Entre los años 2017 a 2019, al menos 52 víctimas de femicidio directo y vinculado tenían medidas de protección, que no evitaron su asesinato, de acuerdo a un informe inédito que difundieron hoy las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.
Se trata del ‘Estudio sobre denuncias de violencia de género/doméstica y medidas de protección en víctimas de femicidio’, que se realiza por primera vez, y brinda un panorama general a nivel país, con datos más específicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte tiene su sede.
La investigación «busca contribuir al diseño de políticas públicas que faciliten el acceso a justicia, eviten la revictimización y prevengan desenlaces fatales», se explica en el documento.
Y otro objetivo citado fue «evaluar el cumplimiento de la debida diligencia desde el inicio de las denuncias hasta la resolución de las causas judiciales».
La OVD y la Oficina de la Mujer, que están a cargo de la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, tomaron como base el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (Rnfja), único registro oficial sobre femicidios.
La investigación llega hasta 2019, ya que aún no se sistematizaron los asesinatos de mujeres en contexto de violencia de género, del año pasado ni de este.
«Algunas de las variables incluidas en este estudio ya fueron relevadas oportunamente para la elaboración del Rnfja, pero su baja tasa de respuesta impulsó la necesidad de actualizar y completar dicho relevamiento», se reconoce en el documento.
Este material llega en medio de cuestionamientos a la Justicia y otros poderes estatales por la falta de acciones efectivas que impidan los femicidios, que se sostienen en la trágica estadística de, en promedio, uno por día en el país.
Los recientes femicidios de Úrsula Bahillo, asesinada por el policía Matías Martínez en la localidad bonaerense de Rojas, y de Guadalupe Curual, perpetrado por Bautista Quintriqueo en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, son una muestra de la crisis del sistema de protección a mujeres en situación de violencia.
Ambas, habían realizado reiteradas denuncias contra sus agresores.
El informe de la Corte especificó que el registro identificó 821 víctimas letales de la violencia de género entre 2017 y 2019.
De ese total, 757 fueron víctimas de femicidios directo y 64 de femicidios vinculados, que son los homicidios cometidos contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer o porque intentaron protegerla.
Entre las víctimas de femicidio directo, 743 eran mujeres y 14 eran mujeres trans/travesti, mientras que las víctimas de femicidio vinculado eran 33 mujeres y 31 varones.
En base a este detalle, el nuevo estudio identificó que 52 víctimas tenían medidas de protección: 33 por restricción/prohibición de acercamiento del agresor, y 7 sumaron además exclusión del hogar.
Y sólo 5 tenían botones antipánicos, dispositivos cuestionados por no ser efectivos, ya que requieren de un monitoreo que no está resultando.
«Si se toman los tres años en conjunto, se registraron en promedio al menos 17 víctimas con medidas de protección vigentes por año entre 2017 y 2019 en Argentina», resumió la investigación.
Además, en promedio, al menos 5 víctimas de femicidio por año contaban con medidas de protección vencidas para el mismo período.
Es que las medidas de protección solas «no alcanzan», tal como declaró ayer a TN, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Porque «si no hay control de esas medidas, la medida no tiene ningún sentido», agregó la funcionaria.
Retomando el estudio de la Corte, hay un apartado específico sobre la Ciudad de Buenos Aires (CABA), ya que allí se asienta la OVD que depende de la Corte nacional.
En esa jurisdicción, al menos 3 de las 21 víctimas directas de femicidios asesinadas en la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2017 y 2019 habían realizado denuncias previas, dos de ellas tenían medidas de protección y ninguna contaba con patrocinio jurídico.
Dos contaban con medidas de protección vigentes al momento de su femicidio, mientras que la tercera víctima, que denunció ante una comisaría común, no tenía.
Ninguna tenía patrocinio jurídico.
El estudio de la Corte es un insumo más para que las políticas públicas se conviertan en acciones concretas que eviten los femicidios.
