Alberto Fernández anunció que el gobierno intervendrá la agroexportadora santafesina Vicentin. Al mismo tiempo aseguró que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación para expropiar la empresa que acumula una deuda por 1.350 millones de dólares.
El presidente explicó que la participación estatal quedará a cargo de la gestión de YPF Agro, a la que calificó como “nave insignia” del Estado. Dispondrán la unificación de ambas empresas que quedarán a cargo de Gabriel Delgado, a quien Fernández definió como “experto en temas agropecuarios”.
Por otra parte destacó que el objetivo es “rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales”.
En primera instancia, todos los activos de Vicentin serán parte de un fondo fiduciario, y la gestión quedará a cargo de YPF Agro. Durante la conferencia, Fernández insistió con la importancia de «poner de pie» a la multinacional ya que luego de la pandemia, la producción de alimentos «será una rama estratégica» para la economía nacional.
“Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado.
“Estamos firmando un DNU que dispone la intervención del Grupo Vicentín, y hemos designado como interventor a Gabriel Delgado. Y estamos mandando al Congreso una ley de expropiación para que el Estado nacional se haga cargo”. El presidente @alferdez en conferencia de prensa. pic.twitter.com/uJz7A9akqg
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) June 8, 2020
Proyecto de ley
En paralelo, el primer mandatario anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para expropiar la agroexportadora que en febrero abrió su concurso de acreedores.
El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.
El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado, «un experto en temas agropecuarios» según lo calificó el mandatario, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.
Por otra parte aseguró: “En la ley de expropiación vamos a declarar a la empresa de utilidad pública, teniendo en cuenta que es una empresa que se dedica a la producción de alimentos. En un momento de pos pandemia eso tiene una relevancia singular”.
La continuidad
De esta manera el Estado podrá garantizar la continuidad de más de siete mil puestos de trabajo directos y tomar control de posiciones clave en la cadena de la industria alimenticia. Esto refiere al abastecimiento del mercado interno como a la exportación de granos, dos ejes claves en la política económica para el gobierno.
Se trata de la firma multinacional que tomó un préstamo de 18.700 millones de pesos con el Banco Nación durante la administración macrista de Javier González Fraga y que en febrero de este año anunció la apertura de su concurso preventivo de acreedores. La deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.
Vicentin es un conglomerado empresarial que controla puertos, fábricas de envases, acopiadoras y procesadoras de granos, frigoríficos, hilanderías, y una planta de biodiésel, entre otros emprendimientos vinculados al agro.
La semana pasada, un grupo de dirigentes políticos que incluye funcionarios oficialistas había publicado una carta titulada “Vicentin debe ser una empresa pública no estatal”. En la propuesta destacan que Argentina necesita «una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos” y sugieren que se den “los pasos necesarios para transformar a Vicentin en una empresa pública no estatal”.
