A pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se realizaron una serie de allanamientos y órdenes de presentación en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos de Capital Federal, de puntos de la provincia de Buenos Aires y de Rosario. Los operativos se concretaron en el marco de una causa en la que se investiga un posible negocio ilícito de características trasnacionales dedicado a la explotación del cuerpo de mujeres gestantes, a través de lo que se denomina “subrogación de vientres”, con la posterior comercialización de los niños y las que nacieron.
Los procedimientos fueron ordenados por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, la jueza federal María Capuchetti, y se concretaron este miércoles en forma simultánea con personal las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal.
La investigación se inició en enero pasado y en la maniobra participarían personas y empresas constituidas en el extranjero, pero con actividad en el país, a través de las cuales los implicados obtenían importantes ganancias.
“En concreto, las personas humanas y jurídicas contra las que se dirige la investigación difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un «servicio» –que en algún caso, por ejemplo, era denominado «Programa Argentina»– con un valor aproximado de 50.000 dólares”, señaló Mángano en el dictamen que emitió para pedir los allanamientos.
La fiscal federal explicó que ese servicio “incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto”.
En el mismo dictamen, la fiscal federal Mángano que además es titular junto a Marcelo Colombo de la Protex, indicó que “otra cara de este «negocio», es el sistema de reclutamiento de las gestantes”. Y explicó: “Las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales y, aprovechando sus necesidades socioeconómicas, les ofrecían la suma de 10.000 dólares por llevar adelante la gestación; monto de dinero al que sumaban un «plus» de entre 1.000 y 2.000 dólares si el parto fuera por cesárea”.
Si por cualquier circunstancia el embarazo resultaba interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales. “De este modo, los actores involucrados se aprovechaban de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles 10 mil dólares a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitar el embarazo con todos los correspondientes controles, y entregar al niño nacido por esta práctica, todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales -acreditadas en el caso- que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes”, abundó la fiscal.
En ese orden, las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, señala el dictamen.
Desde la Fiscalía explicaron que el propósito final de este negocio ilícito era la inscripción registral del niño o niña y su posterior entrega. “Todo este sofisticado esquema de negocios se encuentra articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un niño o niña para entregarlo a una pareja que en muchos casos era de origen extranjero sin residencia en el país, con quien no tiene ningún vínculo genético, cultural ni social, como se verificó en el «caso 1» que dio origen a la presente investigación”, subrayó Mángano en el dictamen.
Contrato entre privados o flor de delito
El Ministerio Público Fiscal consideró que el caso encuadra dentro del figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal para el delito de trata, en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, delito previsto en el artículo 140 del Código y en el artículo 2 de la ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, ya que la práctica de gestación por sustitución a cambio de una contraprestación económica, y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, tenía como propósito “obtener cuantiosas ganancias económicas”.
También postuló que entra en juego esa figura penal en lo que respecta a la comercialización de los niños y las niñas, en tanto este trato implica su reducción a una situación equivalente a la esclavitud, sancionada en el artículo 140 del Código Penal.
Además, en el dictamen se señaló que la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su artículo 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compraventa de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.
A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas (artículo 293 del Código Penal), “lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil” de la ciudad de Buenos Aires.
La punta del ovillo
El caso se inició el pasado 25 de enero a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.
El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn, de la República Federal de Alemania fue contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del estado de Sarre, que informó que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil porteño, y un pasaporte argentino.
“Quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de «gestación por sustitución»”, remarcó Mángano en su dictamen.
La funcionaria alemana advirtió que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la Policía local y le quitó en forma provisoria la custodia de la beba y la entregó al cuidado de una familia sustituta.
La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor fue inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la ciudad de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.
También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal , donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.
“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de «gestación por sustitución»”, remarcó Mángano en su dictamen.
Por ello, se realizaron una serie de medidas para establecer la cantidad de nacimientos transcurrieron desde que entraron en vigencia las disposiciones internas 93/DGRC/17, 103/DGRC/17 y 122/DGRC/2022, que habilitaron este tipo de inscripciones en la ciudad de Buenos Aires. Así, se tomó conocimiento de 147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución entre 2018 y abril de 2024, y se advirtió que al menos en 49 de ellos “los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación”.
Se trata de personas extranjeras de distintas nacionalidades, en su mayoría con domicilios de residencia fuera de la Argentina. En algunos casos se verificó que no habían realizado aportes genéticos, y la mayoría no acreditó vínculo afectivo con las mujeres gestantes, de modo que permitieran inferir que los procedimientos médicos de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (THRA) se realizaban de manera directa, con conocimiento previo de las personas sometidas a esta práctica y sin la intermediación de personas que obtienen un beneficio económico de estas prácticas.
En ninguno de estos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación, sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales en base a afirmaciones que, según se pudo establecer, son en todo o en parte falsas.
En ese sentido se investiga si, del mismo modo que en el “caso 1”, intervinieron en estos otros casos una serie de intermediarios que eran quienes a fin de cuentas obtendrían cuantiosas ganancias de la explotación de las mujeres gestantes en franca situación de vulnerabilidad y la comercialización de los niños y niñas nacidos en territorio nacional.
Los allanamientos
Los sitios allanados el miércoles último de manera simultánea por la Policía Federal fueron cuatro centros de fertilidad de Capital Federal y dos de Rosario. Allí, las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también in vitro. En los procedimientos se fueron a buscar las historias clínicas y los legajos administrativos de pagos.
También se hicieron procedimientos en siete escribanías donde se hacían las firmas del consentimiento por parte de las gestantes antes del procedimiento y al momento de producirse el parto. Por ello, se ordenó el secuestro de actuaciones notariales, protocolos y certificaciones de firmas respecto de los casos investigados.
Por último, hubo allanamientos en tres estudios jurídicos que aparecen representando a las gestantes o a los comitentes en estos procedimientos.
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