“Holi, hoy me pararon unos policías en Salta y Crespo, me pidieron el DNI, y me decían que si no lo tenía me podían llevar. Les aviso para que tengan cuidado la verdad una mierda que pase esto pero bueno. Yo estoy bien pero nada mando un mensaje para avisar”. Este es uno de los mensajes que comenzaron a circular en la tarde del martes aludiendo a un inquietante abordaje de personal policial hacia alumnos del nivel secundario de la escuela Gurruchaga. En otras comunicaciones por whatsapp, se menciona que los uniformados preguntaban a los chicos si formaban parte del Centro de Estudiantes del colegio, que anotaban sus números de documentos en una planilla, aunque sin los nombres y apellidos, y que además les sacaban fotos. Voceos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe desmintieron extraoficialmente los sucesos denunciados.
La comunidad educativa del complejo educativo, ubicado en Salta al 3400, en barrio Luis Agote, se movilizó ante la situación.
“Durante el transcurso de la mañana, varios de nuestros estudiantes fueron parados por la policía en los alrededores de nuestra institución, exigiéndoles DNI, tomándoles fotos, preguntándoles si formaban parte del centro de estudiantes”, expresa un comunicado del colegio. Y agrega, en consonancia con los testimonios de los adolescentes: “Cabe destacar que a uno de nuestros estudiantes (14 años) se le solicitó la documentación y, como no la tenía, le informaron que era causal de demora”.
“Estamos movilizándonos con los directivos para ver qué podemos hacer”, le dijo a El Ciudadano Camila, presidenta del Centro de Estudiantes. El hecho, grave, fue tomado con cautela por las autoridades del complejo. “Estamos evaluando realizar una jornada de escuela pública abierta en la plaza este próximo viernes”, señaló ante la consulta de este medio el director de la escuela secundaria, Diego Seri, quien aclaró que por el momento no querían “exponer a nadie” entre las víctimas del irregular comportamiento policial registrado en el espacio verde al que aludió, la Plaza de las Américas, de Salta y Crespo.
Algunos padres, al tomar conocimiento de los hechos, decidieron no mandar preventivamente a sus hijos a la escuela, aunque las clases este miércoles se desarrollan con normalidad.
“No queremos que nuestros estudiantes asistan con miedo. Consideramos que esto vulnera sus derechos”, sigue el texto de la comunidad del Gurruchaga.
En otro comunicado, firmado por la Federación Secundaries Rosario (Feser) y la red nacional de Centros de Estudiantes (Renace), se expresa el repudio a “las políticas de persecución constantes de este gobierno tanto a nosotros los estudiantes como a nuestros docentes y no docentes”. Y cierra con un lema fundante del retorno democrático, además pintado en el frente del colegio: “nunca más, es nunca más”.
Controvertido artículo de la Ley Orgánica de la Policía
El pedido de documentos a chicos de 13 o 14 años, si es cierto, ya de por sí es un abuso de poder por parte de integrantes de la fuerza de seguridad santafesina. Más todavía, la amenaza de demorarlos si no los llevan consigo. La semana pasada, a raíz de otros hechos, el camarista rosarino Gustavo Salvador emitió un fallo en el que rechazó el pedido de inconstitucionalidad sobre el artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe, que se utiliza para demorar hasta seis horas a una persona por “averiguación de antecedentes”, pero le fijó “alcances” para evitar atropellos y vulneración de derechos.
“Si no existe obligación de transitar con el DNI, nunca su no portación (ante un eventual requerimiento) puede originar que se cercene el derecho a transitar libremente, aunque sea por un lapso de 6 horas, aun cuando la finalidad consista solamente en la de averiguar su identidad”, escribió Salvador.
El artículo 10 bis data de 1975, cuando se estableció la llamada figura de “averiguación de antecedentes” que permitía demorar hasta 24 horas a una persona en una seccional para su identificación. En 1997, fue modificado y se eliminó esa facultad policial que, en los hechos, habilitaba la discrecionalidad con sesgos discriminatorios, lo que vulgarmente se conoce como “portación de cara”.
En marzo último, no obstante, el gobierno de Maximiliano Pullaro justificó en la necesidad de herramientas para el combate al delito la reposición de la “averiguación de antecedentes”, si bien con algunos atenuantes. “Excepcionalmente, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad, cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificado en la vía pública”, se reescribió el 10 bis, modificado por la ley 14.258. Entró en vigencia en abril pasado.
El cuestionamiento del 10 bis llegó a la Justicia de la mano del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). En primera instancia, el juez Rafael Coria lo desestimó de plano. la decisión fue apelada y el camarista Salvador le fijó limitaciones. En ese proceso, el magistrado de segunda instancia tomó nota de las 9.871 detenciones provisorias bajo ese artículo efectivizadas en Rosario sólo entre abril y octubre informadas por el SPPDP, que mencionó el caso de un hombre en situación de calle que fue demorado siete veces en un mes.
En la causa, el Ministerio de Seguridad argumentó que esa política de controles le permitió prevenir delitos, pero ante el requerimiento de Salvador no pudo precisar con datos esa aseveración: “No puede soslayarse que requerido que fuera por este magistrado a los representantes del Ministerio de Seguridad sobre la incidencia que esta metodología operativa implementada por la autoridad policial tiene en la prevención de eventuales ilícitos, se respondió que no se contaba con los datos”, escribió el camarista en su resolución.
Versión del Ministerio de Seguridad
Fuentes oficiales se refirieron en off a los episodios para negarlos, aunque con explicaciones débiles. “En el horario que se dice que sucedió esto en esa zona no hubo traslados 10 bis, no hubo consultas al sistema Cóndor, no hubo consultas al sistema Sifcop”, explicaron pese a que lo que se denunciaron no fueron detenciones sino intimidaciones consistentes en la posibilidad de concretarlas.
los mismos voceros señalaron que los GPS de los móviles policiales que circularon en la zona indican que “no hubo ningún efectivo parado por más de 120 segundos”, lo cual, reforzaron, “no es un tiempo suficiente para identificar a nadie”. Sin embargo, los testimonios no mencionan patrullas, sino personal a pie, que no tiene seguimiento satelital de posición.
No obstante negar las versiones de los estudiantes y la preocupación de las autoridades escolares y los padres, pidieron aportar información sobre los hechos de este martes: “Teniendo en cuenta la seriedad de la situación, si alguien pudiera aportar al Ministerio Justicia y Seguridad algún otro dato que permita esclarecer la situación, se agradecería”.
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