Una hora más tarde de lo pautado y con un fuerte operativo policial arrancó en el Centro de Justicia Penal el juicio oral y público contra Ariel Máximo «Guille» Cantero, y un grupo de personas que lo secundan, por una serie de balaceras que ocurrieron en 2018. Los atentados tuvieron como objetivos propiedades vinculadas con funcionarios y edificios judiciales, tras conocerse la condena a la banda de Los Monos y cuando se había definido el traslado de Guille fuera de la provincia. Las víctimas, jueces, camaristas y un policía, tuvieron alguna participación en el proceso seguido al grupo delictivo que terminó en condena. Cuando les pidieron sus datos personales en la mañana de este viernes, Cantero dijo vía Zoom «contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces», entre sus oficios. Opinó sobre sus dichos uno de los fiscales del juicio, Matías Edery, quien dijo que tendrán en cuenta esta declaración a la hora de los alegatos.
El debate pasó a un cuarto intermedio cuando Cantero pidió la palabra en medio de los alegatos, cuando no se permiten intervenciones de terceros, según explicó Edery. Mientras se esperaba en reinicio de la audiencia, el fiscal Edery y su par Miguel Moreno brindaron una conferencia de prensa. Moreno explicó que hay tres acusados: Guille Cantero, Lucía Uberti y su pareja Matías César que enfrentan un pedido de pena de 24 años. Quienes tuvieron participación en distintos hechos y, en el caso de Uberti, además de las balaceras se le atribuye una extorsión y la tenencia de un arma de guerra.
Respecto del delito achacado al grupo explicó que el hecho común es amenazas calificadas por ser anónimas, por utilizar armas de fuego y por tener como objetivo alguna concesión de algún miembro del poder público, daño calificado agravado. En el caso de Daniel Alejandro «Teletubi» Delgado y Leandro «Chulo» Olivera el pedido de pena es de 13 años de prisión efectiva por considerarlos intigadores de tres de las balaceras. En el caso de Damián Chavez, 9 años y 6 meses por ser instigador de uno de esos ataques.
Guille Cantero: «En realidad contrato sicarios para tirar tiros a los jueces judiciales”
«Tenemos relevados 14 ataques, 12 de los cuales están integrados por propiedades de jueces y el poder judicial. Hay un domicilio vinculado con un policía y hay otro domicilio atacado por el cobro de venta de drogas», describió.
Antes del inicio del alegato fiscal de apertura, Guille marcó lo que puede ser el resto del proceso. Le preguntaron cuál era su profesión y contestó: “oficios varios”, y tras hacer una pausa agregó “bueno en realidad contrato sicarios para tirar tiros a los jueces judiciales”.
Más tarde y ante los medios, cuando le preguntaron sobre los dichos de Cantero el fiscal Edery dijo: «Es algo que dijo Cantero voluntariamente, tiene un impacto en nuestra teoría del caso y en algún momento vamos a explotarlo; independientemente de lo que haya dicho acá hablan las pruebas».
Edery contó que esta investigación fue un trabajo muy arduo y muy largo. «Estamos tranquilos; en lo personal venimos a hacer nuestro trabajo, en un marco de un mecanismo de seguridad que sabíamos que iba a ser de esta manera, nosotros vivimos con eso y no podemos tomar otra consideración que hacer nuestro trabajo», definió.
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El fiscal dijo que no toma los dichos de Cantero como una amedrentamiento en forma personal, sino que es una cuestión de descrédito y atentado contra toda la Justicia y las instituciones democráticas. «No es contra mí ni contra nosotros que estamos en esta audiencia, sino contra cualquier persona que integre una autoridad estatal. Nosotros venimos hablando con el Ministerio de Seguridad hace más de un mes. Nosotros en lo personal, los fiscales, los jueces todos tenemos medidas de seguridad que se vienen cumpliendo y desarrollando. Este es un hecho más: recordemos que es el quinto ataque al Centro de Justicia Penal la situación puede ser por esto o por otra cuestión; justo coincide con el juicio», expresó Edery con respecto a la balacera cometida en la noche del miércoles, cuando motociclistas gatillaron siete veces contra el edificio judicial.
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