Representantes de las industrias plásticas nacionales y santafesinas y titulares de fábricas del sector de los polímeros salieron en las últimas horas a presionar para que el Concejo Municipal no avance con ninguno de los proyectos que se están debatiendo para reemplazar las clásicas bolsas de polietileno (que se entregan desde hace años en los supermercados) por otro tipo de mecanismo. Desde el sector señalan que si a los comercios se les prohibiera la entrega de ese material se perderían puestos de trabajo.
El lobby de los privados se sintió con fuerza hace algunas horas en los pasillos del Concejo. Hasta allí llegaron representantes de las cámaras santafesina y argentina de la Industria Plástica y de las firmas Ecoplas, Impla y Polinoa. Los enviados presentaron en la comisión de Servicios Públicos del Concejo un informe para defender la continuidad de la entrega de bolsas plásticas en supermercados, ante la amenaza que supone para ellos el posible avance de algunas iniciativas para reemplazarlas que están en estudio en el Palacio Vasallo.
Sergio Hilbrecht, subgerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, apeló directamente a los números para graficar su postura. “Actualmente hay 3 mil empresas plásticas en todo el país dentro de la industria y el 95 por ciento son pymes. Esto representa el 10 por ciento del PBI industrial, por lo que esta prohibición dejaría vacante a varios trabajadores. Para colmo, el reemplazo de las bolsas tradicionales no solucionaría la mala conducta ciudadana de no disponer los residuos en lugares dispuestos”, señaló el empresario.
En concreto, los empresarios señalaron que el sector emplea en forma directa a 40.000 personas e, indirectamente, a 200.000 en todo el país. En Santa Fe, en tanto, son 3.000 los ocupados por este tipo de industria.
Lo que sucede en otros sitios
Los privados también utilizaron ejemplos de lo que acontece a nivel mundial para defender su postura.
Mario Tonelli, gerente de la firma Ecoplas, dijo que al comparar las bolsas plásticas con las de papel, estudios realizados en EEUU y Chile lograron determinar que el impacto ambiental de las primeras es mucho menor. “La ventaja a favor del plástico tiene que ver con que es más liviano, tiene mayor fuerza mecánica y permite hacer productos con alta resistencia. Además la bolsa pesa 11 gramos, no se degrada y por lo tanto no pierde el elemento de origen, a la vez que ahorra materia prima”, sostuvo.
Tras eso el empresario desmintió que el uso de la bolsa plástica no esté autorizado en varios países (argumento que suele utilizarse por quienes las rechazan) y apuntó a lo que acontece en Irlanda. “Allí sólo se le aplicó una tasa que provocó como resultante una reducción al consumo”, indicó.
En tanto, el industrial también refirió a la prohibición que rige en la provincia de Mendoza. Dijo que allí “se encontró una tercera alternativa; la utilización de una bolsa degradable”.
Sobre el final de la reunión, Tonelli también dijo que “carece de fundamentos científicos y técnicos la aseveración de que el polietileno sea cancerígeno”. “La materia prima está aprobada para su utilización en alimentos por organismos nacionales e internacionales”, sostuvo.
“Además –agregó– la elaboración de una bolsa de papel implica el consumo de 17 veces más de agua que una bolsa de polietileno”.
Los ediles
Los representantes del sector plástico dejaron su informe tras el paso por el Palacio Vasallo, el cual será analizado ahora por los ediles. Allí, desde hace tiempo el Concejo viene estudiando una ordenanza que reemplace las bolsas plásticas por otras consideradas más ecológicas. Una de las últimas propuestas fue ingresada por el presidente del cuerpo, Miguel Zamarini, y contempla que los supermercados y almacenes entreguen cajas o bolsas de cartón, papel o (según se indica en el texto) “cualquier material no contaminante” sin costo para que sus clientes puedan llevar la mercadería.
La propuesta ya tiene el aval de los concejales María Eugenia Schmuck, Carlos Cossia, Martín Rosúa, María Fernanda Gigliani, Aldo Pedro Poy ya varias agrupaciones ecologistas de la ciudad
El proyecto también contempla la incorporación en el Código Municipal de Faltas de un artículo que establece sanciones a quienes no cumplan. Las multas van de 2.500 a 10.000 pesos y también se pide la clausura en caso de reincidencia.
