Una reasignación presupuestaria del gobierno nacional, que recortó fondos a programas contra la violencia de género, despertó críticas entre legisladoras y militantes de Rosario. La medida quitó parte del presupuesto que se destinaba a programas de prevención para transferirlo al pago de adicionales de la Policía Federal. La subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa, dijo estar preocupada por la falta de inversión del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) en las provincias y agregó que desde hace un año y medio Santa Fe no recibe aportes. Desde el Concejo Municipal, Norma López, cuestionó la medida y denunció que en seis meses sólo se ejecutó el 27 por ciento de los 162 millones del presupuesto nacional. La decisión es el segundo golpe de Cambiemos a las políticas de género. En enero de este año el jefe de Gabinete Marcos Peña anunció un primer recorte de 67 millones de pesos que trajo rechazo entre las organizaciones y obligó al gobierno central a dar marcha atrás y devolver la partida.
Inversión nula
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmaron la semana pasada la decisión administrativa de redistribuir el presupuesto del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. El recorte de casi 700 mil pesos afectó al programa de Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer que funciona en todo el país. Según la resolución que figura en el Boletín Oficial, ese monto se transferirá a la Policía Federal para el pago de servicios adicionales.
“Tenemos una gran preocupación porque es escasa o nula la determinación del gobierno nacional en invertir en políticas locales. Hay un diseño de un plan nacional pero no se distribuyeron recursos en nuestra provincia en ninguna política”, cuestionó Gabriela Sosa, y dijo que desde diciembre de 2015 Santa Fe no recibe fondos del Consejo Nacional de Mujeres. El presupuesto que debe girar Nación se acoplaría a las partidas que asigna la provincia en políticas de género.
La subsecretaria recordó que a principios de año hubo un intento de quitar 67 millones de pesos del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). “En este caso el Consejo explicó que no se trata de un recorte porque el monto está destinado a pagar el adicional de la Policía para el cuidado del inmueble y personal que trabaja en la sede del CNM. Pero debería ser el Ministerio de Seguridad quien haga esa inversión”, señaló Sosa y destacó la implementación en la provincia de un plan de igualdad de oportunidades y derechos.
“Desarrollamos distintas políticas junto al Ministerio de Seguridad. Una de ellas es la participación inmediata ante los llamados recibidos al 911 vinculados con situaciones de violencia de género. También invertimos en botones de alarma y en capacitar al personal”, precisó la funcionaria, y advirtió que el presupuesto provincial de este año es de 43 millones de pesos y triplica al de 2016.
“Vamos a financiar áreas de la mujer en municipios y comunas. Queremos promover la creación de espacios específicos para la difusión, defensa y asistencia de derechos de mujeres a nivel local. Esto demuestra una distancia con las definiciones a nivel nacional”, concluyó Sosa.
Vaciamiento
Desde el Concejo Municipal, Norma López criticó fuertemente la medida y denunció un vaciamiento del programa. “Además del recorte, el presupuesto está subejecutado. Sólo se usó un 27 por ciento del total. Macri se tiene que hacer cargo de las muertes y de los padecimientos de nuestras mujeres al interior del país”, dijo la edila del bloque Frente para la Victoria y cuestionó la escasez de políticas de género.
“La única herramienta es la línea telefónica 144. No hay otra a nivel nacional que sea distribuida en forma equitativa entre las organizaciones y las ciudadanas”, dijo López y agregó: “No vemos que haya políticas públicas activas de prevención y protección a las mujeres”.
La concejala también cuestionó el nivel de inversión provincial en género. “No vemos inversión en la implementación de tobilleras o pulseras electrónicas, ni tampoco en casas de protección. El Concejo aprobó un convenio para el uso de pulseras con la provincia, pero no se está aplicando”, añadió López y resaltó la importancia de las organizaciones de mujeres para contrarrestar la falta de políticas.
