Sandra y Oscar Marinucci se conocieron durante un festejo de carnaval en Bombal, una localidad a una hora y media de Rosario. Ella tenía 18 y él 20 años. Ella vivía en Rosario y él en Bigand, donde trabajaba el campo con su familia. Al poco tiempo se casaron y Oscar le enseñó el amor por el campo. Arriba del tractor, Sandra aprendió a transportar el cereal y cuidar del ganado.
Los Marinucci son la tercera generación que trabaja las tierras que les alquilaba Víctor Bigand, el fundador del pueblo. Pero hace 14 años luchan contra los intentos de desalojos de una Fundación, creada después de que murió la última heredera de la familia Bigand. No son los únicos: hay otros 24 agricultores en la misma situación. Después de varias instancias judiciales, los Marinucci esperan que la Corte provincial reabra la causa y les permita quedarse en las tierras donde viven y trabajan. La pelea abre la discusión sobre el modelo rural: uno sustentable y con arraigo, frente a otro concentrado y despersonalizado.
“Luchamos por 78 hectáreas que trabajamos durante 100 años. Es nuestro trabajo, nuestra historia y dignidad”, dijo Sandra Marinucci a El Ciudadano.
Historia
Mercedes Bigand, la última heredera del fundador del pueblo ubicado a una hora de Rosario, murió en 2004. Tenía 95 años y era la menor de tres hermanos. Había heredado unas 3.500 hectáreas de su padre, Víctor Bigand, quien las había alquilado a más de 24 familias para que las trabajaran. Como Mercedes no tenía descendencia, pidió que la herencia pase a manos de una Fundación con fines solidarios. La entidad fue creada un año después de su muerte, pero con varias irregularidades: según denunciaron las familias, el abogado que hizo la sucesión se quedó con 810 hectáreas. Tampoco les permitieron acceder al testamento que establecía la supuesta administración de las tierras por parte de la Fundación, que desde más de una década intenta desalojar a las familias que las trabajaron por casi un siglo.
La Fundación
El consejo de administración de la Fundación Honorio Bigand lo integran cinco personas. Tienen como misión mantener y darle recursos al hogar de ancianos, al hospital, a la escuela primaria, a la capilla San Antonio y a la iglesia de Nuestra Señora de Luján, todas de Bigand. También asistir a personas que lo necesiten, financiar proyectos de interés social y promover programas de cultura y educación. Según figura en la página web, en cinco años, entregaron más de seis millones y medio de pesos en donaciones. Pero la lista de actividades llega hasta 2016. Tampoco figura un domicilio legal ni un número de contacto. Sólo una dirección de correo electrónico.
“No tienen una sede fija. Son todas personas de Buenos Aires, que en teoría eran amigos de la última heredera, pero nadie los conoce en el pueblo. La comuna pidió tener un integrante de Bigand dentro de la administración, pero no lo permitieron. Incluso ocultaron la muerte de Mercedes, de la cual nos enteramos por los avisos fúnebres del diario”, contó Marinucci.
Desde la creación, los integrantes de la Fundación buscan quedarse con los campos trabajados por los chacareros. En 2005 los agricultores descubrieron que una cláusula del testamento prohibía enajenar las tierras por 10 años y les daba prioridad a los trabajadores para adquirir los terrenos. La Fundación tuvo que renovar los contratos pero continuó con las persecuciones, amenazas y embargos hasta echarlos de las tierras. “Algunas familias tuvieron que abandonar la lucha porque es desigual. Ellos tienen mucho poder económico. Nuestros hijos tuvieron que irse del campo por avasallamiento de la fundación. No sólo nos endeudábamos sino que nos quedamos sin el alimento para el ganado”, explicó Marinucci y dijo que después de dos años sin cosechar por los embargos, recién el año pasado volvieron a producir gracias a la ayuda de un vecino.
Chacarera
Sandra Marinucci tiene 56 años y trabaja en el campo donde vive desde los 18. Su jornada empieza a las 6.30 cuando organiza las actividades del día junto con su marido Oscar. A veces, viaja al pueblo a hacer trámites y otras se queda en el campo donde prepara el alimento para los pavos, los cerdos y las gallinas que forman parte del ganado. Al mediodía prepara el almuerzo, limpia la casa y cerca de las 17 vuelve al campo para entrar a los animales.
“Amo ser chacarea. Trabajo a la par de mi marido. Aprendí a cuidar un animal, la tierra de mis plantas, y a cosechar mis alimentos. Como yo, hay muchas mujeres que trabajan el campo y no están visibilizadas”, agregó.
En el campo el matrimonio cultiva trigo, maíz y soja. También cría pavos, chivos, corderos y gallinas. “Todos los animales nacieron en casa y los criamos en libertad. Con las cosechas tratamos de evitar el glifosato. Estuve internada por las fumigaciones de mi vecino y desde entonces intentamos no usar agroquímicos”, contó la mujer.
El reclamo por quedarse en las tierras excede lo individual: representa a una veintena de familias y defiende un modelo de agricultura no centralizado y más sustentable. “Decimos no a la concentración de la tierra. Los campos podrían trabajarlos una persona y llevarse todo el dinero a Buenos Aires. Nosotros queremos defender a los pueblos del interior y el arraigo a la tierra. Luchamos por una agricultura con rostro”, concluyó Marinucci.
Reclamo legal
El juicio que la familia Marinucci enfrenta tiene 12 años y pasó por varias instancias. En una primera instancia, el juez Sergio Verdura, de Cañada de Gómez, falló a favor de frenar el desalojo, en base a la ley provincial 13.666 que estipula que no se podrá expulsar de los campos a quienes viven de la agricultura familiar hasta febrero de 2020. Pero la Fundación apeló y el reclamo cayó en la Cámara de Circuito que lo desestimó. La causa volvió al juez Verdura quien citó a la familia y a los integrantes de la Fundación a una audiencia de conciliación para el 14 de noviembre. En paralelo, los Marinucci presentaron una queja a la Corte provincial para que reabra la causa.
Además, reclaman la aplicación de una ley nacional de Agricultura Familiar, a la que Santa Fe adhirió, que si bien está vigente, nunca fue reglamentada. Declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y crea el Régimen de Reparación Histórica para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina.
La familia cuenta con el apoyo de Federación Agraria, el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, y el Foro Santafesino.
