Al cumplirse 25 años del atentado contra la Amia y en la recta final de la campaña de cara a las Paso, el gobierno nacional oficializó este jueves la declaración de Hezbolá como “organización terrorista” y ordenó el congelamiento de los activos de “entidades específicas del ala militar que integran la misma y líderes” de ese partido político libanés.
La medida fue adoptada mediante la Unidad de Información Financiera (UIF), que instó a que la organización, enmarcada en la fe chiita del Islam, sea inscripta en el Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.
El organismo, dirigido por Mariano Federici, recordó que “Hezbolá y/o su ala militar ha sido designada como organización terrorista por varios Estados, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel y Holanda, como así también por la Unión Europea”.
La decisión del gobierno de Mauricio Macri es un nuevo guiño a los Estados Unidos e Israel, y se inscribe en la política de alineamiento internacional de la Argentina con las grandes potencias, un giro de 180 grados respecto de la política exterior del kirchnerismo.
En esa línea, durante su paso por Santa Fe, el último miércoles, Macri remarcó el preacuerdo de libre comercio con la Unión Europea con fuertes críticas al gobierno anterior, y de paso mencionó el eje del mal en el que ubica al kirchnerismo, el chavismo y Teherán: “No queremos volver al aislamiento, ya nos fue muy mal en tener amigos como Venezuela e Irán. Queremos ser amigos del mundo, que se nos abran las puertas”.
También por impulso del gobierno argentino, los países del Mercosur firmaron en la última Cumbre de Jefes de Estado –que culminó este miércoles– una condena diplomática «contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones”, aunque sin menciones específicas sobre Hezbolá ni sobre otras organizaciones.
Con la creación del nuevo registro, a través del decreto 489/2019 publicado el miércoles en el Boletín Oficial, se modifica una norma de 2012 por la cual la Argentina se regía por el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que no aparece el grupo chiita sospechado junto al gobierno iraní de haber volado la embajada de Israel en el 17 de marzo de 1992, ataque que dejó un saldo de 22 muertos, y la sede de la mutual Amia el 18 de julio de 1994, que dejó 85 víctimas fatales.
¿Es Hezbolá una organización terrorista como denuncia el gobierno?
En 2006, la Justicia acusó al gobierno iraní de planificar los atentados a la embadada y a la Amia y pidió la captura internacional de siete exfuncionarios iraníes y un miembro de Hezbolá. Al año siguiente Interpol, la Policía Internacional, emitió circulares rojas para la captura y extradición de los acusados. Y en 2009, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la entonces presidenta Cristina Fernández, reclamó a Teherán de los ex funcionarios.
Sin capturas ni avances, dos años después, en marzo de 2011, previo a la campaña electoral para las presidenciales de ese año, un periodista porteño publicó que Argentina había firmado una suerte de pacto secreto con Irán para supuestamente «olvidar» los atentados y dejar de buscar justicia. Dos años después, en 2013, la entonces reelecta jefa del Estado presentó un acuerdo con el anuncio que iba en sentido contrario al «olvido». Así salió a la luz el Memorandum acordado por la República Argentina y la República Islámica de Irán, cuya validez estaba sujeta a la aprobación por parte de los Parlamentos de ambos países. El pacto avanzaba en la creación de una Comisión de la Verdad por el atentado a la Amia, integrada por los dos gobiernos y habilitaba a jueces argentinos a interrogar a los ex funcionarios iraníes señalados, que por entonces estaban refugiados en su país.
Pero el tema volvió a estallar en la campaña, esta vez para las presidenciales de 2015. El entonces candidato y actual presidente Mauricio Macri acusó al kirchnerismo de tener acuerdos secretos con el chavismo, el chiismo y otros ismos a los que vinculó con la oscuridad.
En esa línea se inscribe la decisión que coincide con el 25 aniversario del último atentado. La nueva herramienta funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y tendrá por objetivo brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas con actos de terrorismo o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.
“Amenaza vigente”
En el texto divulgado por la UIF se consigna que Hezbolá “ha sido responsable de la comisión de numerosos actos terroristas alrededor del mundo” y se mencionan “precedentes judiciales en varios países, incluyendo en Estados Unidos, Alemania, Suiza, Israel y en la propia República Argentina, que dan cuenta de cómo la organización ha planificado, facilitado y ejecutado actos terroristas a lo largo de su historia”.
En ese sentido, el gobierno nacional subrayó que, “en la República Argentina, Hezbolá ha sido identificada como responsable del atentado contra la Embajada de Israel en 1992, con un saldo de 29 muertos y 242 heridos, y del atentado a la sede de la Amia, en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y cientos de heridos”.
“En la actualidad –sigue el documento de la UIF–, Hezbolá continúa representando una amenaza actual y vigente para la seguridad nacional y la integridad del orden económico financiero de la República Argentina, tal como surge del ejercicio de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo llevado a cabo recientemente por el Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.
Ante ello, la UIF “ordenó el congelamiento de activos de la organización terrorista Hezbolá, entidades específicas del ala militar que integran la misma y líderes de la organización” y solicitó la inscripción de esa medida en el Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.
El anuncio fue realizado escasos minutos antes de que se realizara el homenaje oficial a las víctimas del atentado de 1994 y un día después de que el gobierno oficialice la creación del registro.
Mediante un comunicado, la UIF recordó que el Juzgado Federal de Eldorado ratificó recientemente el “congelamiento administrativo de los integrantes del denominado Clan Barakat, atendiendo a los vínculos financieros del citado clan con la organización Hezbolá y la vinculación de ésta con los actos terroristas acaecidos en la República Argentina”.
“La República Argentina ha asumido un fuerte e inquebrantable compromiso de prevenir y reprimir la financiación de todo acto terrorista así como de abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos terroristas”, añadió la UIF.
Y concluyó: “Asimismo, el país se ha comprometido a aplicar con eficacia los mecanismos de congelamiento de activos ante sospechas de financiación del terrorismo, incluido el examen de solicitudes de congelamiento que presenten otros Estados, y a poner a disposición del público sus listas nacionales de congelamiento de activos”.
Un bloque «contra el terrorismo»
El último miércoles, en el cierre de la Cumbre del Mercosur, los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay firmaron un documento en el que reiteran la “firme condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones» y reafirma el «apoyo a los reclamos de justicia y condena de los perpetradores y cómplices”.
Sin menciones a ningún grupo particular, el texto rubricado por Macri y sus pares de la región sostiene que “el terrorismo es una amenaza que no respeta fronteras y requiere del esfuerzo y trabajo conjuntos para erradicarlo. Compartimos el compromiso con la democracia, la libertad y la convivencia pacífica en la diversidad como la mejor forma de combatir estos hechos aberrantes”.
Los líderes del Mercosur dejaron en claro que acompañan el reclamo de la Argentina “en su búsqueda de esclarecimiento y justicia” por el atentado contra el edificio donde funcionaban la mutual judía y la Daia, y a la vez solicitaron “esfuerzos de búsqueda de cooperación con las autoridades judiciales argentinas”.
“Nos comprometemos a fortalecer los esfuerzos para evitar la utilización de nuestros territorios nacionales por parte de redes y grupos terroristas, así como también a tomar acciones concertadas en los organismos regionales, hemisféricos e internacionales y medidas firmes contra los perpetradores de estos actos, los que proveen el financiamiento y los que contribuyen a su encubrimiento y a la impunidad”, agrega el documento.
Un papelón de Bullrich
Dos semanas antes de la Cumbre del G20, en noviembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad con conduce Patricia Bullrich protagonizó uno de los papelones diplomáticos más importantes de la era Macri. Fue cuando las fuerzas de seguridad detuvieron a dos jóvenes hermanos de 23 y 25 años acusados de integrar la organización Hezbolá.
Pocas horas después de la detención se comprobó que era una versión falsa y la familia contraatacó con una denuncia dirigida al gobierno nacional por “persecución” contra la comunidad islámica.
En aquel momento, el abogado de los jóvenes señaló que el gobierno argentino “se comporta como un esclavo con látigo al servicio de los Estados Unidos” y remarcó que “la causa se originó por un denuncia presentada por la Daia en enero de este año (2018) y se procede ahora, cuando quedan pocos días para el comienzo del G20”.
