El fiscal Gustavo Ponce Asahad imputó a una familia por 24 hechos de hurto de energía en el marco de una investigación que comenzó con el allanamiento a 8 pensiones sin habilitación ubicadas en distintos barrios. Si bien la investigación comenzó en 2016, en mayo pasado se realizaron nueve allanamientos en las pensiones, un estudio jurídico y dos viviendas particulares por presunto lavado de activos por unos 70 millones de pesos, irregularidades con las personas alojadas y hurto de energía. La pesquisa por lavado de activos quedó en manos del fiscal Matías Edery, mientras que el robo de energía quedó en poder de Ponce Asahad.
Los procedimientos se llevaron a cabo en Santa Fe al 4300, dos en Cochabamba y Avellaneda, Constitución al 1500, Zeballos al 3700, Benegas al 7800, Carranza al 800, Kay al 100 y Montevideo al 3700. En ese momento secuestraron en las viviendas particulares 400 mil pesos, documentación, material informático y 135 mil pesos más 11 mil dólares en otro de los lugares allanados.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que la audiencia imputativa se realizó el jueves pasado, luego de tres suspensiones que se realizaron porque la defensa alegó problemas de salud. Los imputados en 24 hechos de robo de energía fueron Antonio Gambacurta, su ex mujer, su actual pareja y sus dos hijas, una de ellas abogada.
Durante la pesquisa la Fiscalía constató la conexión trucha, algo que fue corroborado desde la Empresa Provincial de la Energía en las 8 pensiones, en las viviendas particulares de los acusados y el estudio jurídico de la hija. Los acusados seguirán el proceso en libertad.
Tras los allanamientos que se realizaron en mayo, el fiscal Matías Edery indicó que “la investigación judicial data de dos años y fue iniciada por la fiscal Verónica Caini a raíz de una denuncia de un particular sobre una serie de pensiones clandestinas que no cuentan con condiciones de salubridad, habilitación y se empieza a investigar la operatoria que lleva a varios ribetes y estudios de delitos diferentes que es lo se trata de dilucidar”. Esa causa que antes tenía Caini quedó en manos de Ponce Asahad.
Hace dos años que se realizaba una investigación por denuncias a un hombre y su entorno que tienen pensiones. Según fuentes ligadas a la investigación Gambacurta y su entorno solicitaban subsidios para alojar a personas en situación de calle y ese dinero lo giraban a una presunta cuenta off shore en Uruguay. Y agregaron que en algunos sitios las irregularidades también tenían que ver con el hurto de electricidad. Estaban “enganchados” a la luz por lo que también intervenía la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
En cuanto a la cuentas en Uruguay, que en primer momento desde Fiscalía informaron que eran de dinero que presuntamente recibían de subsidios para alojar a personas en situación de calle, la fuente consultada por El Ciudadano aseguró: “La investigación judicial data de dos años. Se libraron oficios al país vecino y se detectó que las cuentas están a nombre de dos hijas del sospechosos, una de ellas abogada. Se trata de dinero y propiedades de los que no tendrían manera de probar su procedencia, aunque no nos informaron aun oficialmente de cuánta plata en dólares se trata”. De todos modos evaluaban que el lavado de activos sería de unos 20 millones de pesos.
