Por Claudio Mardones / Diario Tiempo Argentino
El aislamiento social obligatorio que dispuso este jueves el gobierno tiene una escala de posibilidades y acciones progresivas para hacerlo cumplir en todo el país: arranca con concientizar para convencer y persuadir para contener a la población. Pero si ambas instancias no demuestran su eficacia durante el fin de semana largo, el aparato de seguridad del Estado profundizará su tercera fase de acción: disuadir, y detener a quienes violen el aislamiento. Si esas medidas no alcanzan para garantizar el corte total de la cadena de contagio del nuevo coronavirus, el presidente Alberto Fernández y el Congreso podrían hacer uso de las atribuciones que les confiere la Constitución Nacional en los artículos 23, 75 y 99 para declarar el estado de sitio que suspende la libre circulación y las garantías previstas por la Carta Magna.
La medida está en estudio hace tres semanas por el Ejecutivo y el miércoles, cuando termine el fin de semana largo, será reconsiderada. En la Casa Rosada confiaron a Tiempo que las señales de alarma se encendieron a principios de este mes, cuando la pandemia comenzó a desbordar las capacidades sanitarias de Italia y España, que no pudieron frenar la curva de contagios exponenciales y el colapso de sus sistemas de salud. La carrera contra el tiempo ya comenzó en Argentina y este sábado la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se encargó de confirmar que el estado de sitio está dentro de las medidas que podrían aplicar.
«Está como posibilidad, se analizó, pero el gobierno no cree que sea necesario, pero va a depender del cumplimiento que tengamos todos», confió la funcionaria en declaraciones radiales. «Es una medida extrema a la cual estamos evitando llegar, pero nuestra Constitución no tiene otra medida de este tipo. No lo descartamos, pero el presidente tiene una claridad increíble y una capacidad para conducir el proceso. Él baraja las medidas y apela a la conciencia y la responsabilidad de los ciudadanos para que se piensen como un todo», detalló la ministra, que desde esta semana encabeza el Comando Unificado de Seguridad, compuesto por su tres secretarios, los jefes de las cuatro fuerzas federales, el titular de la Policía de la Ciudad y un general del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La inédita utilización de recursos penales a nivel federal para garantizar el aislamiento social de la población frente a la emergencia sanitaria fue resuelta por Fernández, luego de la reunión que mantuvo con todos los gobernadores. Como contó La Nación, algunos mandatarios, como el santiagueño Gerardo Zamora, pidieron la aplicación anticipada del estado de sitio, aunque el escenario de mayor desconcierto surgiócuando provincias como Mendoza, Jujuy y Santa Fe resolvieron cerrar sus límites y buscaron forzar la medida nacional. Esas decisiones llegaron a siete provincias y generaron malestar en la Casa Rosada y también en el Congreso.
Por esa razón, el radical Mario Negri, jefe del Interbloque de Cambiemos, dijo que el presidente era «el comandante» ante la crisis, para mostrar unidad política y respaldo al aislamiento total. El escarceo duró poco, pero tiene dos antecedentes dramáticos que no pasaron inadvertidos para Balcarce 50. Se originaron en Brasil y Estados Unidos, donde distintos gobernadores de distritos muy afectados resolvieron aplicar medidas drásticas de cuarentena que las administraciones federales todavía no quieren utilizar a pesar del crecimiento exponencial de contagios. Esa descoordinación en el extranjero aportó el temor suficiente para que la escena no se repitiera en territorio criollo, aunque también aceleró la adopción urgente del aislamiento argentino antes de que la incertidumbre se disparara en comercios, supermercados, transportes y centros de salud. Esas variables fueron silenciosamente monitoreadas por el aparato de Seguridad, que ya está en estado de total movilización para la emergencia.
El dispositivo unificado de seguridad que armó el presidente tiene una pata castrense, cuya importancia es mucho mayor a la conocida. Su presencia sólo es advertida en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense por los helicópteros de las fuerzas armadas que controlan el espacio aéreo y hacen sentir su presencia. Pero se dedican a monitorear visualmente el cumplimiento del aislamiento y la ausencia de aglomeraciones de personas en arterias principales y barrios populosos. Si detectan algún movimiento, lo reportan a la mesa conjunta para que actúen las fuerzas policiales sin violar la Ley de Seguridad Interior. Se trata de una de las medidas visibles del “Plan Operativo de Preparación y Respuesta al Covid-19” que dispuso esta semana el Estado Mayor Conjunto para orientar todo el personal militar y su aparato de sanidad para atender la crisis. A nivel federal será aplicado por los 14 Comandos Conjuntos de Zona de Emergencia de las Fuerzas Armadas que asistirán a las provincias en materia de seguridad y salud.
En la Provincia de Buenos Aires uno de sus epicentros estará ubicado en Campo de Mayo, con la instalación de hospitales de campaña, pero sus 135 distritos estarán en manos de tres comandos unificados. La zona más caliente es el conurbano, donde “el Instrumento Militar de la Nación dispondrá, a orden, de elementos organizados, equipados e instruidos para realizar tareas de apoyo a la comunidad y ayuda humanitaria a fin de contribuir a los esfuerzos de contención y mitigación del Covid-19”. Según la directiva, «el Instrumento Militar de la Defensa Nacional será empleado en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la república Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes” y de acuerdo a la Ley de Defensa puede intervenir para “evitar, anular o disminuir los efectos que la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier otro desastre de otro origen puedan provocar sobre la población y sus bienes”.
Su función en el área metropolitana será de asistencia, contención, aplicación de testeos y todas las misiones que pueda realizar para que las fuerzas federales y policiales puedan disuadir situaciones de conflicto vinculadas con el aislamiento. Una de esas variables es la económica, porque si el aislamiento se extiende, su impacto negativo podría originar situaciones de malestar que también serán evaluadas, en un escenario donde el gobierno exhibe encuestas con un 70% de apoyo a las decisiones adoptadas. No obstante, el éxito de su vigencia dependerá del paquete de medidas económicas que implemente el Ejecutivo en las próximas semanas.
