El responsable de la Red Argentina de Consumidores, Cristian Galindo, y la titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Valeria Vaccaro, manifestaron ayer posturas contrapuestas sobre el proyecto del gobierno provincial que incluye la idea de que el cobro del servicio de agua potable también dependa de la ubicación de la vivienda del cliente. “Cada uno debe pagar sólo por lo que consume; el agua no es un tributo sino un servicio”, sostuvo el primero, mientras que la segunda dijo estar “de acuerdo con esa modificación, siempre y cuando se tengan en cuenta las características de cada inmueble dentro de cada sector”. Anteayer el gobierno provincial había hecho saber que tiene listo un anteproyecto para modificar el cobro del servicio sanitario en las quince localidades donde la empresa Aguas Santafesinas (Assa) brinda el servicio.
Al respecto, el ministro de Aguas y Servicios Públicos, Antonio Ciancio, anticipó que el viernes próximo presentará en Rosario el proyecto de nuevo marco regulatorio para Assa que en dos meses será enviado para su tratamiento a la Legislatura provincial. Una de las modificaciones esenciales propone la sustitución del actual sistema de tarifa plana por un esquema de sectorización que ya no priorizará las dimensiones del lote o la vivienda del cliente sino su ubicación.
En el proyecto también se diferenciará el uso “comercial” que se haga del agua (por ejemplo, un lavadero de coches) y el precio de la tarifa según el consumo.
Lo cierto es que a la hora de analizar la normativa imaginada hay cuestiones en las que las voces disienten y el debate ya está instalado. Consultado sobre la “zonificación”, Cristian Galindo fue contundente: “No estamos de acuerdo en cobrar una tarifa relacionada con la zona donde habita el usuario. Ya lo planteamos en enero en el Enress y en ese momento surgió el debate”.
Para el titular de la Red Argentina de Consumidores hay “sectores donde hoy el valor de la propiedad es alto y eso no significa que quien allí habita tenga una condición social elevada. Y hay zonas que antes eran marginales y se han cotizado muchísimo, donde vive gente de condición muy humilde”.
“El consumo está asociado a la cantidad de personas que habitan una propiedad y el modo de vida que llevan. Una casa grande en un barrio donde vive una familia entera y tiene una pileta, parque y vehículos va gastar más que alguien que vive solo en un departamento céntrico”, explicó luego. En este último sentido, Galindo sostuvo que en el futuro también pueden darse situaciones inversas a la planteada anteriormente: “Con un jubilado que vive en un departamento del centro y que se fue quedando solo porque los hijos no están y tiene un consumo mínimo el nuevo sistema va a ser injusto”, graficó.
Para el representante de los usuarios “el servicio de agua no es un tributo; no se está midiendo la capacidad contributiva en este caso”. En este sentido, Galindo explicó que con las nuevas modificaciones podrían ser varios los juicios que se planteen contra el Estado ya que, precisamente, se atenta contra la naturaleza jurídica del “servicio”, que en este caso es lo que se presta.
Galindo recordó que la concesionaria anterior, la empresa Aguas Provinciales, tenía obligación de avanzar en la micromedición: “Fue mínima la cantidad (de medidores) que se instaló”, indicó, y consideró que el Estado no aportó demasiado: “Tampoco hubo mucho avance, aunque sí hubo un llamado a licitación pero en proporciones muy reducidas” para adquirir esos instrumentos. Según estimó, Rosario tiene 350 mil cuentas y el proceso licitatorio es por 13 mil medidores.
Por su parte, desde la Unión de Usuarios y Consumidores tuvieron otra mirada. Para Valeria Vaccaro, la titular de esa organización, la clasificación de la ciudad en zonas no le parece algo discutible, aunque aclaró que igualmente debe tenerse en cuenta las características de cada vivienda.
“Particularmente coincido en que se segmente la tarifa de acuerdo al sector donde viva el usuario, aunque me parece lógico que eso suceda siempre y cuando se tenga la característica de cada inmueble. Me refiero a las cuestiones edilicias”, sostuvo la titular de la organización, para luego ofrecer un ejemplo concreto: “No es lo mismo Fisherton de Córdoba hacia el sur que hacia el norte. Lo mismo sucede en Alberdi. Allí la realidad es distinta de Rondeau hacia el este o el oeste”.
Vaccaro relató luego que la semana pasada mantuvo reuniones con dirigentes de Assa y que desde la empresa le garantizaron que esa diferenciación será tenida en cuenta.
La opinión de las dos organizaciones no es menor. Ambas son las únicas en la ciudad con personería jurídica, vienen manteniendo reuniones con funcionarios de la firma estatal de servicios públicos y con el directorio del Enress de manera constante y tendrán una participación primordial en las audiencias públicas que se llevarán acabo los primeros días de marzo en la ciudad de Santa Fe y en Rosario.
Las nuevas modificaciones llegan luego de que la semana pasada se conoció públicamente la propuesta que Cianciera le elevó al Ente Regulador del Servicio Sanitario para readecuar la tarifa con un 87 por ciento de suba en forma gradual y progresiva a lo largo de un año. Además, tanto el gobierno provincial, el Enress y la misma Assa reconocieron que la empresa de servicios públicos arrastra un desfase en la tarifa del 129 por ciento.
