Cinco efectivos de la Policía de Santa Fe fueron imputados por la presunta instigación a cometer delitos y sedición, en el marco de la investigación del autoacuartelamiento que realizó la fuerza provincial en diciembre pasado para reclamar mejoras salariales. La decisión fue tomada por el fiscal federal Walter Rodríguez. El sexto imputado es el titular de la Asociación Profesional Policial de Santa Fe (Apropol), Alberto Martínez, un ex policía exonerado de la fuerza hace varios años.
Fuentes oficiales confirmaron que el representante del Ministerio Público de Santa Fe, Walter Rodríguez, imputó y pidió la indagatoria del titular de Apropol como instigador, y de cinco efectivos como presuntos autores, en el expediente por la revuelta policial de fines del año pasado.
Además, el magistrado requirió que se les tome declaración indagatoria y que se incorpore al expediente la causa suscripta por las amenazas que recibió en su teléfono celular el gobernador Antonio Bonfatti, ya que entendió que ese hecho “se superpone parcialmente con aquellos sucesos” de diciembre pasado. El fiscal federal fundamentó su decisión asegurando que las pruebas delatan que se trató de un “movimiento sedicioso”. En el documento firmado por Rodríguez se detalla que hubo publicaciones en “espacios virtuales” de Apropol que el fiscal interpretó como una “instigación a cometer delitos”, así como hubo escuchas telefónicas a Martínez.
Escuchas que comprometen
Según esos registros, en los diálogos que tuvo el implicado durante el autoacuartelamiento, el dirigente policial habría advertido que “las comisarías no tienen que laburar, guardias mínimas” y además que “hay que cerrar las comisarías y decretar el paro”.
En otro de los párrafos de la transcripción judicial se lee que Martínez habría sugerido: “Cuando pongan los móviles en la puerta, tienen que estar bloqueando con un cartel que diga: estamos de paro, vení a patrullar vos Bonfatti, vení vos con Berni”.
Descuidar la paz social
Según lo expuesto por el representante del Ministerio Público, “el personal de seguridad utilizó las armas proporcionadas por el Estado con el objeto de mantener el orden público y la paz social en función de los intereses particulares de quienes se involucraron en la protesta ilegal”.
Además, agregó que “esa intervención se ha verificado a partir de un movimiento organizado y medianamente planificado por sus integrantes que, en el caso de los imputados por el delito de sedición, cumplieron el rol de negociadores y coordinadores de acciones ilegítimas”.
Los uniformados imputados junto al dirigente de Apropol son los sargentos Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani; el suboficial principal Oscar Alberto Aguirres y el agente Alejandro Miguel Zamaro.
