Los conflictos con los loteos Tierra de Sueños en la región parecen no tener fin. En los últimos días comenzó a conocerse un nuevo caso, esta vez con el emprendimiento que la compañía desarrolla en Arroyo Seco, el Boating. La firma comenzó a vender los terrenos en 2012. Sin embargo, la gran mayoría de los compradores aún ni siquiera tiene la posesión de su parcela y (menos aún) no saben cuándo podrán escriturar. También denuncian que las obras de algunos de los servicios básicos tampoco están en marcha.
Como todos los Tierra de Sueños de la región, el loteo lo lleva adelante una firma cuyo titular es Alberto Di Carlo, un pastor evangelista que supo recaudar millones de pesos.
En este caso, el predio de Arroyo Seco cuenta con 55 hectáreas sobre la ribera del Paraná. Cuatro años atrás, cuando salió a la venta, la empresa destacó que el desarrollo contaría con 1.300 lotes, 10 torres de departamentos –que según el proyecto tendrían entre 20 y 30 pisos– y 3 mil camas náuticas.
Sin embargo, a pesar de la promesa publicitaria de vivir en un lugar confortable y casi paradisíaco, los inconvenientes se dieron desde un principio. Es que el mismo 2012 el gobierno provincial clausuró las obras ante la ausencia de los estudios de impacto ambiental que deben ser presentados (y posteriormente aprobados por el Estado) por todo desarrollador, previo al inicio de cualquier obra.
La firma logró levantar al poco tiempo la sanción y siguió adelante con la comercialización. Pero los años pasaron y el grueso de los compradores (quienes estiman que ya se vendieron más de mil parcelas) ni siquiera tienen la posesión del terreno.
Voces
Bruno Cervino es una de las personas que se sienten “estafadas”.
El muchacho, que vive en el complejo Fonavi de Grandoli y Gutiérrez, contó a este medio que adquirió su lote en septiembre de 2014 con fin de encontrar un lugar más seguro para él y su familia. Por entonces le prometieron la entrega para enero de 2015. Pero a más de un año y medio de esa fecha, aún no tiene nada.
“Lo que ellos hacen es prometer y después van corriendo las fechas. Están funcionando como un fideicomiso; sacan plata de un loteo para ponerla en otro. Trabajan con el dinero de los vecinos y así siguen llenándose los bolsillos”, sostiene.
Cervino es uno de los representantes de los más de 100 compradores que en las últimas semanas comenzaron a movilizarse y hacer visible su situación.
El viernes pasado realizaron una nueva protesta frente a las oficinas de la compañía, en calle San Lorenzo al 1300, en Rosario. El escrache se hizo debido a que la empresa se viene negando a recibirlos.
Una de las últimas reuniones se realizó a principios de este año en el marco de una conciliación a la que llamó la Dirección de Comercio Interior de la provincia, que cuenta con una oficina que atiende reclamos de este tipo. Allí la compañía prometió entregar una primera tanda de terrenos para el 30 de junio pasado. Son parcelas que apenas corresponden a unas 20 manzanas.
“Hasta ahora sólo cumplieron con esas posesiones. El tema es que están entregando los lotes sin los planos aprobados y firmados por el municipio. Todavía falta que el Ejecutivo los evalúe y haga las correcciones. Además, ni siquiera hicieron la delimitación como se hace en cualquier loteo. Cuando uno va a buscar el comprobante de la posesión tiene que pedirle a la empresa que mande un agrimensor y marque el lote en ese momento. Y los únicos servicios con que los dan son con luz y agua de obra”, relata Cervino.
Los damnificados también denuncian que se está incumpliendo una serie de obras que la empresa también había comprometido al gobierno de Arroyo Seco. “Ellos plantearon hacer una troncal de cloacas que iba a abastecer, además del loteo, al 50 por ciento de la ciudad. Y no lo hicieron. Y la iluminación desde la ruta 21 hasta la entrada al complejo tampoco”, indicó.
En ese marco, los alrededor de 100 compradores están ajustando los detalles para ir a la Justicia y hacer la presentación de una demanda colectiva contra los desarrolladores. La idea es enviar la mayor cantidad de cartas-documento posible. Sólo buscan lo acordado; la escrituración de los terrenos, con los servicios definitivos.
La demora impidió además que muchos propietarios pudieran acceder al crédito Procrear que se desarrolló bajo el gobierno de Cristina Fernández.
“Los plazos para entregar al menos los planos de mensura aprobados que te pedía el banco ya se cumplieron. Y nos quedamos sin la hipoteca. La mayoría somos clase media y trabajadores que compramos para vivir en un lugar más seguro. Y al final esto resultó un problema. Mas que de sueños esto es una tierra de pesadillas. Estos casos te terminan enfermando. Pero bueno, hay que seguir para que la cosa no se duerma, como quieren ellos”, cerró con mucha congoja Cervino.
¿Una empresa inhibida?
Los compradores también tuvieron esta semana una reunión con el secretario Legal y Técnico de la municipalidad de Arroyo Seco, Gabriel Olive. Allí le solicitaron al funcionario que la empresa realice con mayor celeridad las obras que están inconclusas, lo que incluye a la red troncal de cloacas que también beneficiará a buena parte de la cuidad. Lo cierto es que se fueron muy preocupados del encuentro. Es que allí trascendió que la empresa no contaría ahora con el aval de algunos bancos para las obras por tener sus cuentas inhibidas. Lo que habría llevado a las entidades crediticias a solicitarle a la compañía un depósito de un millón de pesos como garantía tras los sucesivos incumplimientos.
El antecedente de aquella clausura de 2012
La clausura (que a la postre sería sólo provisoria) que estableció el gobierno santafesino en abril de 2012 del Tierra de Sueños Boating fue la primera que llevó a cabo la provincia sobre proyectos de este tipo.
Por entonces, el subsecretario de Gestión Ambiental, Edgardo Seguro, explicó que en el lugar se constató en la zona de barrancas la extracción de árboles autóctonos, una acción que viola la normativa vigente a nivel local y nacional, ya que el sector ribereño del loteo está dentro del área protegida por la ley de Bosques.
Además, Seguro también señaló que el emprendimiento preveía la construcción de una caleta sobre el río Paraná, lo que requería el permiso de la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación, que la empresa en aquel momento ni siquiera había tramitado.
Además, para el funcionario, el sector donde se planteaba el espacio de amarras destruiría totalmente la zona de reservas de monte nativo que es parte del humedal Paraná, lo cual juzgó directamente como “inadmisible”.
