Por Ayelén Salvi (*)
Mientras se debaten las posibilidades de aumentar las exportaciones para paliar la crisis económica heredada del macrismo, se silencian problemáticas profundas que encuentran como culpables a todos los gobiernos de los últimos 30 años. Cuestiones que, de no modificarse de raíz, garantizarán las crisis cíclicas del capitalismo argentino.
Nuestro país ostenta el aberrante récord mundial de uso de glifosato por persona; cada año se aplican 350 millones de litros. En áreas de uso intensivo de esta sustancia, las innumerables fumigaciones provocan que alrededor de 12 millones de personas consuman anualmente entre 40 y 80 litroskilos cada una. Como si esto fuera poco, dada su concentración en el agua, una anormal incidencia de cáncer acecha a las comunidades linderas y algunos mueren enfermos y reclamando dignamente el respeto por la vida, la salud y el ambiente.
La realidad es que Argentina se ha convertido en un vientre cautivo de soja transgénica, en el que sólo hace falta sol, humus y agua para que ocurra el desarrollo.
Prueba de esto es que el crecimiento de las hectáreas de cultivo osciló entre 20 y 30 millones y, sin embargo, en el mismo período el consumo de agrotóxicos ascendió a más del 1.000%. La Resolución 167/1996 fue el instrumento por el cual se aprobó la producción y comercialización de soja transgénica, tolerante al herbicida, sin ningún cuestionamiento. Felipe Solá, el entonces secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, fue quien impulsó dicha resolución en los 90. Así, nuestro país se convirtió rápidamente en el primero de la región en implementar este modelo de agrotóxicos.
Asimismo, el ingreso del agronegocio no pudo haber sido posible de no ser por la entrega previa de nuestro comercio exterior, y mercado del flete marítimo, a las multinacionales que lo ejercen hasta hoy en día. El decreto 1772/91 desreguló el flete marítimo y, así, se dejó de utilizar buques de bandera nacional para el intercambio comercial, dando lugar a un exponencial crecimiento en el poder de decisión, por parte de las multinacionales, sobre lo que entra y sale del país. Desde ese momento, puertos, aduanas privadas y fletes extranjeros manejan la comercialización nacional. La Resolución 167/1996 de Solá fue posterior y complementaria con el decreto que destruyó nuestra marina mercante, para ceder la actividad del flete a las poderosas graneleras.
Las empresas responsables de los agrotóxicos mantienen una integración vertical, asegurándose cada parte de la cadena de valor de los alimentos, desde la semilla transgénica, el fertilizante, el herbicida, la cosecha, el silo de origen y destino, los puertos, el transporte, la molienda, la distribución y el flete marítimo para exportar la cosecha. Así, absorben a los más de 70 mil productores agrícolas en nuestro territorio, que, obligadamente, se acoplan a su política y reciben el asesino paquete tecnológico que les imponen.
Es importante remarcar que el buque es un eslabón clave, dado que permite la extracción de soja, maíz, algodón y todo tipo de alimentos. Desde las desregulaciones y privatizaciones, las empresas extranjeras gozan de gran libertad e impunidad, como el caso ejemplo de Cargill, que tiene su puerto privado en San Lorenzo y puede embarcar 30 % de la carga de un granelero sin declarar destino. Las multinacionales de los granos, las cinco hermanas (ADM, André, Bunge y Born, Cargill y Dreyfus), concentran su poder en la logística y, así, su voluntad se impone por encima del poder político con llamativa frecuencia.
Por otro lado, el diseño tecnológico de la soja RR o Roundup Ready, resistente al Roundup (herbicida conocido como glifosato) se aplica para eliminar las malezas y, sin embargo, su eficacia se ve reducida con el tiempo debido al desarrollo de tolerancia al producto, por lo que a medida que transcurre el tiempo las dosis deben ir en aumento. Es decir, el modelo del paquete tecnológico que se prometía como una gran innovación, es uno de uso incremental de agrotóxicos que inciden en la salud y en el ambiente. Mientras se exponía a la biotecnología como la solución del hambre en el mundo y a los cultivos transgénicos como el as para erradicar la desnutrición, desde los 80 para acá, nada de eso sucedió. La tecnología y la ciencia no son solución a las peores miserias de la humanidad si se encuentran al servicio del capital. El aumento de la producción en la agricultura no se ve reflejado en la disminución del hambre, ya que los grupos que ejercen el control sobre los alimentos son los dueños de las técnicas y de la logística, por lo tanto, definen su dirección, como Monsanto, Nidera, Cargill, Cosco, entre otras.
Evidencia sobra, sobre los efectos sanitarios del herbicida, como el trabajo de embriología molecular de Andrés Carrasco del Conicet sobre las malformaciones embrionarias, abortos inducidos, el daño al ADN y en el sistema nervioso, junto con el reconocimiento de la OMS de que induce el cáncer, además de distintas publicaciones sobre trastornos gastrointestinales y enfermedades del corazón vinculados al glifosato. ¿Alcanzaría con reglamentar las dosis? ¿Las regulaciones pueden aplacar a las monstruosas multinacionales?
Es imperiosa una determinación tan grande como el problema que hay que enfrentar, es necesaria la nacionalización del comercio exterior para apoderarnos de la logística del flete marítimo que manejan las multinacionales, la administración portuaria y la comercialización de nuestro país, causantes de estos desastres humanos y ambientales.
Hay un conflicto que no puede ser evadido. Transitamos un camino empedrado de desgracias si nos subordinamos a las navieras del comercio exterior y permitimos que decidan qué producir y cómo. El costo es alto; jugar con la vida humana y el resto de las especies no puede salir bien.
De nosotros depende transitar a un futuro de campos diversos sin monocultivos, escuelas rurales sin glifosato, alimentos sin agrotóxicos, y un desarrollo social en equilibrio con el medio ambiente, en un bello esplendor que nunca debe dejar de ser.
(*) Especial para Fundación Pueblos del Sur /
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