Miguel Croceri (*)
Hace 30 años, la Argentina estaba sufriendo su segunda hiperinflación en menos de un semestre. La primera había tenido lugar a mediados de 1989, cuando los poderes empresariales habitualmente denominados “mercados” atacaron con un golpe económico al gobierno de Raúl Alfonsín, y éste debió dejar el poder cinco meses antes del plazo constitucional de su mandato. La segunda ocurrió en diciembre de ese año, cuando el presidente de la Nación era Carlos Menem, quien precisamente había asumido en julio.
A diferencia de aquel Año Nuevo de tres décadas atrás, cuando había titulares periodísticos que anunciaban “dolarización de la economía”, “aumento del 50% en las naftas” y “notable remarcación de precios”, en alrededor de 20 días en funciones el flamante gobierno de Alberto Fernández, habiendo heredado un país devastado, encara medidas en beneficio de la mayoría de la población. Por ejemplo:
Paga un adicional de emergencia para jubilados/as que cobran el haber mínimo (un bono de 5.000 pesos en diciembre y otro igual al finalizar enero);
Puso en marcha de forma experimental en algunas ciudades un urgente e indispensable plan contra el hambre;
Negoció con los laboratorios una reducción del 8 por ciento en el precio de los medicamentos.
Congeló por seis meses las tarifas de los servicios públicos esenciales (agua, electricidad, gas), y encara una política –una epopeya dificilísima, por la ferocidad de los intereses empresariales que deberá enfrentar– de frenar el desastre de facturas impagables que dejó el macrismo y en cambio des-dolarizar dichas tarifas
Congeló el precio de los boletos de transporte de pasajeros en Buenos Aires y el conurbano, mientras el Ministerio de Transporte negocia con las provincias y ciudades de todo el país para que hagan lo mismo.
Alberto, Axel, Cristina
El presidente Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, están al frente de los dos lugares de poder democrático más importantes de la Argentina. Ellos dos tienen la misión histórica de ponerse al hombro la reconstrucción de un país devastado en sus estructuras productivas, azotado por la imposibilidad de que una parte considerable de la población puede acceder a bienes y derechos esenciales (como la alimentación y el trabajo), con una deuda externa impagable y un Estado de derecho arrasado por la corrupción judicial y las mafias de los servicios de espionaje.
La responsabilidad –y el poder potencial– del mandatario bonaerense se expresan por ejemplo en que su distrito alberga a poco menos que el 40 por ciento de la población del país (en el territorio provincial son unos 16 millones de habitantes, cerca del 38 por ciento del total nacional, tomando cifras que proyectan datos del censo 2010; el miércoles 28 de octubre de 2020 se realizará un nuevo censo).
Como provincia (o “departamento” o “estado”, según se denomina en distintos países) tiene por ejemplo el segundo sistema educativo más grande de América latina, tomando para comparar a la cantidad de alumnas/os y docentes. Sólo superado por el estado de San Pablo, en Brasil.
Además del presidente de la República y del gobernador de Buenos Aires, la etapa política iniciada el pasado 10 de diciembre tiene otra protagonista indispensable: Cristina Fernández de Kirchner. Vicepresidenta de la Nación, antes dos veces presidenta, y hoy fundamentalmente creadora del espacio frentista que ganó las elecciones, líder del sector más importante que sustenta al Frente de Todos, y garante de la articulación política necesaria para que el poder político democrático pueda prevalecer antes los poderes de facto que amenazan a los intereses de las mayorías populares.
Fernández, Kicillof y Fernández de Kirchner –Alberto, Axel, Cristina– son la representación personalizada de una ambiciosa voluntad nacional traducida en fuerza política e institucional que tiene la tarea histórica de recuperar a la Nación, luego de cuatro años en que estuvo sometida al dominio de una oligarquía local aliada con los factores de poder extranjeros (fundamentalmente Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el conjunto del capitalismo trasnacionalizado).
Las condiciones en que el nuevo gobierno nacional –y en este caso, también, el bonaerense– recibieron el país, son extremadamente adversas. Y quizás más todavía lo es el estado de las relaciones de fuerza y las disputas de poder en el continente.
Sabotajes
En el comienzo de este artículo se enumeraron unos pocos casos de medidas concretas de la gestión de Fernández que benefician a las mayorías sociales y en particular a los sectores más necesitados. Similares decisiones podrían atribuirse en la provincia de Buenos Aires a Kicillof, quien desde el mismo momento de su asunción anuló el último tarifazo perpetrado por su antecesora macrista, María Eugenia Vidal.
Pero así como el presidente y el gobernador, junto con Cristina como creadora y garante del frente electoral gobernante, representan la voluntad política democrática legitimada en elecciones, enfrente están los poderes de facto locales y extranjeros, más la oposición política de la derecha agresiva y beligerante.
El sabotaje contra las nuevas autoridades, tanto por parte de las corporaciones como de los opositores que tienen representación institucional surgida del voto ciudadano –en el Congreso nacional y en la Legislatura bonaerense– son y serán un obstáculo permanente.
Hasta ahora los que más han mostrado su poderío amenazante son los sectores del poder agropecuario de la Pampa Húmeda, reacios como siempre, y sobre todo desde el conflicto de 2008, a pagar aranceles de exportación acordes con la fabulosa rentabilidad que generan las ventas al exterior de productos que cotizan alto en el mercado internacional.
Y no cotizan tanto por la supuesta laboriosidad y sacrificio que se atribuyen a sí mismos los propietarios de grandes empresas agrícolas y pecuarias que se autodenominan “el campo” –virtudes que en algunos casos son verdades y en otros puro marketing– sino que sus producciones valen mucho por la fertilidad de las tierras y el régimen de lluvias existentes en la zona geográfica de sus explotaciones. O sea que le deben gran parte de sus fortunas y su poder a la naturaleza, que como todos/as sabemos no es propiedad de nadie en particular sino de la sociedad en su conjunto.
Al mismo tiempo, debido a la oposición legislativa, Fernández debió esforzarse al extremo conseguir que se aprobara la ley que sienta las bases de su plan inicial de gobierno (ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva). En la Cámara de Diputados, el oficialismo tuvo que conseguir el quórum negociando con legisladores de terceras fuerzas, entre ellas partidos provinciales, mientras que Cambiemos (ahora “Juntos por el Cambio”) se jugó entero al sabotaje para ni siquiera hubiera sesión.
Más aún: al principio, la derecha cambiemita más agresiva se negaba a dar quórum para que asumieran nuevos/as diputados/as del Frente de Todos que reemplazarían a otros/as que renunciaron a sus bancas para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo. Luego, sectores más moderados de la alianza que hasta hace poco fue oficialista hicieron que los extremistas modificaran su opinión y así pudieron asumir los/las legisladores/as correspondientes.
Peor aún fue para Kicillof en la Legislatura bonaerense. Cambiemos perpetró un boicot a fondo y le impidió sancionar una reforma impositiva con la cual aspiraba a darle un respiro a las finanzas provinciales, agobiadas por la menor recaudación que resulta de la parálisis de la economía, más la obligación de enfrentar la deuda externa impagable que Vidal dejó como herencia.
Próximas semanas y meses
Los sabotajes recién empiezan. Las cadenas mediáticas de la derecha encabezadas por el cártel <Clarín< (con su diario y sus canales <TN< y <El Trece< en primer lugar), funcionan a pleno las 24 horas para desgastar a los nuevos gobernantes y, como siempre, a Cristina Kirchner y a todo lo que sea kirchnerismo, Kicillof especialmente.
En pocas semanas o meses, cuando el gobierno nacional proponga una reforma del sistema judicial, los jueces y fiscales del aparato corrompido apelarán a declarar “inconstitucional” las leyes que eventualmente puedan aprobarse y así tratarán de impedir todo cambio que perjudique sus privilegios espurios. Ya lo hicieron contra Cristina Kirchner cuando en 2014 impulsó, y el Congreso aprobó, leyes de democratización judicial.
Además, en cualquier momento pueden hacerse explícitas o visibles las acciones mafiosas y/o violentas de reparticiones armadas del Estado nacional o provinciales (como Gendarmería, o policías de la Federal, o de la Bonaerense o de Santa Fe o de otras provincias), cuya corrupción, criminalidad y negociados sean afectados por decisiones valientes como las que está tomando la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.
Lo mismo cabe esperar de posibles reacciones desde el submundo clandestino de los agentes secretos, a raíz de la recuperación para el Estado de derecho que se apresta a realizar la corajuda y experimentada interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
Finalmente (en un “final” que sólo lo es para este “racconto” de ejemplos) durante el verano se conocerán las primeras reacciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) frente a la estrategia negociadora de la deuda externa que encara el nuevo gobierno bajo la conducción del joven y audaz ministro de Economía, Martín Guzmán.
Hace 30 años, la hiperinflación de 1989 marcó el inicio de una larga década –que en realidad duró casi una década y media, más de 14 años para ser precisos, hasta la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003– en la cual Argentina tuvo presidentes elegidos por el voto ciudadano (Menem y De la Rúa) pero que gobernaron a favor del poder económico local y trasnacional (a favor de “los mercados”) y de potencias extranjeras.
(*) De vaconfirma.com.ar
