El fiscal federal de Rosario Claudio Kishimoto pidió que sean citados a indagatoria los directivos de Aguas Santafesinas SA (Assa) por el presunto delito de infracción a la ley de Residuos Peligrosos. La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná a partir de la cual se realizaron peritajes oficiales que arrojaron resultados escandalosos: que la firma vuelca alrededor de 350 millones de litros de efluentes cloacales por día al río Paraná “sin tratamiento” previo, pese a que hay una ley nacional vigente desde 1891 que lo prohíbe expresamente por el nivel de contaminación ambiental que pone en riesgo la salud pública.
En el pedido de indagatoria que deberá resolver el juez federal Carlos Vera Barros, el fiscal Kishimoto acompaña los resultados de distintos estudios oficiales realizados en la zona donde está ubicada la planta de Recepción Emisario Sur (Ayolas y Circunvalación) que indican que los camiones atmosféricos descargan un volumen aproximado de 350.000.000 de litros diarios de efluentes cloacales y otros “en forma deficiente y sin tratamiento”, contaminando el curso del río Paraná de un modo “peligroso para la salud, el suelo y el agua”.
Los peritajes de “corroboración” fueron realizados sobre muestras extraídas de suelo, agua y sedimentos del sector involucrado por la División de Medio Ambiente de la Policía Federal y la Prefectura Naval entre septiembre de 2018 y octubre de 2021, y evidenciaron que el sector peritado “se encuentra contaminado con un claro escenario de riesgo ambiental”.
Fabián Maggi, uno de los abogados querellantes que integra la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, dijo a El Ciudadano que mediante los análisis de laboratorio se pudo establecer que las muestras estaban “altamente contaminadas con la bacteria escherichia coli (considerada un residuo peligroso por ser un organismo infeccioso) en un nivel escandaloso”. Y agregó que, para su sorpresa, los estudios también detectaron la presencia de metales pesados, como níquel, por encima de los parámetros legales, “lo que evidencia que además de efluentes cloacales estarían volcando efluentes industriales”.
Leyes viejas, Justicia lenta
“Nuestro reclamo es que el Poder Judicial actúe con mayor agilidad, con la celeridad que la causa amerita, porque son casos graves de contaminación”, dijo Maggi tras remarcar que si algo se repite en las distintas presentaciones judiciales es la demora prolongada para resolver cuestiones urgentes.
“Tenemos investigaciones penales en curso con las mismas características que las de Aguas Santafesinas que llevan más de 10 años en la etapa de instrucción y sin ningún resultado positivo en el avance, pese a que hay pruebas contundentes de contaminación”, lamentó.
“Esto refleja que el problema de la crisis ambiental, de la degradación ambiental, no es la falta de leyes sino la aplicación eficaz por parte de los jueces”, reclamó.
Otro factor que complica la cuestión, según el ambientalista, es que “este tipo de acciones sólo se motorizan cuando los ciudadanos se ponen al hombro el conflicto y presentan denuncias ante el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal, cuando en realidad, por la gravedad de los hechos, deberían actuar de oficio”.
En relación a la denuncia contra Aguas Santafesinas SA, Maggi resaltó que se trata de una firma con participación accionaria tanto de Santa Fe como de distintas ciudades de la provincia, y de los mismos trabajadores, a través del Programa de Propiedad Participada: “Esto significa que no es una Sociedad Anónima netamente privada sino que interviene el Estado provincial, que además tiene a su cargo las responsabilidades de los controles por otras competencias estatales, como los ministerios de Infraestructura y de Ambiente.
Los resultados de los análisis demuestran que la firma vuelca 350 millones de litros diarios de efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento pese a que existe una ley del año 1891 que lo prohíbe expresamente, dijo el abogado, para agregar que las consecuencias son «un impacto enorme en el ambiente en general, porque degradan la calidad ambiental, y en la salud pública en particular, sobre todo para las poblaciones vulnerables que viven a la orilla del río, las comunidades de pescadores y los asentamientos irregulares.
La causa queda ahora en manos del juez federal Carlos Vera Barros, quien deberá atender el pedido de indagatoria solicitado por la Fiscalía para cinco directores y un gerente general de la compañía de servicios públicos Aguas Santafesinas SA.
