La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, a través de su titular, Raúl Lamberto, reiteró la advertencia respecto de la práctica de posibles estafas a jubilados del Estado Nacional, por parte de una organización que promete tramitar el reintegro de un seguro de vida obligatorio a cambio del cobro por anticipado de una importante suma de dinero.
El organismo recuerda que tal gestión nunca dará frutos ya que, de acuerdo con la normativa vigente, los beneficiarios de jubilaciones que aportaron a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (que actualmente está en liquidación) no tienen derecho a cobrar ningún reintegro.
Casos
La advertencia se realiza a partir de la presentación en los últimos días de varios casos en la sede de la Defensoría de Rosario, que señalan haber pagado a un estudio o consultora una suma de dinero para comenzar con los trámites para la reposición del Seguro de Vida Obligatorio que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (que tras la privatización se dividió en La Caja de Ahorro y Seguro SA y La Caja de Seguros de Vida), les descontó durante su actividad. Esto constituye una estafa, puesto que la Caja no debe reintegrar ningún monto de dinero a los beneficiarios tras su jubilación.
Los seguros cobrados por la Caja se enmarcaban en la Ley Nº 13.003 de Seguro de Vida Colectivo Obligatorio, donde no existía prima de ahorro ni reserva matemática (conceptos por los que sí se podría realizar un reintegro), porque el aporte que realizaba el trabajador era una suma fija de su salario mensual y a través de un contrato anual.
Improcedente
En ese sentido, en 2003 el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la resolución N° 354/03, declaró improcedentes los reclamos administrativos de los jubilados hacia la Caja de Ahorro y Seguro, por entender que los seguros contratados por el Estado Nacional eran precisamente seguros colectivos anuales y sobre los cuales no se puede solicitar reintegro.
En el marco de sus competencias, el organismo elevará las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y en igual sentido lo hará ante el Colegio de Abogados en caso de que se encuentre involucrado algún profesional matriculado del Derecho en la institución.
Por último, se le pide a los jubilados estar atentos para evitar estafas de este tipo y les recuerdan que siempre que tengan alguna duda respecto de sus derechos pueden comunicarse con la Defensoría a los teléfonos (0341) 4721112, 4721113, o bien acercarse personalmente a la sede que funciona en calle Tucumán 1681, donde serán asesorados de manera totalmente gratuita.
