El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que su gobierno no va a «estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco», al explicar las razones por las que se decidió «no avanzar con Vicentin» y el reemplazo por YPF Agro, con la idea de tener «una empresa que actúe en el sector agroexportador».
«El juez nunca aceptó que entráramos para aportar una solución en Vicentin. Nosotros queríamos rescatar a una empresa que era una referencia cerealera importante en el país, no a los directivos de la empresa. Para esto último estaba el gobierno anterior», dijo el mandatario en un reportaje a El Destape Radio.
En el mismo sentido, explicó que «era importante ese rescate para que el Estado pudiera tener una referencia de un mercado muy importante y a la vez, para evitar que la exportación se concentre».
«Pero pese a la intervención de los 60 días, no estábamos consiguiendo ver lo que sucedía en Vicentin. Todo indicaba que íbamos a terminar metidos en una empresa salvándoles las papas a los accionistas y directivos», dijo el presidente e insistió en que para eso «estaba el gobierno anterior», en referencia a la gestión de Cambiemos.
También puntualizó que esos accionistas «están querellados judicialmente y cuestionados penalmente», por lo que remarcó: «Nosotros no vamos a estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco».
También contó que «la idea de que ese lugar pueda ser ocupado por YPFAgro, era la idea original» y que hoy aparece «tal vez como mejor opción para que se convierta en una sociedad autónoma y nos permita el mismo objetivo, que es que sea una empresa de referencia del sector cerealero».
«Y para eso no tengo que hacer una inversión en dólares para salvar a sus accionistas», insistió el mandatario.
Sobre la intervención dispuesta sobre Vicentin relató que «permitía estimar con claridad cuál era el conflicto económico» sobre todo teniendo en cuenta que es una firma con «un entramado de sociedades que había que desenmarañar».
Sin embargo, recordó que «en una semana, el juez de Reconquista echó por tierra el DNU -que disponía esa intervención- e hizo como que no existía» por lo que debieron recurrir a la Justicia en lo Contencioso Administrativa de la Capital Federal. Y explicó: «La justicia dijo que no era competente, que entendía la justicia de Reconquista, y todo eso demoró hasta que el juez de Reconquista dijo ´yo soy competente, pero no resolvió nada todavía».
«En el medio, nosotros no pudimos llegar a conocer lo que pasaba en Vicentin», dijo Fernández, tras destacar que, no obstante, todos los datos sobre la empresa «son preocupantes» y citó que «un treinta y pico de su deuda está en manos extranjeras» y que se está investigando otras cuestiones como la «fuga de dinero».
El Presidente relató que en el medio hubo «una reacción de la oposición absolutamente adversa, tratándonos de expropiadores, olvidándose que la propiedad privada, también es la de los productores que dejaron colgados, la del Banco Nación, del Banco Ciudad, la del BICE, que no pudieron cobrar».
«De esa propiedad privada no se preocuparon, instalaron la idea de que éramos expropiadores seriales y generaron un conflicto político real», sostuvo.
En otro tramo del reportaje, el mandatario añadió: «Me tuve que bancar cacerolas, insultos por todos lados» y agregó que «hicieron del rescate de una empresa una expropiación virulenta cuando sólo queríamos salvarla para ponerla al servicio de la Argentina».
«Todo lo que pasó siento que también influyó sobre la justicia», lamentó el presidente tras analizar que el magistrado «se quedó, frente a lo que estaba viendo, no olvidemos que es un juez de Reconquista, con toda la influencia que tiene allí Vicentin».
Asimismo, añadió: «Yo no medí adecuadamente, pensé que el conflicto de Vicentin estaba más asumido en la sociedad santafesina, pero me di cuenta de que no es así. Me di cuenta que el peso que tienen (la empresa privada) es enorme, y de ahí los fallos judiciales que tuvieron».
El viernes por la noche, el presidente derogó el decreto 522/2020, firmado en junio, por el que había ordenado la intervención de la empresa Vicentin durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado» por los créditos que se le dieron a la firma.
A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020 ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.
