El fiscal de Melincué Matías Merlo acusó este sábado a 18 personas en el marco de la investigación que llevó a cabo por operaciones defraudatorias con inmuebles urbanos y rurales del sur de la provincia, realizadas por una asociación ilícita. El documento fue presentado ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Benjamín Révori, que deberá definir la fecha de la audiencia preliminar.
“Los acusados son 18, entre quienes hay abogados, escribanos y personas con conocimientos contables”, informó el fiscal. “En todos los casos, y de acuerdo al rol que cumplían en la asociación ilícita, solicitamos penas privativas de la libertad y el pago de multas económicas que llegan a 2.340.000 pesos”, agregó.
“La investigación se inició a raíz de gran cantidad denuncias realizadas por las víctimas. Se hizo un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se resolvió crear un solo legajo”, precisó Merlo. “Podemos afirmar que tenemos acreditas y debidamente demostradas un total de 30 maniobras defraudatorias”, aseguró el fiscal.
Merlo aclaró que “a partir de que se conoció que estaba en marcha esta investigación, se presentaron otras diez denuncias. Por lo tanto, iniciamos una segunda etapa a partir de la información aportada por nuevas víctimas”.
Asociación ilícita
El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvo que “la organización comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace siete años. Estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común”. En tal sentido explicó que “el fin que se proponían era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de los inmuebles pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas, ubicados en el departamento General López y en el sur provincial”.
Merlo explicó que “como toda organización delictiva, tenía una estructura para llevar a cabo los ilícitos, con reparto de funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes”. En tal sentido, hizo hincapié en que “el jefe u organizador era un abogado de Venado Tuerto cuyas iniciales son ADB”.
“De la investigación se desprende que para concretar las maniobras, los integrantes de la asociación ilícita –con pleno conocimiento de su accionar– confeccionaban los instrumentos jurídicos que necesitaban. De esta manera, desapoderaban a los titulares registrales de los inmuebles afectados para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros”, explicó Merlo.
Audiencia preliminar
Luego de la presentación hecha por el fiscal Merlo, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Venado Tuerto deberá establecer la fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que las partes debatirán acerca de la acusación presentada y de las evidencias que ofrecerán en un futuro juicio oral y público.
Según informaron, los acusados son 13 hombres de entre 42 y 69 años –entre ellos un abogado y dos escribanos– y cinco mujeres de entre 32 y 58 años.
El abogado, cuyas iniciales son A.D.B., de 60 años, fue acusado por el fiscal como “jefe y organizador de la asociación ilícita; estafa; falsedad ideológica; utilización de documento falso y falsificación de documento privado”. Por ello pidió una pena de 16 años de prisión de cumplimiento de prisión efectiva, pidió que pago una multa por 2.340.000 pesos y que se lo inhabilite a 10 años para ejercer la profesión de abogado.
Por los mismos delitos pero en calidad de miembros fueron acusados la mayoría de los imputados, a los que también se les solicitó el pago de multas e inhabilitaciones para ejercer sus profesiones.
