Los ambientalistas argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi junto con los otros 28 activistas de Greenpeace procesados en Rusia por protestar contra una plataforma petrolera en el Ártico fueron amnistiados ayer por el Parlamento ruso.
La Cámara baja del Parlamento, denominada Duma, aprobó en forma definitiva el proyecto de amnistía presentado por el presidente Vladimir Putin, que beneficiará a unas 25.000 personas entre presos y encausados, incluidos los activistas de Greenpeace, algo que desde la propia ONG habían puesto en duda, y quedó resuelto con una enmienda introducida en el texto.
El proyecto de ley fue votado en tercera y última lectura por los 446 diputados, es decir, por unanimidad.
El texto final prevé la amnistía para “los condenados por delitos con menos de 5 años de reclusión” y para “los imputados de delitos menores en espera de juicio, incluidos los de vandalismo y las madres de hijos menores”. Las autoridades tienen ahora seis meses de plazo para aplicarla.
“Estoy contenta de poder volver a casa, pero no estaré feliz del todo hasta que podamos asegurar la protección del Ártico”, dijo Camila Speziale en San Petersburgo, al conocer el resultado de la votación, según informó en Buenos Aires Greenpeace Argentina.
Por su parte, Pérez Orsi señaló en comunicación telefónica: “Estamos un paso más cerca de la justicia y muy aliviado porque pronto estaré en casa”.
El activista manifestó: “Estoy muy agradecido por el apoyo de la gente de mi querido país la Argentina, de mi familia y amigos que me han contenido a la distancia y que no sé como devolverles todo lo que hicieron”.
“Cuando llegue a la Argentina me gustaría darle un fuerte abrazo al senador Daniel Filmus, quien en todo momento estuvo atento a lo que iba sucediendo, y a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitarla por los funcionarios que se han movilizado para que esto se resuelva”, enfatizó.
Mientras tanto, el destino del barco de la protesta, el Arctic Sunrise, actualmente embargado en Murmansk, sigue siendo incierto a pesar de la orden dictada por un tribunal internacional, a raíz de una demanda presentada por el gobierno holandés para que deje de estar retenido.