Un hombre de 69 años cuyas iniciales son OED quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que está imputado como autor de delitos contra la integridad sexual de una mujer en la ciudad de Santa Fe. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rosana Carrara, a raíz del pedido formulado por las fiscales Yanina Tolosa y Alejandra Del Río Ayala en una audiencia de medidas cautelares celebrada ayer al mediodía en los tribunales de la capital provincial, se informó este viernes.
El pasado lunes, Tolosa le atribuyó al hombre investigado la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal.
Ataque sexual y físico
“La agresión sexual fue cometida en la madrugada del domingo pasado en un inmueble ubicado en el microcentro de la ciudad de Santa Fe en el que vive el imputado, y en el que en la parte delantera tiene su consultorio médico”, relató la fiscal Tolosa en la audiencia. “El hombre investigado también le provocó lesiones a la mujer en distintas partes de su cuerpo. Todas las heridas fueron constatadas en el correspondiente informe realizado por un médico de la Policía de Investigaciones”, agregó la funcionaria del MPA.
Tolosa también señaló en la audiencia que “en su declaración, la víctima denunció que el imputado le dijo que todo lo ocurrido quedaría entre ellos. También le manifestó que no hiciera nada para denunciarlo porque, a raíz de su profesión, él tiene muchos conocidos que evitarían que prospere cualquier denuncia”.
“Todas las evidencias que aportamos y el relato de los hechos muestran que lo ocurrido se enmarca en un contexto de violencia de género”, agregó la fiscal.
Peligros procesales
“Si bien la jueza informó que dará los fundamentos de la prisión preventiva en el plazo legal, convirtió la detención en prisión preventiva tal como lo solicitamos desde la Fiscalía. Previamente, rechazó la propuesta del abogado defensor de ordenar medidas cautelares no privativas de la libertad”, explicó Tolosa.
La fiscal justificó el pedido de prisión preventiva y se refirió a “la pena en expectativa de los delitos cometidos y a los riesgos procesales”. En tal sentido, enumeró “la condición de profesional del imputado y los recursos con los que podría contar para intentar entorpecer la investigación o para intentar fugarse”.
