Los padres de Cristian Carlos “Salteño” Villazón, el joven de 25 años que está sindicado como el transero del asentamiento Los Pumitas cuya casa fue baleada por una banda rival y terminó con el asesinato de un niño de 11 años fueron imputados este jueves con prisión preventiva efectiva por amenazas a los familiares de la víctima y tenencia ilegal de arma de fuego, informaron fuentes judiciales.
La audiencia se llevó a cabo este jueves a las 9 en el Centro de Justicia Penal donde la fiscal María de los Ángeles Granato acusó también a un señalado miembro de la banda del Salteño, identificado como Walter S., pero por comprar una moto robada y amenazar a unos vecinos para que lo dejaran esconder en su casa tras una persecución policial ocurrida tiempo atrás, agregaron fuentes judiciales.
Juan José Villazón, su pareja Claudia Campos y Walter fueron detenidos este lunes, al día siguiente del ataque armado donde fue asesinado Máximo “Maxi” Jerez, de 11 años, y dejó a tres de sus primos de 2, 13 y 14 malheridos.
Los pesquisas apresaron a la pareja y al joven en medio de una pueblada que se desató en Los Pumitas a media mañana donde vecinos y allegados a las víctimas derrumbaron una vivienda de los Villazón junto a otras tres construcciones algunas de ellas identificadas como búnkers de venta de drogas.
Dolor e indignación en el barrio de Máximo: vecinos derriban búnkers y la Policía hace allanamientos
La fiscal Granato detalló este jueves en su acusación que Juan José Villazón, padre de Cristian, y su madre Claudia Campos amenazaron a familiares de Maxi el domingo 5 de marzo, horas después del asesinato del chico.
Según la investigación, casi a la una del domingo Máximo y sus primos estaban tomando algo en la calle junto a sus familiares cuando un grupo de personas pasó por el lugar y disparó contra una casa de la familia Villazón.
Como consecuencia de la balacera fue asesinado Máximo Jerez y tres primos suyos, menores de edad, resultaron heridos.
Para el fiscal que investiga el crimen, Adrián Spelta, el ataque se produjo en medio de una disputa territorial de bandas dedicadas al narcomenudeo que operan en ese sector de barrio Empalme Graneros, de zona noroeste.
La pesquisa apunta a un grupo liderado por un preso llamado Alexis “Araña” Ibáñez, cuya celda fue allanada este martes en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero.
Para la fiscal, Villazón padre y su pareja amenazaron a familiares cercanos de Máximo el mismo domingo del crimen, “con el propósito de causar temor”.
Además, los imputó por la tenencia ilegal de una pistola calibre 22 y 15 cartuchos calibre 38 que les secuestraron el lunes 6, mientras un grupo de vecinos y familiares del niño se manifestaba en la casa de los Villazón, que saquearon y luego demolieron.
El presunto líder de ese clan familiar, Cristian Villazón, cumple desde septiembre del año pasado una condena a 15 años de prisión por ser partícipe del triple homicidio de Christopher Nahuel Albornoz, de 21; de su pareja Florencia Naomí Corvalán, de la misma edad, y de la hija de ambos, Adelain Chelsi, quien estaba por cumplir los dos años el 13 de febrero de 2020 cuando los acribillaron en Génova y Cabral, de Empalme Graneros. La Fiscalía investiga el asesinato a sangre fría de esta familia relacionado a la criminalidad organizada.
En tanto, también fue imputado este jueves Walter S., detenido el lunes junto a los padres del Salteño por haber comprado en marzo de 2020 una motocicleta Honda 125 “a sabiendas” de que era robada, y que tenía pedido de captura desde diciembre de 2019.
Por ese hecho, le imputó el delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, informaron voceros el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Además, la fiscal le atribuyó a Walter haber ingresado a un domicilio particular de pasaje San José al 2500 sin el consentimiento de los propietarios, mediante una amenaza con una pistola calibre 22. Según la investigación, el miembro de la banda del Salteño buscaba refugio de una persecución policial.
La jueza de la audiencia, Silvana Lamas González, aceptó la imputación y les dictó prisión preventiva efectiva por el plazo ley para los tres acusados, es decir dos años.
