Candela Ramírez
Cuando en septiembre de 1976 agarraron a Alberto Mechoso Méndez en Buenos Aires, él ya sabía de qué se trataba: estaba escondido en esa ciudad hacía cuatro años porque en Montevideo era un perseguido político. Después de tres meses de secuestro y torturas en 1972, había logrado escapar de las manos de los militares uruguayos, por eso era un blanco especialmente importante. Aunque también tenía algo que los militares argentinos -o uruguayos o de cualquier país que formó parte del Plan Cóndor- querían: plata.
Mechoso Méndez fue asesinado, desaparecido y recién identificaron su cuerpo en 2012. Leonardo Miguel Save fue parte de la patota, liderada por Anibal Gordon, que lo secuestró y fue quien utilizó parte del dinero que le robaron para comprar terrenos. Save murió impune en 2007, pero sus cuatro hijos fueron juzgados en mayo de este año cuando el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dictó la primera condena en el país por lavado de activos durante la última dictadura militar. La semana pasada se conocieron los detalles de la sentencia.
Bajo sesiones de tortura y amenazas con matar a su familia, en septiembre de 1976, los represores lograron que Mechoso Méndez revelara dónde tenía guardado el dinero del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay, su país natal, que se utilizaba para sostener la vida clandestina de los militantes que eran perseguidos.
La banda de Gordon le robó alrededor de siete millones de dólares “a cambio” de no matar a la familia del uruguayo. Esa plata se usó para la compra-venta de dos parcelas en la ciudad de Chascomús por parte de la familia Save, tal como informó Helena Vallefín en el sitio Palabras del Derecho, “a través de una sucesión de actos jurídicos irregulares en octubre del año 1976”.
En la mencionada nota, publicada el 12 de julio, se especifica: “Las propiedades mencionadas fueron adquiridas con la finalidad de desarrollar un emprendimiento inmobiliario al que denominaban “Boating”, el cual se probó a través de distintas testificales que tanto Anibal Gordon como Leonardo Miguel Save, tenían empleados a su cargo en el lugar. Estos últimos se hacían llamar como ‘grupo SIDE’ y los testigos destacaron que era llamativa la cantidad de dinero que trasladaban”.
La causa tuvo origen por un intercambio de correos electrónicos que mantuvo el periodista argentino Walter Kovasic “con un presunto exagente de inteligencia de la ex SIDE, en los cuales éste último pormenorizó el allanamiento del 26 de septiembre de 1976 a Alberto Cecilio Mechoso Méndez, quien formaba parte del Partido por la Victoria de Pueblo, por parte de la banda de Aníbal Gordon que sustrajo una suma de aproximadamente siete millones de dólares a cambio de no matar a su familia”.
La banda liderada por Gordon, que formó parte de la Triple A y falleció en 1987, operaba en el campo de concentración de Automotores Orletti, ahí llevaron a Mechoso Méndez. Era el lugar donde torturaban y mataban pero la patota se ocupaba también de robar dinero y bienes a las personas secuestradas.
Los hijos de Save — María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María— deberán pagar una multa de más de 10 millones de pesos cada uno. Además, el Tribunal consideró que los cuatro “buscaron darle apariencia lícita a los fondos provenientes de ilícitos a partir de maniobras irregulares para adquirir, transferir y administrar dos terrenos de 36 hectáreas en total en la ciudad de Chascomús”. La Fiscalía había solicitado la prisión de los cuatro, pero el tribunal no dio lugar al pedido.
Ese predio fue decomisado y el Tribunal decidió que fuera entregado a la Provincia de Buenos Aires, para que la Subsecretaría de Derechos Humanos construya ahí un nuevo sitio de Memoria.
Durante la investigación se determinó que la compra de los terrenos fue realizada a través de apoderados y nombres falsos. En 1999 Save comenzó a realizar gestiones para poner a su nombre los terrenos y después de su muerte fueron sus hijos quienes continuaron la tarea: en 2008, a través de varias maniobras irregulares, pudieron escriturar las parcelas.
El juez Roberto Falcone determinó que “el lavado de dinero es un delito permanente” y que “el hecho de que los imputados no hayan conocido el origen ilícito de los bienes, ni la irregularidad de los trámites a partir de los cuales pretendieron dotarlos de una apariencia de licitud, no conduce a la impunidad de su conducta”.
Además, puntualizó que si bien los cuatro hijos no están vinculados al asesinato de Mechoso Méndez lo que hicieron estos últimos 20 años en relación a los terrenos mencionados “contribuye de manera sustancial al proceso de olvido de crímenes de lesa humanidad, a la sustracción de la verdad comunitaria y, en definitiva, a la imposibilidad de asegurar la reparación y no repetición de los crímenes que generaron esos activos”.
Plan Cóndor
Automotres Orletti hoy es uno de los más de 800 sitios de Memoria que tiene Argentina, lugares centrales del genocidio que hubo en nuestro país entre 1975 y 1983. Funcionó como campo de concentración entre mayo y noviembre de 1976, era un antiguo taller de automotores y vivienda familiar de dos plantas. Estaba ubicado en el barrio Floresta, en ciudad de Buenos Aires.
Fue alquilado por agentes de la SIDE y se transformó en la sede principal en Argentina del Plan Cóndor: la tarea de represión ilegal coordinada entre las dictaduras de Latinoamérica en los setenta. Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay intercambiaban información entre ellos y con Argentina para dar con militantes perseguidos y avanzar en su secuestro y desaparición.
El responsable de Automotores Orletti fue Aníbal Gordon. Fue la base de Operaciones Tácticas 18 (OT18), que estuvo bajo control SIDE en colaboración con el Batallón de Inteligencia 601, perteneciente al Primer Cuerpo de Ejército.
Los represores llamaban a este lugar “El Jardín” y mantuvieron secuestradas allí a alrededor de 300 personas de nacionalidad uruguaya, chilena, boliviana, paraguaya, cubana y argentina. La mayoría siguen desaparecidas.
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