El fiscal general Jorge Auat afirmó ayer que el procesamiento del presidente del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y de su ex gerente, Alberto Lemos, “refleja un giro sustancial en el accionar judicial a partir de la designación del juez Fernando Poviña” en las causas por violaciones a los derechos humanos. Por su parte, la abogada querellante en la causa “Luis Aredez y otros”, María José Castillo, opinó ayer que “se empieza a desentrañar el vínculo entre el poder civil y el militar”, al dilucidar que el empresario y el alto ejecutivo de la empresa durante el comienzo de la dictadura están vinculados con la causa popularmente conocida como la “Noche del Apagón”.
“El procesamiento es una parte de una etapa procesal más, pero en este caso abona nuestro reclamo sobre la responsabilidad de un juez que entorpecía el avance de los juicios”, señaló el titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.
En diálogo con Télam, el jefe de los fiscales recordó los reclamos efectuados por la Unidad ante el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia que determinaron la renuncia del juez federal al frente de las causas, Carlos Olivera Pastor, y la designación en su lugar del actual magistrado.
Y agregó que el procesamiento de Blaquier como partícipe primario por el delito de privación ilegal de la libertad, en 29 casos y de Lemos, como partícipe secundario, “marca cuánto falta por hacer en una causa que está en una etapa embrionaria”, por lo que exhortó al “sistema judicial en general a que se entienda el reclamo y actúe en consecuencia”.
Los delitos que investiga el juez Poviña incluyen la privación ilegítima de la libertad del ex intendente Luis Aredez, en el marco de lo que se conoce como “La noche del Apagón”.
El magistrado ordenó además que se embargue al acusado Blaquier por la suma de 11 millones de pesos y a Lemos le impuso embargo por cinco millones y medio de pesos.
En las resoluciones, el magistrado también mantuvo la libertad provisional de los acusados y les prohibió la salida del país.
Por su parte, la querella celebró la resolución adoptada por el juez Poviña pero: “Siempre esperamos más y vamos a apelar la decisión sobre la libertad provisional”. María José Castillo dijo además que “había pruebas suficientes, pero el juez, frente al poder económico, se tomó más tiempo”.
Señaló también que “se encuentra acreditado en grado de probabilidad en la etapa procesal que Blaquier habría participado de un modo directo en las detenciones de Luis Aredez, Omar Claudio Gaínza y Carlos Alberto Melian”.
Castillo aseguró también que según las declaraciones de testigos y víctimas, quedó acreditada la utilización para las detenciones de camionetas de la empresa Ledesma en la Noche del Apagón, entre el 20 y 27 de julio de 1976, pero además revelaron que la empresa habría entregado a las fuerzas represoras la lista de personas que según sus intereses debían ser detenidas.
El magistrado entendió que los acusados facilitaron camionetas de la empresa para que los secuestrados fueran trasladados a dependencias policiales y al centro clandestino de detención de Guerrero. Ese operativo ilegal, que tuvo lugar las noches del 20 al 27 de julio de 1976, en un hecho conocido como “El Apagón”, terminó con los secuestros de vecinos y referentes sindicales. El juez consideró que Blaquier dio la orden a Lemos para que facilitara los vehículos utilizados.
