entre sí por quién cede más derechos soberanos para absorber unos dólares iniciales sin contemplar las consecuencias a largo plazo. Entre otras, las huellas ecológicas de los emprendimientos y, como en el caso de la estatal israelí, la renuncia a la exclusividad de la información estratégica sobre sus propios recursos.
De las 12 provincias que firmaron a Mekorot, nueve ya adhirieron o hicieron públicas sus intenciones de hacerlo, al RIGI: Santa Fe, Mendoza, San Juan, Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Catamarca.
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