Transportistas que trabajan con personas con discapacidad cortarán el servicio por tiempo indefinido desde el 1º de enero de 2024 hasta tanto el gobierno nacional no otorgue un reajuste arancelario.
Mariana, mamá de una adolescente con discapacidad, habló con El Ciudadano sobre la situación y contó. “El nuevo gobierno nacional no puso a nadie en la Agencia Nacional de Discapacidad, no hay con quién hablar”. Y agregó: “Los transportadores tienen razón con realizar la medida de fuerza porque cobran 272 pesos el kilómetro y el combustible vale 800 pesos”.
Sin embargo, también remarcó que “con esta medida los chicos no pueden ir más a los centros de rehabilitación, salvo que lo lleve un familiar en auto particular o taxi pero los costos son muy altos y esa plata no se reintegra”. “Los chicos con capacidades físicas o cognitivas sin terapia, empiezan a desmejorar”, recordó.
Incertidumbre
Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), contó la problemática que atraviesa el sector. «Se hace imposible seguir con el servicio ante el brutal aumento del combustible y otros insumos», señaló.
“Es el peor momento de la historia del servicio de transporte para personas con discapacidad. Transitamos todo el año pasado situaciones adversas donde trabajamos para que los aranceles, lo que se paga por kilómetro, siempre esté acompañando ese proceso inflacionario que nos tocó vivir a todos. Pero en esta oportunidad claramente la situación es mucho más grave. Este aumento del combustible empuja claramente al corte del servicio”, expresó indignado.
Asimismo, advirtió que “a partir del 1º de enero, en cuanto no haya una modificación de esos valores, no vamos a poder salir a trabajar. Empezamos el 1º de diciembre trabajando con un valor del kilometraje de 260 pesos, con un valor del litro de combustible de 328 pesos, hoy a 15 días nada más, solo aumentó 12 pesos el kilometraje y estamos en 272 pesos, pero el valor del combustible está en 679 pesos. Esto es inviable, es imposible”.
“Lo que hay es una clara vulneración de derechos. A partir del 1º de diciembre ninguna persona con discapacidad va a poder disponer de nuestros servicios. Así que estamos en estado de alerta y movilización. Y estaremos en esta situación hasta que se revierta”, reiteró.
Sobre responsabilidades y posibles soluciones al conflicto, Bolego afirmó: “Estamos a la espera, con mucha angustia, mucha zozobra en el sector, porque no solamente se trata de las personas con discapacidad que tanto necesitan este servicio, sino que son muchos trabajadores que no van a poder salir a laburar”.
