La concejala Susana Rueda solicitó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad por las situaciones de violencia policial que se registran en los barrios más pobres de Rosario. Rueda recorrió en estos días distintas zonas de la ciudad y se puso en contacto con organizaciones sociales, desde donde se mostraron preocupados ante la reiteración de detenciones arbitrarias y cada vez más violentas que se viven todos los días. “Hay chicos a los que los obligan a salir de sus casas para, una vez afuera, detenerlos por violar el aislamiento”, explicó la legisladora, quien relaciona estas prácticas con la forma en que el Ministerio de Seguridad muestra el éxito de la medida a partir de las detenciones que realiza diariamente. “Esto hace que la gente pierda la percepción de sus derechos humanos, que la violencia pase a ser norma y que el abuso policial se profundice”, consideró.
¿Es lo mismo vivir en el centro o en barrios de clase media que en los sectores más postergados de la ciudad? ¿Es lo mismo atravesar el aislamiento social preventivo y obligatorio con la posibilidad económica de llenar la heladera de una sola vez, o tener que solventar la necesidad básica del alimento en el día a día? ¿Se circula con la misma libertad, pese a las restricciones, en toda la ciudad? ¿Las fuerzas de seguridad se manejan del mismo modo ante las prohibiciones de circulación con todos los sectores sociales?
La presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal contó a <El Ciudadano> que desde hace unos días –cuando se permitió desde el Estado la circulación a legisladores- comenzó a recorrer algunos barrios con el objetivo de dar cuenta, a través de las organizaciones sociales, de si estaban solventadas las necesidades alimentarias en todos los sectores. “La emergencia alimentaria es anterior al aislamiento, y en esta situación se agrava”, dijo.
Pero el mensaje que recibió de esas instituciones fue de preocupación por las situaciones de violencia policial que se viven diariamente en los barrios más pobres. Rueda prefirió no hacer referencia a casos puntuales para evitar que las personas que fueron víctimas de abuso policial queden expuestas a potenciales represalias. Sin embargo contó, sin detenerse en los protagonistas, situaciones que se repiten en los sectores más pobres de la ciudad.
“Estamos viendo cómo podemos hacer las denuncias sin que las personas queden expuestas”, dijo la edila, y puntualizó que luego de mantener una comunicación telefónica con la titular del Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe, Jaquelina Balangione, puede decir que los barrios que hoy están más complicados son Las Flores y el Toba.
Por el momento, la concejala encaminó un pedido al Ejecutivo Municipal para que pida que el Ministerio de Seguridad de Santa Fe explique cuál es su protocolo de actuación en las detenciones por incumplimiento del DNU 297/2020 de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”; la cantidad de detenciones diferenciando los distintos sectores de la ciudad, si se realizan o no controles por parte de Asuntos Internos a los fines de detectar y prevenir las violaciones a derechos y garantías constitucionales y cuáles son los controles sanitarios para evitar la propagación del Covid-19.
“Se están viviendo muchas situaciones de abuso policial que se repiten. Hay personas que son detenidas cuando salen a hacer los mandados, los paran con las bolsas, les tiran la mercadería a los contenedores y se los llevan detenidos. Esto, en el marco de la emergencia alimentaria que se vive en el país incluso desde antes de la pandemia, es muy grave. También se dieron casos de chicos del programa Nueva Oportunidad que iban o venían del cajero automático para cobrar los 2 mil pesos que les pagan y que la Policía intentó retenerles el dinero, los tiraron al piso y quisieron detenerlos. No ocurrió porque salieron los vecinos gritando para frenar la situación”, detalló.
A los detenidos, los tienen en las comisaría por hasta ocho horas corridas, que es el máximo habilitado por la ley en esta situación. “Y en esas detenciones están sentados en un banco y en condiciones que no respetan las medidas sanitarias de distanciamiento social” dispuestas por el gobierno nacional. De hecho, el defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, dio cuenta de una situación de este tipo a fines de marzo en la comisaría 32°, en donde hubo 29 personas hacinadas por más del tiempo reglamentario, 18 de las cuales habían sido llevadas a dependencia policial por no haber cumplido con el aislamiento social. Tras notificarse de la situación, el defensor cursó un habeas corpus.
“Hay chicos que incluso están dentro de sus casas y los hacen salir, los golpean, los tiran al piso, los esposan y les dicen que estaban afuera y que por eso los tienen que detener”, detalló Rueda.
La concejala remarcó que las detenciones irregulares ocurrían antes de las medidas de aislamiento social, pero “no en esta cantidad y profundidad. Que la policía esté habilitada para detener gente en la calle es muy complicado. Ya sabemos que en estos casos los más vulnerables son los sectores más pobres”. Incluso, en más de una oportunidad se les retuvo ilegalmente el DNI a los detenidos, explicó.
“En los barrios más pobres la realidad es muy distinta a la de los sectores de clase media. Las casas son más chicas y vive mucha más gente, la plata no les alcanza para hacer una compra grande y se tienen que desplazar más seguido para hacer mandados o acercarse a los comedores a buscar comida. Tienen que moverse más por necesidad, para garantizar la superviviencia. Y, además, se encuentran con la violencia policial. Porque en esos barrios es donde hay más abusos”.
Para Rueda existe un vínculo directo entre el modo en que se comunican las detenciones por violar el aislamiento y los abusos policiales. “Todos los días vemos que el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, en su cuenta de Twitter, publica las cifras de las detenciones policiales. Esta mañana en Rosario eran 88. El mensaje que se da con esto a los policías es que sientan que están haciendo mejor su trabajo cuanto más gente detienen. Pero en esta emergencia sanitaria eso es exactamente al revés. Se empodera a la policía y se los habilita para que ocurran situaciones de este tipo”. Así, consideró la concejala, “la gente de los barrios siente que no tiene más remedio, pierde la percepción de su derecho humano, la violencia pasa a ser norma y el abuso policial se profundiza”, consideró Rueda.
