Un inspector y un oficial de Comando Radioeléctrico fueron imputados este jueves por amedrentar a un joven para que les entregara dinero, llevar dos revólveres calibre 22 sin identificación e incumplimientos de funcionario público. El juez Pablo Pinto aceptó la acusación de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para el policía de mayor rango, quien también es abogado, y la prisión por 30 días para el otro uniformado. Los policías habían sido detenidos el lunes pasado en el marco de una investigación que los tiene como autores del cobro de 10 mil pesos a un sindicado integrante de la banda de Mauro Gerez, una franquicia de Los Monos dedicada a extorsiones, homicidios y amenazas para dominar el territorio de los barrios Ludueña y Empalme Granero.
El fiscal Pablo Socca está al frente de la causa que tiene a Mauro Gerez como el jefe de los tiratiros de una organización que opera en el noroeste y que a principios de este año tuvo violentas disputas con otra banda cuyo liderazgo se le atribuyen a Francisco “Fran” Riquelme por el dominio del territorio.
Gerez está cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal 11 de Piñero desde el 26 de mayo pasado tras ser imputado por instigar 40 extorsiones y amenazas a comerciantes, aunque como negocios ilícitos que suman ganancias al del narcomenudeo. La captación de los chicos como tiratiros, según surge de las pesquisas, a veces era a cambio de mínimas recompensas, como un par de zapatillas, y la promesa de escalar en la trama criminal.
La investigación continuó como también la escalada de hechos violentos armados en esas zonas y el 22 de agosto pasado hubo medio centenar de allanamientos por parte de la Justicia provincial y federal también por delitos que iban desde balaceras, extorsiones hasta comercialización de drogas.
Entre otros blancos judiciales, estaban otros sindicados miembros de la banda de Gerez, quienes a su vez respondía a otros dos reclusos de Piñero: Julián Aguirre y Andrés Benítez, presos por robo calificado y portación de arma.
Al día siguiente de esos operativos fue detenido otro de los sospechosos, Jonatan Almada, un joven hijo de un comisario retirado que también está involucrado en la causa, en un departamento de Entre Ríos al 1400.
Al analizar los indicios recolectados tras las detenciones, entre ellos los celulares, los pesquisas se encontraron con que el 18 de agosto pasado a las 22.30 –cinco días antes de que cayera Almada–, dos policías de Comando Radioeléctrico habían interceptado al joven cuando iba con su pareja en un Ford Fiesta y les sacaron dinero en efectivo en la cuadra de Florida y Rubén Darío de la zona norte, bajo la advertencia de que sus superiores lo estaban buscando. Al cruzar los datos del GPS del patrullero, los investigadores identificaron a los policías como el inspector y abogado Jorge Russe, de 49 años, y Ricardo Páez, de 44, explicaron los voceros judiciales.
Estos uniformados ensayaron una excusa, pasaron los datos del auto y de la pareja para consultar si estaban requeridos por la Justicia. No les saltó ningún impedimento legal y el inspector les dijo: “Sabés que si yo quiero, llamó a mi jefe que quiere tu cabeza” y luego le preguntó a Almada “con qué comisaría arreglaba. Que él era un hombre de negocios y quería hacer negocios con él”, así Russe recibió rápidamente la suma de 10.000 pesos en efectivo y se retiró junto al oficial.
Magalí, la pareja de Jonatan, llamó a un abogado para consultarle por esta situación, sin percatarse de que esa comunicación quedaría grabada porque su celular estaba intervenido, y volvió a describir el accionar policial.
Con estas pruebas, el personal de la Agencia Control Policial (ACP – ex Asuntos Internos) detuvo a los policías este lunes a las 20 cuando patrullaban por Ayacucho al 6800, en el extremo sur de la ciudad y en el límite con Villa Gobernador Gálvez.
De la requisa, los policías de la ACP hallaron en una mochila de Russe y escondida en el chaleco antibalas que llevaba Páez, dos revólveres calibre 22 sin ninguna documentación e identificación que justifique su presencia. También hicieron allanamientos en las viviendas de los dos policías, describió el fiscal Socca en la audiencia imputativa.
Tras enumerar los indicios en su contra, el fiscal acusó a Jorge Russe y a Ricardo Páez como coautores de los delitos de concusión agravada (es decir, cuando un funcionario público exige o hace pagar a una persona una «contribución»), portación ilegal de arma de fuego de uso civil e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó la prisión preventiva para ambos.
El juez Pinto escuchó a las partes y tras aceptar los cargos contra los uniformados, dictó la prisión preventiva por el plazo de ley para Russe y por 30 días para Páez. Además, como el inspector también es abogado, el magistrado ordenó informar de la imputación al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario.
