Podíamos anticipar, dado su recorrido político, que detrás de un discurso de campaña tan prolijo, vacío y lleno de banalidades Mauricio Macri escondiera una fuerte apuesta a la concentración y liberación de la economía, la apertura de los mercados, el achicamiento del Estado y la exclusión social. Lo que se destaca, sin embargo, es la ferocidad y celeridad con la que esas medidas se han ido tomando. Hasta sorprende que los autodenominados defensores del republicanismo y las instituciones hayan barrido por decreto con una de las leyes que más consensos cosechó y que es considerada un ejemplo a nivel internacional como es la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
A pesar de los intentos, la sanción de la ley de Medios no pudo ser opacada por la pelea que enfrentó al gobierno kirchnerista con el multimedios Clarín desde 2008. El texto de la normativa es resultado del trabajo de diferentes organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y de los debates llevados adelante en los numerosos foros. El Ejecutivo nacional, sin pasar por el Congreso, modificó artículos centrales, trocando libertad de expresión por libertad de comercio.
Entre los principales cambios realizados por los DNU, está la ampliación del número de licencias que una empresa puede tener y la desregulación total del mercado de la TV por cable. Estos dos puntos, que la Corte reconoció como constitucionales, eran los más reclamados por el grupo Clarín. Además, no sólo se prorroga el usufructo de las licencias actuales por diez años sino también se habilita la transferencias de las mismas entre privados, como si se tratara de una simple mercancía. Como es sabido, también fueron disueltos los organismos reguladores. Antes se podía discutir la falta de ecuanimidad de los directores, pero ahora la diferencia sustancial es que estará compuesto por cinco representantes del oficialismo y dos de la oposición, sin representación de las provincias ni las universidades.
Las noticias recientes sobre intervención de medios públicos, campañas de desprestigio de profesionales, cierre de programas, despidos de periodistas críticos, cuyo caso más resonante es el de Víctor Hugo Morales, son apenas algunos indicios más del horizonte oscuro que se visualiza. La avanzada contra la ley de Medios no se va a detener, es una realidad que socava los fundamentos del sistema democrático. No podemos asistir impávidos a la anulación de las herramientas antimonopólicas que intentan limitar el poder de los grandes complejos mediáticos, ni aceptar que se restrinja nuestra libertad de expresión. El desafío es proteger una ley señera que, con sus aspectos perfectibles, daba garantías para la multiplicidad de miradas, discursos y perspectivas.
Presidente Partido SI
