Flavia Campeis
Especial para El Ciudadano
“Basta, dejen de manosear a Paula”, dijo Alberto Perassi con las manos en alto y se fue enojado del Concejo de San Lorenzo, ciudad de la que desapareció su hija hace casi 11 años. Previamente había escuchado lo que consideró un nuevo destrato para su familia y la memoria de su hija, desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011.
Este lunes se trató en sesión un proyecto de los concejales opositores Esteban Aricó y Martín Cerdera, del Frente de Todos, que obtuvo dictamen por unanimidad el jueves pasado, para que el municipio sanlorencino realice un aporte económico a los hijos de Paula Perassi, Lucas y Agustín, de 17 y 12 años.
El propio Alberto había estado en la reunión de Comisión de Gobierno realizada cuatro días atrás donde se discutió el proyecto, y se acordó que sería un aporte económico mensual realizado por la Municipalidad de San Lorenzo, correspondiente a la remuneración básica de la categoría 12 de la escala salarial de empleados municipales y que se haría efectivo hasta que los hijos de Paula sean mayores de edad y terminen sus estudios.
Cabe aclarar que esta solicitud de acompañamiento económico para los hijos de Paula surgió teniendo en cuenta que no puede aplicarse la Ley Brisa, que contempla un apoyo económico para hijos e hijas de víctimas de femicidio, porque al tratarse de una desaparición, no se cuenta con el certificado de defunción.
Lo inesperado ocurrió cuando en la reunión parlamentaria previa a la sesión del lunes el oficialismo presentó un nuevo dictamen, distinto al consensuado, y que al ser propuesto por la fuerza mayoritaria, el socialismo, iba a ser el aprobado.
En medio de la discusión entre el oficialismo y la oposición, Alberto Perassi se sintió otra vez defraudado, sobre todo en un contexto donde hace años que viene diciendo públicamente que jamás ha tenido el apoyo ni el acercamiento del gobierno municipal de su ciudad.
El nuevo dictamen que finalmente fue aprobado plantea que el aporte económico para los hijos de Paula no salga de las arcas municipales sino del sueldo de los propios concejales y que se renueve una vez por año, a diferencia del anterior que proponía dejar esta ordenanza firme hasta que los chicos sean mayores y terminen sus estudios.
Desde la oposición acusaron al oficialismo de no respetar lo acordado en Comisión de Gobierno y Alberto Perassi realizó duras declaraciones contra quienes cambiaron completamente la ordenanza.
“Ellos dijeron que sí el otro día, pero cuando se enteró el jefe evidentemente dijeron que no y tuvieron que ir a cambiar la bocha, entonces anoche me cayó bien la ficha. Es claro que dentro de la Municipalidad de San Lorenzo, con el intendente Raimundo, es donde se maneja el pacto de silencio hecho desde el primer día junto con la Justicia, la policía, la Unidad Regional XVII y que todo está manejado desde dentro de la municipalidad”, expresó indignado Alberto Perassi.
“Anoche cayeron con otro proyecto, con que la plata tenía que salir de la dieta de los concejales y que era hasta fin de año y después se tenía renovar de nuevo y así todos los años. Empezó la discusión y yo aguanté un rato y después ya no aguanté más y me paré, saludé y me fui”, contó Alberto, quien en sus últimas palabras en el interior del Concejo dijo: “Basta de manosear a Paula, que tengan todos buenas noches”. Y se fue.
Después de lo ocurrido, Perassi expresó: “Esto es un manoseo porque sentí que la volvían a desaparecer a Paula. Yo no permito que eso pase, anoche presencié algo que nunca en mi vida pensaba encontrar. Manosearon y nuevamente desaparecieron a Paula y ahora sí estoy en condiciones de decir a toda la sociedad que no tengo más dudas, de que el pacto de silencio nació, existe y lo maneja el intendente de la ciudad de San Lorenzo, porque eso anoche estaba manejado por él”.
Si bien el dictamen quedó aprobado para que el aporte comience a realizarse a la brevedad, Alberto Perassi aseguró que tratará el tema con sus abogados: “No quiero que me den un mango, ya no lo acepto y voy a seguir luchando con mi escarbadientes lleno de verdades y que ellos sigan con sus misiles llenos de mentira”, dijo e insistió: “Toda la plata que ponen que la sigan poniendo para mantener el silencio, prefiero ir a Rosario, que el Concejo rosarino siempre estuvo y nos ha ayudado en todo y acá nunca se enteraron que había una desaparecida y ahora hacen este papelón”, concluyó.
“Violaron el espíritu del proyecto”
Luego de la sesión el concejal que ideó el proyecto, Esteban Aricó, señaló: “Violaron el espíritu del proyecto de ordenanza. Y en palabras de Alberto Perassi volvieron a desaparecer a Paula. Impusieron un dictamen que no fue el consensuado en la comisión de Gobierno, no lo quisieron debatir en labor parlamentaria, no nos dejaron escuchar el audio de la comisión del jueves, no nos permitieron ir a un cuarto intermedio, y nos obligaron a votarlo casi a ciegas, sin tiempo de estudio real al respecto”, refiriéndose a la actitud de los concejales oficialistas.
Además Aricó agregó que “el proyecto original proponía el otorgamiento de una asignación hasta la mayoría de edad, en concepto de reparación económica debido a la imposibilidad de gestionar pensiones en beneficio de la familia y la reparación prevista en la ‘Ley Brisa’ para los hijos e hijas de las personas fallecidas como consecuencia de violencia de género, puesto que la justicia reconoció la hipótesis de la desaparición de Paula, pero no así la muerte. Sin certificado de defunción no hay posibilidad de gestionar los beneficios de la ley. Incluso el proyecto original se discutió en la comisión de gobierno, dónde se consensuó aumentar los alcances de la asignación hasta que los menores concluyan sus estudios”.
Sobre el momento clave del cambio realizado, Aricó indicó: “Al llegar el momento de la sesión ordinaria, los concejales oficialistas elaboraron un dictamen que alteró el espíritu de la norma y modificó notoriamente sus alcances. Propusieron una renovación anual de la asignación, por lo que le dieron alcance sólo de un año y se suprimió de los ‘considerandos’ el párrafo que decía textualmente: “Nuestra sociedad aún se sigue preguntando ‘¿Dónde está Paula?’ y exige justicia para que se esclarezcan los hechos y se condene a la ‘estructura desaparecedora’ que mediante vínculos de impunidad y corrupción provocaron la desaparición en democracia de una ciudadana de San Lorenzo”. Básicamente desconocieron la participación del poder del Estado en el ocultamiento de la prueba, en la obstaculización de la investigación, en la posibilidad de hacer justicia y, en definitiva, en la aparición del cuerpo de Paula”, explicó el edil opositor, a la vez que aclaró que su banca terminó votando a favor del dictamen porque quisieron acompañarlo de todas maneras, aunque expusieron sus fundamentos.
Sobre la idea inicial, Aricó fue contundente: “El espíritu del proyecto de ordenanza que nosotros planteamos tiene que ver con una reparación, y no con una ayuda económica, un subsidio o una donación. Hablar de reparación implica: primero reconocer un derecho, segundo, reconocer la violación a ese derecho y, finalmente, responsabilizar al Estado por el hecho ilícito. En cambio, una donación o una ayuda económica implica un acto de caridad, que no es el objetivo del proyecto que presentamos, porque posiciona a los hechos y a los actores de una manera distinta”.
La causa
La causa por la desaparición de Paula Perassi llegó a juicio en 2019, donde fueron juzgadas nueve personas, entre ellas cinco policías, y todas resultaron absueltas. Tras una revisión judicial en segunda instancia, en 2020 fueron condenados Gabriel Strumia y su esposa Roxana Michl a 17 años y 6 años y 6 meses de cárcel respectivamente, por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse de una mujer embarazada (Paula cursaba un embarazo de seis semanas).
El 30 de diciembre de 2020 esa condena quedó firme y el matrimonio fue puesto en prisión. Strumia continúa en la cárcel y Michl fue liberada en febrero pasado, por haber cumplido las dos terceras partes de su condena.
Mientras tanto, la familia elevó el pedido de revisar las absoluciones de dos civiles y cinco policías, lo que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y ahora se encuentra a la espera de ser tratado en la Corte Suprema de la Nación.
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