Por Alejandra Rodenas (*)
El principio de regularidad funcional le exige a los órganos jurisdiccionales que sean prudentes al intervenir en el ámbito de reserva de las agrupaciones políticas. No pueden lesionar su régimen de funcionamieto y menos dañar el substrato de representatividad de sus dirigentes.
Los poderes del Estado -entre ellos, y especialmente, el judicial- tienen que acatar -e incluso realzar- sus propios límites para evaluar las decisiones funcionales cada partido. El «ámbito de reserva» de cada agrupación política ampara todas las decisiones que se tomen cuando son de eminente contenido político, excluyendo toda intervención estatal. Esto se observa en una de sus formulaciones más claras en los arículos 1º y 21º de la ley 23.298, con los que se garantiza la autodeterminación y gestión de este especial tipo de asociaciones, de tutela constitucional preferente.
Por lo tanto, todo lo referente a la vida interna de los partidos políticos se tiene que apreciar teniendo en cuenta este ámbito de reserva. Un principio rector en la materia es que la justicia electoral no puede ni debe intervenir en la vida interna de los partidos para disponer la regulación de su libertad, gobierno propio y libre funcionamiento, ni mucho menos juzgar de la bondad ni oportunidad de sus actos políticos.
La reforma constitucional de 1994, además, enfatizó el carácter de «zona de reserva legal» que reviste la materia referida al derecho electoral y de los partidos políticos. Surge claramente del artículo 38 cuando considera a los partidos políticos como «instituciones fundamentales del sistema democrático» y garantiza el ejercicio libre de sus actividades dentro del marco constitucional.
(*) Diputada Nacional del PJ
