El convenio para bajar los tributos de las compañías radicadas en el Ducado de Luxemburgo, una de las naciones más opacas en términos de secretos financieros, parece hecho a medida para algunas grandes empresas argentinas. Está en la mega ley que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso, y sus beneficiadas son las firmas que tienen fijada su sede en la monarquía europea, como el conglomerado siderúrgico, energético y de construcción Techint, de Paolo Rocca, el unicornio líder de economía del conocimiento Globant y la compañía productora de alimentos y energía Adecoagro. Pero, además, es funcional a Lares Corporation, dedicada a la energía eólica y propiedad de Gianfranco Macri, hermano de Mauricio.
El gran paquete de proyectos conocido como ley ómnibus contiene una norma que modifica los convenios bilaterales con algunos países, como Luxemburgo, para evitar la «doble imposición tributaria». Lo que se propone es aprobar el acuerdo entre la Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la eliminación de la doble imposición con respecto a «los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal», que fue suscripto en Washington, Estados Unidos, el 13 de abril de 2019.
La ONG internacional Tax Justice Network ubica a Luxemburgo como el quinto país más opaco en términos de secreto financiero y en el sexto lugar entre las guaridas fiscales para corporaciones. Estima que los países dejan de recaudar más de 472 mil millones de dólares al año debido al abuso fiscal internacional. De ese monto, unos 301 mil millones se evaporan porque las corporaciones multinacionales trasladan sus ganancias a guaridas fiscales para informar menos beneficios de los que realmente obtienen en los países donde operan, y, como resultado, pagan menos impuestos de los que deberían. Los restantes 171 mil millones de dólares se pierden porque personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley.
El convenio con Luxemburgo, firmado durante el Gobierno de Cambiemos, beneficia también a la familia Macri, que utilizó la empresa Lares Corporation con sede en esa guarida fiscal –primero la tenía en España– en un fabuloso negocio con parques eólicos. Fue una compra de licencias a la empresa española Isolux que después vendió a un valor sensiblemente superior, lo que le permitió a Gianfranco Macri, junto al socio para la ocasión Carlos Tévez, ganar casi 70 millones de dólares.
El hermano de Mauricio Macri quedó procesado por esa operación a causa de una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade.
Fue en 2016 que la familia Macri y Tévez le compraron a Isolux los proyectos para construir 6 parques eólicos y dos solares en la Argentina. La española estaba quebrada, pero algunos de sus activos eran precisamente esas licitaciones para parques eólicos en Miramar y en Loma Blanca. Lares Corporation pagó por eso 25 millones de dólares.
El diario Perfil concluyó en una investigación que al cabo de triangulaciones los parques eólicos y solares terminaron en manos de la compañía china Goldwind, fabricante de molinos de viento, y de Genneia, manejada por Darío Lizzano. El proceso de traspaso, con la ingeniería de varios intermediarios, duró apenas un año, y con una ganancia de 70 millones de dólares. Tévez se quedó con 17 millones y Guillermo Barros Schelotto con 700 mil dólares. Y los depositaron en bancos de Estados Unidos.
Otro de los ganadores del acuerdo con Luxemburgo será Rocca, titular de Techint. Un beneficio más para el aportante a la campaña de Milei: ya se quedó con el manejo de YPF al colocar en la estatal que La Libertad Avanza pretende privatizar cuatro hombres de su petrolera Tecpetrol. Además, aumentará sus ganancias con la desregulación del mercado energético.
El acuerdo con el Ducado exceptúa de tributación en la fuente las ganancias de capital por venta de acciones que cotizan en bolsa, por reorganizaciones (sin definir el concepto) y por transferencia de inmuebles que se utilicen para la actividad de las empresas. Tampoco habilita la aplicación de la limitación en la deducción de marcas y patentes (80% según artículo 92 de la Ley de Impuesto a las Ganancias) y la aplicación de la ley interna para la deducibilidad de gastos de establecimiento permanente.
Para las regalías, fija del 3% al 10% con el agravante de la limitación del 15% para las regalías por contratos de transferencia de tecnología no registrados, cuando por aplicación de la legislación interna la tributación sería del 31,5%. Esto activaría la cláusula de nación más favorecida tanto en los convenios vigentes como en los pendientes de ratificación.
