CESO**
La pandemia coronó una larga agonía de la economía argentina que lleva dos años en crisis. Los números de abril, con caídas de la actividad van a dejar una profunda huella de empresas cerradas y puestos de trabajos perdidos que perdurará más allá de la pandemia.
El esfuerzo estatal por sostener los ingresos, se diluye ante la reducción de los multiplicadores de la política fiscal que genera la pandemia, pero no así el rojo de las cuentas públicas ni las presiones cambiarias alimentadas por la inyección de liquidez que lo acompaña.
Los escenarios de “nueva normalidad” hacen prever la necesidad de reconvertir amplios sectores productivos, con la dificultad de buscar nuevas ocupaciones a un amplio espectro de trabajadores.
Semejantes desafíos hacen que todas las proyecciones con las que se pretendía finalizar un período de recesión de casi dos años tengan que ser reformulados.
El plan económico original de Alberto Fernández, donde una resolución rápida de la deuda en el marco de una política de acuerdo social, creaba un entorno estable que atraería inversiones permitiendo un crecimiento sostenido donde la brecha externa se desplazaba por el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, ya no existe.
La negociación de la deuda probablemente se extienda en el tiempo, la conflictividad social crecerá al calor de la destrucción económica generada por la pandemia, la inversión privada externa será reducida y la interna deberá ser inducida por políticas activas.
El desafío ahora pasa ahora por diseñar un programa que movilice los recursos internos siendo capaz de readaptar y reconvertir puestos de trabajo y sectores productivos en un contexto de finanzas públicas detonadas y fuertes presiones cambiarias.
Algunas ideas que tiempo atrás podían considerarse extremas, deberán empezar a ser escuchadas por el oficialismo, si no quiere ingresar en un proceso de descomposición política.
El tiro de gracia a una economía enferma de sobreendeudamiento
Los datos económicos para el mes de abril y probablemente para todo el segundo trimestre, por lo menos, muestran una caída estrepitosa. El brutal golpe económico generado por la pandemia da la estocada final a una economía muy golpeada por el sobreendeudamiento generado por Mauricio Macri.
La consecuencia previsible es un acelerado cierre de empresas que traerá un fuerte proceso de concentración económica con importante incremento en el desempleo y pobreza estructural.
El cambio de composición de la demanda hacia bienes esenciales implícito en la política de cuarentena, hace que el multiplicador de las políticas fiscales se reduzca bruscamente.
Las transferencias de ingresos del Estado hacia la población (bonos, IFE, TP, etc.) se vuelcan a demandas de bienes esenciales (alimentos y bebidas especialmente), sin derramar hacia las demás actividades.
De ahí que, aun cuando el Estado amplíe fuertemente su déficit público, no pueda detener la brutal caída de la actividad generada por la baja de la demanda privada externa e interna provocada por la pandemia y la parálisis de sectores productivos que impone la cuarentena.
La necesidad de ampliar el gasto público para moderar el impacto económico de la pandemia, no sólo tiene reducidos efectos multiplicadores, sino que se traduce en una inyección de liquidez que alimenta la dolarización de los ahorros de los sectores que mantienen ingresos, pero ven fuertemente reducidos sus gastos e inversiones tanto productivas como inmobiliarias.
La consecuencia es una fuerte presión cambiaria. Las restricciones a la compra de divisas al dólar oficial y luego, a las cotizaciones legales paralelas, terminaron derivando en un incremento del dólar ilegal que ya cotiza cerca de los $130, con una brecha sobre el oficial del 85% y sobre los paralelos legales del 30%.
El riesgo de intentar contener la corrida con regulaciones que terminen cerrando el mercado cambiario paralelo legal, es que el “blue” se consolide como mercado de referencia.
La ilegalidad de ese mercado lo convierte en un mercado sin capacidad de intervención oficial, con los riesgos de convertirse en una fuente de desestabilización económica.
Reactivación post-pandemia que trascienda las recetas keynesianas
En los inicios de la pandemia los economistas debatían si la crisis era provocada por un shock de demanda o un shock de oferta. La dinámica posterior no deja dudas de que se trata de un golpe en ambos lados.
La actividad se resintió tanto por las empresas y trabajadores que no pudieron levantar las persianas de sus establecimientos para producir normalmente, como por la muy limitada demanda que tuvieron del otro lado del mostrador los espacios que fueron abriendo.
De estos shocks, el que más pronto está en condiciones de normalizarse es el primero si se logra dejar atrás la cuarentena. Para estimular la demanda, la amplia crisis de las finanzas públicas parece dejar poco margen para grandes estímulos económicos de tipo “keynesiano”.
Pero aún si se lo lograra, no está claro que la economía pueda reactivarse luego de los cambios estructurales generados por la pandemia y la nueva normalidad.
La realidad que se aproxima parece venir de la mano de grandes cambios culturales con impactos en las formas de trabajo y de demanda. Avances en el teletrabajo, comercio electrónico, disfuncionalidad de los espacios de concentración masiva (hoteles, restaurants, shoppings, recitales, hipermercados, etc.), fin del turismo tal como lo conocimos, son algunos de los cambios que llegaron para quedarse.
La posibilidad de readaptarse a las nuevas condiciones será compleja, especialmente para las empresas de menor tamaño golpeadas por la crisis de la gestión Macri y la pandemia.
La necesidad de modificar la forma de producción y distribución, requiere gastos de capital que difícilmente puedan realizar empresas que hoy no cuentan con liquidez para cumplir con sus obligaciones corrientes.
Aún con fuerte ayuda estatal, el escenario más probable es que muchas empresas queden en el camino. A ello se suma la probable reducción de sectores económicos enteros (turismo, por ejemplo), que implicará buscar alternativas de localización de capitales y de población trabajadora.
Las nuevas tecnologías que tendrán un crecimiento acelerado luego de la pandemia (comercio electrónico, educación virtual, teletrabajo, etc.) tienen implícita una reducción de los requerimientos por unidad de producto, tanto directo como indirecto (por menor gasto en oficinas, por ej.).
La crisis actual acelera las problemáticas laborales debatidas en los ámbitos académicos vinculadas a la creciente reducción del empleo formal y la ampliación de la población trabajadora sobrante.
El “plan Marshall criollo” de los movimientos sociales
La posibilidad de movilizar amplios sectores de la población, en post de una reconversión productiva drástica es un ejemplo. Esas ideas retoman el programa de reactivación que conformaba el “plan Hornero” elaborado desde el Ceso, donde se proponía la generación de 500 mil puestos de trabajos anuales en sectores vitales para el desarrollo con amplios multiplicadores del empleo y bajo derrame a importaciones: vivienda, educación, deportes, cultura.
Esas ideas deberían readaptarse a la nueva normalidad, contribuyendo a una descentralización geográfica de la población y al relativo autoabastecimiento en bienes esenciales de las diversas regiones del país. Una forma de reducir el futuro impacto de nuevas pandemias.
Como señalamos en el “plan Hornero”, se vuelve crucial utilizar el exceso de liquidez del sistema financiero interno, reorientándolo desde la especulación hacia el desarrollo socio-productivo.
Una forma de lograrlo, es induciendo a que parte de esa liquidez se vuelque a financiar fideicomisos específicos para el sostenimiento del programa de obras que requiere la reactivación.
Una normativa que condicione el acceso a letras del BCRA, a una cierta composición de la cartera de activos de los bancos que incluya dichos fideicomisos en un determinado porcentaje, es una forma práctica y sin grandes dificultades políticas de avanzar en ese sentido.
Reestructuración de la deuda: muchos capítulos y temporadas
La negociación hoy en día pasa más por las condiciones legales que regirán los títulos de deuda argentinas que por un flujo de fondos que satisfaga la rentabilidad de los acreedores.
La famosa letra chica del acuerdo. Los fondos más hostiles con la Argentina plantean una cantidad de casos mucho más amplia en los que se consideraría que el país entra en default o postergue pagos en acuerdo con los acreedores.
Con eso se multiplican los escenarios en los que podían ir a reclamar la aceleración de los pagos en los tribunales de Nueva York. Si cumple todas las exigencias del Blackrock, incluso deja mucho más expuesto su patrimonio al incluir nuevas entidades en eventuales embargos.
Estas cuestiones pueden convertirse en determinantes para la llegada o no a un acuerdo que nunca estuvo a punto de cerrarse sino que cada operación en la que se pintaba como “inminente” un acuerdo tenía el único objetivo de infringir un desgaste político a la gestión en caso de no llegarse al mismo.
Las probabilidades más altas siguen estando en la posibilidad de llegar a acuerdos parciales por ciertos títulos específicos y no por el total de la deuda conformando un escenario que no sea definitivo y en el futuro se extienda la negociación por recortes específicos de la deuda.
Más aún, quedan pendientes resoluciones en manos del FMI y aquella emitida bajo legislación local que también habrá que definir para una estabilización de la deuda pública argentina.
Esto reafirma la necesidad de independizar la política económica interna de lo que resulte de la renegociación por los 68 mil millones de dólares.
**Centro de Estudios Scalabrini Ortiz
