El escándalo político judicial que acarrea la investigación penal por juego clandestino sigue en marcha. El empresario Leonardo Peiti, de 47 años, fue reimputado este viernes en la causa donde quedó como uno de los organizadores de la asociación ilícita. La audiencia tuvo lugar en Fiscalía y el acusado continuará en libertad. Siguen en pie las restricciones dispuestas judicialmente a mediados de año, cuando le habían endilgado ser miembro de una asociación ilícita y también una tentativa de extorsión. En aquella oportunidad, la jueza actuante dispuso una fianza de 2 millones de pesos, la prohibición de salir del país y la comparecencia semanal en la Oficina de Gestión Judicial en el Centro de Justicia Penal.
Peiti cobró notoriedad tras una serie de allanamientos que se realizaron en una investigación por asociación ilícita vinculada con extorsiones y apuestas ilegales a mediados de este año. En esa oportunidad el empresario del juego no fue hallado y se entregó luego en Cañada de Gómez. Cuando fue imputado, el hombre declaró como arrepentido en la causa y contó que pagaba por protección judicial a los fiscales Gustavo Ponce Asahad y su superior, el fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal sumas mensuales que rondaban los 4 o 5 mil dólares. De inmediato se fue en libertad.
El «arrepentido» dijo que pagó coimas un año a Ponce Asahad y que renegoció cuota con su jefe Serjal
Ello generó una ramificación de la investigación por coimas que en agosto pasado dejó tras las rejas a los funcionarios del MPA Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, quienes ya fueron destituidos de sus cargos y actualmente se encuentran presos; también fue imputado un empleado de Fiscalía, Nelson Ugolini.
Tras cuatro meses privado de la libertad, Ponce Asahad declaró y acusó al senador Armando Traferri de ser el nexo de Peiti con la Fiscalía, lo que abrió la pesquisa a una pata política. Ponce Asahad fue derivado a otro lugar de encierro fuera de la órbita del Servicio Penitenciario debido a que, dijo, lo habían amenazado.
Un empresario declaró como arrepentido y apuntó contra el fiscal Ponce Asahad y su superior Serjal
La pata política
La semana pasada los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra recibieron un descargo escrito del senador Traferri, presidente del bloque del PJ en la Cámara Alta, que luego ratificó en una declaración informativa, frente a los funcionarios del MPA. Allí le explicaron que tenían evidencia para imputarlo como organizador del grupo delictivo junto a otros integrantes de la organización, pero los fueros de su cargo les impidió llevar adelante la medida judicial.
Los fiscales pidieron el desafuero del senador, el cual fue rechazado en el Cámara alta de la Legislatura este viernes, el mismo día que Peiti volvió a ser sometido a una audiencia imputativa en el MPA.
Esta vez los fiscales lo sindicaron, junto con Armando Traferri, Patricio Serjal, Nelson Ugolini, Lorena Córdoba, Esteban Lugo, Maximiliano «Cachete» Díaz, Walter Bruno, Jorge Ricardo Martín, el fallecido rafaelino David Perona, el ex jefe policial ya condenado Alejandro Torrisi y otras personas aún no identificadas de conformar una asociación ilícita que tiene por objeto usufructuar dinero ilícito proveniente de la recaudación de una red de garitos y apuestas realizadas por medios electrónicos sin contar con la debida autorización legal.
Los fiscales expusieron ante los senadores las pruebas que, afirman, tienen contra Traferri
Según la imputación, estas personas son parte de una organización que funcionó desde el 24 de abril de 2017 hasta el 24 de julio de 2020. Para los fiscales, en el grupo existen distintos roles y sus integrantes hicieron distintos aportes para la organización y explotación del juego clandestino.
Esto incluyó la entrega de dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones que incluyeron la omisión de perseguir delitos cuando estaban obligados a hacerlo y brindar información reservada con el fin de hacer fracasar investigaciones.
Además, Edery y Schiappa Pietra explicaron que el centro de decisiones y negocios del grupo fue Rosario, hechos que también se desplegaron en esta ciudad y también en Villa Gobernador Gálvez, Reconquista, Gálvez y Rafaela.
Para los funcionarios judiciales, el grupo delictivo contó con tres organizadores: Serjal, quien será reimputado el próximo lunes, brindó cobertura judicial y, abusando de su cargo como jefe de 79 fiscales, daba directivas a Ponce Asahad respecto a las medidas tendientes a brindar impunidad a Peiti en causas vinculadas al juego clandestino, de acuerdo con lo desarrollado en la acusación.
Otra estaba conformada por Traferri, quien –según la teoría fiscal– aseguró la continuación de la organización y brindaba cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos y, la última, por Peiti, quien organizaba los recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego ilegal en diferentes modalidades, mientras que el resto de los sindicados fueron señalados como integrantes de la asociación ilícita.
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Según la imputación de este viernes, Peiti se valió de la participación del senador, el cual aprovechó sus influencias y se encargó de vincularlo con el ex fiscal Regional Serjal y al ex fiscal Ponce Asahad.
En la imputación se detalló que el fallecido secretario legislativo del Senado Ricardo Paulichenco hacía las veces de intermediario entre el senador y Peiti, quien le entregaba dinero a cambio de favores.
A su vez citaron como evidencia algunas reuniones que el empresario, según dicen poder probar los fiscales, mantuvo con el senador, entre ellas una que se produjo a mediados del 2019 de la que también habrían participado el ex diputado y hasta agosto asesor en la Cámara baja Darío Scataliani –allanado hace una semana– y el abogado José Fernández Chemes en la oficina de Traferri en San Lorenzo para tratar temas relativos al juego.
Los funcionarios del MPA también sumaron a la evidencia otro encuentro que mantuvo Peiti con Serjal en Buenos Aires, en noviembre de 2019, donde acordó la entrega regular de coimas a cambio de la continuidad de la entrega de información y protección, siempre según refiere la sindicación.
Otro achaque que le hicieron a Peiti fue la relación con integrantes de las fuerzas de seguridad o agencias judiciales para obtener beneficios lícitos, ilícitos o delictivos para los miembros de la organización.
Tras el acto, el empresario Leo Peiti se fue caminado de la oficina de la Fiscalía y continúa con las restricciones fijadas a finales de julio pasado, cuando fue imputado ante la jueza Valeria Pedrana, quien le otorgó la libertad tras el pago de una fianza de 2 millones de pesos y le fijó la prohibición de salir del país, constituir domicilio y comparecer semanalmente al Centro de Justicia Penal por el plazo de ley.
Peiti también está imputado por una figura delictiva similar en jurisdicción de la ciudad de Melincué, donde el fiscal Matías Merlo ya adelantó que pedirá ocho años de cárcel como jefe de asociación ilícita para el empresario, cuyo nombre comenzó a sonar en los medios cuando su domicilio fue baleado por integrantes de una célula de la banda de los Monos y le dejaron una advertencia: «Leo pagá».
Melincué: piden 8 años de cárcel para Leo Peiti por asociación ilícita, igual figura que en Rosario
