El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo hoy que el recurso de per saltum busca que la Corte Suprema de Justicia ponga «un punto final» a la disputa con el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios.
«Este recurso de per saltum pretende que una ley, que fue votada por el Congreso, sea aplicable a todos los grupos de servicios de medios audiovisuales. Pretendemos que haya una sentencia definitiva de la Corte Suprema», enfatizó el ministro.
En una conferencia de prensa brindada este mediodía en la sede de la cartera de Justicia, Alak explicó que el Poder Ejecutivo hizo la presentación del per saltum en «uso de las atribuciones que le corresponden, que se lo otorga la Constitución, en defensa del interés del Estado, del interés público, del cumplimiento de las normas».
Al fundamentar la iniciativa oficial, Alak cuestionó las medidas cautelares que eximen al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión y consideró que «la prolongación indefinida sobre la validez de las normas no es compatible con un sistema que debe privilegiar una rápida, eficiente y justa acción de la Justicia».
«Este per saltum se acumula con el recurso extraordinario, y esperemos a la brevedad, permita a nuestro Corte Suprema de Justicia, abocarse al tema de inmediato y darle una resolución definitiva para la plena vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual como espera la mayoría del pueblo argentino», apuntó.
Alak aseguró además que esta causa «excede el interés de dos partes, porque involucra a toda la sociedad, no sólo a los sectores de la comunicación, sino que se extiende a toda la población, que considera con angustia y preocupada que una ley del Congreso no quiere ser instrumentada por un grupo económico poderoso».
«Estamos ante un caso de notoria gravedad institucional. Un grupo económico no quiere adecuarse a lo establecido por una ley de la Nación, en tanto que los restantes grupos económicos del país lo aceptan. La posición de este grupo económico impide la aplicación plena de la norma, ya que, de aplicarse al resto de los grupos, se estaría violando la garantía de igualdad ante la ley», subrayó.
