El juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, investigado por el Consejo de la Magistratura, entre otros casos, por presuntamente haber favorecido al detenido narcotraficante Esteban Lindor Alvarado retrasando diligencias judiciales que podían agravar su situación, sumó un nuevo jaque en su contra desde otra provincia: el fiscal Federal de Córdoba Maximiliano Hairabedian presentó nuevos cargos, acusándolo de haber “cajoneado” durante una década una investigación contra una jueza y otra contra una firma cerealera por lavado de activos, presunta inacción que permitió que la causa terminara prescripta. Este martes 26 el titular de la comisión de Acusación del Consejo, Miguel Piedecasas, será miembro informante sobre lo actuado hasta ahora en relación a al juez Bailaque, con la propuesta de incorporar nuevas medidas de prueba y de pedir otras. El caso será el principal tema del orden del día, ya que se tratarán distintos expedientes en relación al magistrado, entre ellos el de Córdoba.
La causa más conocida contra Bailaque es la que lo vincula con Alvarado, líder de una compleja organización criminal con un sinnúmero de eslabones, incluyendo empresas y sociedades que actuaron en un marco económico legal, además de células o bandas con alto poder de fuego y redes de informantes en fuerzas de seguridad y en la Justicia.
Bailaque está denunciado por integrar una “presunta red criminal y de corrupción” en la que estarían involucrados el capo narco y otras personas. Así lo acusaron los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y María Eugenia Iribarren. Este martes la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura tratará la propuesta de Piedecasas, que incluye como “medidas de prueba” el pedido de copia certificada de uno de los expedientes en los que se cuestiona la actuación del juez federal –referido a la “supresión del estado civil de un menor– y de otro en relación a Lindor Alvarado; la incorporación al trámite acusatorio de una comunicación de la Cámara Federal de Rosario, y el libramiento de un oficio a fiscales que están investigando al magistrado para que “si el estado de la causa lo permite”, remitan una copia de las actuaciones.
El punto siguiente es un informe de las y los consejeros sobre los expedientes en trámite en relación al caso, y el tratamiento de dos expedientes para incorporar: uno de la Cámara Federal de Rosario, y el otro, precisamente, el de la Fiscalía Federal Nº3 de Córdoba.
En ese marco, el fiscal federal Hairabedian le había solicitado al juez federal 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, que remitiera los antecedentes al Consejo de la Magistratura para que se abriera otra investigación contra Bailaque. por presuntamente haber dejado de manera sospechosa prescribir una causa judicial.
Hairabedian sospecha que el juez rosarino dejó “dormir” y paralizó durante 10 años una investigación sin tomar ninguna medida, hasta que la causa prescribió. El caso era por delitos vinculados al lavado de dinero y evasión tributaria del grupo cerealero vinculado a las empresas Nuevo Antepuerto SA, Cereales Viel SA y Granos del centro SA.
Según medios de la provincia mediterránea, la punta del ovillo fue una pesquisa de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) que depende de la Procuración General de la Nación. En ella se refiere que la firma Nuevo Antepuerto SA habría sido utilizada para introducir en el mercado formal soja proveniente de operaciones marginales con productores agropecuarios de distintas provincias, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
La investigación aseguraba que entre 2006 y abril de 2011 se había conformado una presunta asociación ilícita tributaria destinada supuestamente a evadir el pago de los impuestos mediante la comercialización ilegal de granos y además con la adulteración de balances financieros.
La investigación se inició en 2012, y entre los implicados e investigados en la causa se encontraban varios empresarios, contadores y un entramado de personas vinculadas al comercio ilegal de cereales.
Pero dese el inicio se libró una disputa por la competencia jurisdiccional de la causa entre las Justicia federales de Córdoba y la de Rosario. Finalmente, en mayo de 2013, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba se declaró incompetete y giró la causa a Rosario, donde recayó en el juzgado a cargo de Bailaque, con el resultado consabido.
El fiscal Hairabedian describió en su resolución final que había “elementos suficientes para sospechar de una dudosa conducta de Bailaque” y por eso solicitó formalmente que se remitieran los antecedentes de la paralización del proceso al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Rosario y a la Unidad Fiscal de Rosario.
“No puedo dejar pasar por alto que la prescripción ha sido consecuencia de la paralización ya adelantada de la investigación durante casi 10 años, sin actividad procesal alguna, por el Juzgado Federal Nº4 de Rosario. No se me escapa que la prescripción es una realidad del sistema judicial por la sobrecarga procesal, sin embargo, las características de este caso tornan sospechosa la paralización: se trataba de una denuncia que sindicaba a una jueza de la jurisdicción donde se verificó la demora, la inactividad fue por casi una década, no hubo ningún acto procesal y fue devuelta a Córdoba cuando ya había prescripto. Ello amerita que se investigue y determine la responsabilidad del o los titulares del Juzgado Federal Nº4 de Rosario por la paralización, y/o de funcionarios de dicho órgano judicial”, consideró Hairabedian.
Con todo, de igual modo la cuestión que más torpedea al juez Bailaque parece ser –hasta ahora– la que lo vincula con el jefe narco. Esteban Lindor Alvarado fue detenido el 2 de febrero de 2019 en un camping de la localidad de Embalse, donde residía en una de las casas flotantes que están amarradas a orillas del lago, formando prácticamente un barrio idílico. Cuando la comisión policial que había mantenido un operativo de vigilancia inició el operativo de captura, Alvarado arrojó su teléfono celular al agua. El dispositivo, un iPhone 8, fue recuperado y después abierto y desencriptado en Estados Unidos, con lo que los investigadores pudieron obtener claves piezas de información. Pero según la denuncia sobre Bailaque, el juez federal se había negado a autorizar intervenciones telefónicas con lo que habría obstaculizado la investigación.
En ese entonces, los fiscales provinciales Schiappa Pietra y Edery requirieron que las actuaciones del caso fueran remitidas al Consejo de la Magistratura para evaluar e investigar la inacción del magistrado.
