El gobierno provincial habría tomado la decisión definitiva de no autorizar el barrio cerrado Estancia Damfield, cuyo principal inversor es el ex futbolista Maxi Rodríguez y sus obras fueron paralizadas hace un mes. El desarrollo, ubicado en la zona de la Represa del Arroyo Ludueña, no habría superado las exigencias de la normativa provincial, que señalaba que construir en ese lugar no estaba permitido por tratarse de un área de preservación inundable al servicio de la Represa.
La información fue publicada por el portal Info Funes y sería oficializada en las próximas semanas. Un informe realizado por el Ministerio de Obras Públicas -de quién depende la Secretaría de Recursos Hídricos- habría sido clave para motivar la decisión de Maximiliano Pullaro.
El gobernador ya había suscripto, junto con todo su gabinete, el decreto que paralizó las obras en Damfield, lo que le dio a la medida respaldo político. Según contó el portal Info Funes, la decisión de que firmen todos los ministros fue para evitar que alguno pueda “hacerse el inocente” con los desarrolladores.
Si bien Estancia Damfield había comenzado las obras sin tener aprobada la evaluación de impacto ambiental y sin haber completado el trámite de factibilidad hídrica y por eso habían sido frenadas, el seno de la discusión pasa por la ubicación del emprendimiento: para el gobierno provincial, los terrenos están dentro de la Reserva San Jorge, una área de preservación de la Represa “Gualberto Venesia” destinada a acumular agua durante épocas de mucha lluvia y así descomprimir el caudal del Arroyo Ludueña, reduciendo el riesgo de inundación de algunos barrios rosarinos.
En cambio, tanto para los inversores como para figuras importantes de la política funense, el predio donde se desarrolla Estancia Damfield está fuera del área de preservación y por lo tanto el barrio cerrado puede construirse allí. El grupo empresario construyó una defensa apalancada en que, durante la gestión de Omar Perotti, el gobierno provincial le otorgó el primer certificado exigido en el marco del trámite de factibilidad hídrica. Además, pidió que se agregue al expediente el estudio hídrico mediante el cual se aprobó Kentucky.
Sin embargo, para el gobierno provincial, ese primer certificado no estuvo bien otorgado y hasta señalan varias irregularidades en el proceso. Por eso, en virtud de lo ordenado por el gobernador Pullaro en el decreto que paralizó las obras, se baraja la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas anule el primer certificado con el que ya cuenta Damfield junto con el rechazo de las autorizaciones en trámite.
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