El fiscal federal Alberto Nisman pidió ayer imputar a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman por presunto “encubrimiento” de Irán en el ataque a la Amia, al denunciar que el memorándum firmado con ese país escondió un “plan de impunidad” a cambio del restablecimiento de las relaciones comerciales. El fiscal se pronunció así ante el juez Ariel Lijo y también pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos contra la mandataria, Timerman y otros dirigentes oficialistas, a quienes también incluyó en la imputación.
Desde el gobierno calificaron la denuncia de Nisman como “un disparate institucional y jurídico”.
Según la presentación del fiscal federal, la maniobra para encubrir a Irán comenzó en 2010, mucho antes de la firma del memorándum para avanzar en la investigación del atentado contra la sede la Amia en Buenos Aires ocurrido en julio de 1994 que dejó 85 muertos, que ahora está suspendido tras haber sido declarado inconstitucional por la Cámara Federal.
Nisman señaló que en el supuesto plan se involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con uno de los principales acusados de ese país por el atentado, Mohsen Rabbani, el ex agregado cultural de Irán en la Argentina.
Para el fiscal, la presidenta fue la ideóloga, el canciller el ejecutor, y el acuerdo tuvo como partícipes al diputado de La Cámpora Andrés Larroque, el dirigente Luis D´Elía y el líder de Quebracho, Luis Esteche.
En su requerimiento, Nisman aseguró que la moneda de cambio de la jefa del Estado fue el interés por el petróleo y que el intercambio comercial entre ambos países “estaba supeditado a la ratificación de Irán del memorándum de entendimiento, es decir, al avance del plan de impunidad”.
Nisman citó escuchas telefónicas, una de ellas recibida por el prófugo Rabbani: “Hoy terminamos una reunión con el ministro de Planificación (Julio) De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas”, le dijo el interlocutor.
El ex agregado cultural respondió: “Irán fue el primer comprador de Argentina y ahora no compra casi nada… pero puede cambiar… aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a la Argentina… y también comprar armas”.
La fiscalía aseguró que las negociaciones de los iraníes en nuestro país estuvieron a cargo de Jorge Khalil, un representante sin cargo oficial y para quien también pidió la indagatoria.
“Mientras la Justicia nacional acusaba fundadamente a ciertos funcionarios iraníes y mientras públicamente la presidenta y el canciller aseguraban que sus acciones estaban exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia y que el memorándum de entendimiento era única solución viable para el caso, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales ocultos, un intercambio”, agregó.
En su pedido de imputación, Nisman sostuvo que el entonces presidente Néstor Kirchner “fue consecuente con su postura con el caso Amia”, al rechazar todo pacto con Irán, y que esa línea continuó durante los primeros años de la mandataria.
“La consistencia que durante años tuvo la postura oficial argentina en torno al caso Amia sufrió un cambio radical a partir de la decisión de la actual presidenta de avanzar en un plan encubridor que permitiera a los imputados iraníes eludir y sustraerse definitivamente del accionar de la Justicia”, evaluó.
El pedido de Nisman fue ante Lijo, quien investiga irregularidades en la investigación del atentado, y entre esos expedientes ya envió a juicio al ex presidente Carlos Menem por intentar desviar la hipótesis iraní en el atentado, así como a otros exfuncionarios y a el entonces juez del caso, Juan José Galeano.
“El memorándum de entendimiento (con Irán) está dotado de un enmarañado proceso de aplicación que exige, para que un imputado iraní se siente a escuchar los cargos de la Justicia argentina, la verificación de una larguísima serie de procedimientos, alguno de ellos de imposible cumplimiento”, cuestionó Nisman.
