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Ahora, Colombia: cientos de miles en las calles contra el gobierno de Duke

El paro del jueves último fue el más extendido en cuatro décadas. Como en otros países de la región, se condensan reclamos diversos. En Bogotá, las consignas fueron el rechazo a las reformas neoliberales y el pedido de profundizar el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc

Cientos de miles de personas tomaron las calles de Bogotá y otras ciudades colombianas con un abanico de reclamos heterogéneos que recuerdan a los chilenos, y un paro general, el jueves, de una magnitud que el país no recordaba desde hacía 42 años. Las protestas hasta entonces abundantes, pero dispersas, se aglutinaron en el espacio público y tuvieron como foco la figura del presidente, Iván Duke, quien este viernes decretó el toque de queda para la capital y ordenó a los militares patrullar sus calles junto a la Policía.

Las autoridades locales de Bogotá informaron sobre algunos actos vandálicos en la capital, que afectaron –dijeron– a 76 estaciones de servicio, 79 colectivos del servicio de transporte conocido como Transmilenio y varios supermercados. «Esta no es una marcha democrática. Aquí lo que tenemos es una minoría de delincuentes que destruye los bienes», juzgó en conferencia de prensa el alcalde, Enrique Peñalosa. Otra similitud con las primeras declaraciones oficiales sobre las masivas protestas en Chile, por boca del presidente Sebastián Piñera, quien después tuvo que reconocer el extendido descontento social.

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó que tres manifestantes murieron el jueves y que hubo 273 heridos en las protestas. «Las autoridades han confirmado la muerte de dos personas en Buenaventura, en medio de los disturbios, y una más en Candelaria, ambos en los departamentos del Valle del Cauca», dijo el funcionario en conferencia de prensa. El recuento oficial apunta que, entre los heridos, hay «148 militares, 122 civiles y tres policías».

Trujillo agregó que las dos muertes en Buenaventura fueron durante un «intento de saqueo» a un centro comercial, por la noche.

El mayor paro en cuatro décadas

El llamado 21-N de Colombia es, para algunos analistas, la condensación de numerosas movilizaciones alimentadas por descontentos variados que llevan años y, ahora, abandonan su matriz fragmentaria para confluir , mayormente, en los territorios urbanos.

La masiva huelga del jueves estuvo inicialmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas de pensiones, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) sellado en 2016. La figura puesta enfrente es la de Duke, un aliado del expresidente de derecha Álvaro Uribe que intentó, sin carisma, presentar una imagen moderada de centro que terminó por atraer el rechazo de un amplio abanico ideológico.

«Esta salida (al paro) de tanta gente no organizada en todo el país, que busca una política social más clara y un cumplimiento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en Colombia», evaluó el historiador y columnista Jorge Orlando Melo.

 

Presupuesto, reformas, educación, paz, indígenas: demandas que confluyen

Decenas de miles de personas colmaron la Plaza de Bolívar en Bogotá, el centro del poder político y judicial de Colombia. «El gobierno no invierte en la educación por temor a la emancipación» y «Más salarios, menos impuestos» eran parte de las consignas que portaban los manifestantes.

A los convocados por los gremios –la tasa de sindicalización en el país es una de las más bajas de la región– se sumaron visiblemente los estudiantes, que sumaron demandas específicas como un mayor presupuesto educativo, el rechazo a la brutalidad policial en las protestas, en especial dirigidas al Escuadrón Antidisturbios, y por el combate a la corrupción en varias universidades.

Los manifestantes también reclamaron medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se cuentan por decenas.

Colombia se sumó así a la ola de puesta en las calles de un cúmulo de demandas sociales extendido en la región, que contiene, con sus particularidades, a Chile, Ecuador y Bolivia, tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales.

Cacerolazos, también


Al caer la noche, con el toque de queda y ya desmovilizadas las concentraciones del jueves, apareció en la capital colombiana la forma de protesta que se inició en la Argentina: en varios sectores de la ciudad comenzó a escucharse el ruido de cacerolas. Desde balcones y ventanas, vecinos se unieron al repique como manera de prolongar la protesta desde sus hogares. También hubo grupos que batían los parches metálicos caminando por las calles. El cacerolazo llegó hasta ciudad de México, donde un pequeño contingente de colombianos también se hizo oír de esa forma.

Las reacciones oficiales: vandalismos, chavismo y otras yerbas

Las reacciones de los Ejecutivos también parecen similares. El gobierno del derechista partido Centro Democrático de Colombia militarizó regiones, acuarteló al Ejército y hasta llegó a cerrar parte de las fronteras. También habilitó facultades extraordinarias a los gobiernos locales para «mantener el orden», lo que derivó en allanamientos, detenciones y muertes. También, como ocurrió en el resto de las naciones convulsionadas, la coalición de gobierno y los medios de comunicación afines denunciaron una supuesta injerencia de «gobiernos chavistas». Esto es, principalmente, Venezuela y Cuba.

A la par de acusar vandalismo y presuntas interferencias externas, y militarizar el país, el presidente Duke dio el viernes una conferencia de prensa en la que intentó calmar los enojos. Repitió que «el gobierno cree en el diálogo social» y dijo que la próxima semana impulsará una «conversación nacional que fortalezca la agenda vigente de políticas sociales». Habló también de «cerrar las brechas sociales», «luchar contra la corrupción con más efectividad» y «construir una paz con legalidad».

 

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