El juez federal Sebastián Casanello dispuso ayer el allanamiento de tres propiedades de Lázaro Báez y las cajas de seguridad que tiene el empresario en el Banco Santa Cruz, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron que Casanello firmó los allanamientos por pedido del fiscal Guillermo Marijuan, quien la semana pasada había pedido una gran cantidad de medidas de prueba.
Los allanamientos en Santa Cruz se realizaron en la estancia Alquinta, en un galpón de la calle Guer Aike 50, y en la Chacra 39, de Río Gallegos, en la cual se presume hubo una bóveda que fue desmantelada, lo que también investiga Casanello por una denuncia de la diputada Elisa Carrió.
Al mismo tiempo se concretó un nuevo allanamiento en el banco Santa Cruz, esta vez en el sector de cajas de seguridad, para complementar el que se llevó anteriormente, luego de que la entidad bancaria le confirmara a Marijuan que existían 14 cajas de seguridad que figuraban a nombre del empresario.
Efectivos de Gendarmería Nacional allanaron primero el galpón donde Báez guarda sus vehículos, la denominada “flota negra”, por ser todos de ese color.
Fuentes de la causa revelaron que los uniformados, con los agentes judiciales, irrumpieron en la propiedad rompiendo la puerta para poder ingresar, ya que no había nadie que los recibiera.
Fue así que se disparó la alarma y el propio empresario se presentó en el lugar minutos después con uno de sus abogados.
“Esto me parece un exceso, yo puse a disposición de la Justicia todas mis instalaciones, no entiendo por qué rompieron la puerta de la empresa”, sostuvo Báez en un breve contacto con la prensa tras este operativo.
Posteriormente, casi dos horas después, el personal de Gendarmería y la jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera, se presentaron en la Chacra 39, dónde reside Báez y cuyas puertas abriera a la prensa por primera vez la misma noche en la que se hiciera pública la existencia de fotos registrando el desmantelamiento de una bóveda en el lugar.
Alrededor de diez gendarmes llegaron a la propiedad con la orden de allanamiento en mano, pero el personal de seguridad del empresario les franqueó la entrada.
Además, se informó que en una tercera propiedad, la estancia Alquinta, ubicada a unos 70 kilómetros de la capital provincial, camino a El Calafate, también se realizó un procedimiento similar.
Esta es la estancia en la que, según denunció Carrió, fue trasladada toda la documentación que se habría retirado de la chacra cuando se desmanteló la bóveda.
Para el lunes están citados a indagatoria el financista Federico Elaskar; y el marido de la modelo Karina Jelinek, Leonardo Fariña.
La semana pasada, la sala I de la Cámara Federal en un conflicto de competencia ordenó que la causa por la bóveda se investigara en la Capital Federal, a cargo del juez Casanello.
Juez ordenó inhibiciones
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer la inhibición general de los bienes de Leonardo Fariña y del financista Federico Elaskar, en las diligencias de la causa por presunto lavado de dinero en la que fueron imputados junto con el empresario Lázaro Báez. El magistrado solicitó además que se realice un careo entre Sergio Triviño, quien trabajaba para Báez y se sospecha que desarmó una bóveda en su chacra de Río Gallegos, y los integrantes del matrimonio que habrían aportado a la Justicia las fotos de esos hechos.
El careo fue pedido para aclarar el episodio, ya que en su declaración judicial Triviño negó los hechos mientras que el matrimonio ratificó que aquél les había dado las fotos que mostraban su trabajo en la bóveda para guardarlas.
Casanello decidió que se inhiban los bienes, según indicaron fuentes judiciales, debido a los reportes de operaciones sospechosas que emparientan a Fariña y Elaskar con operaciones de dinero que no condicen con sus ingresos monetarios.
Casanello, además, dispuso el ingreso al plan nacional de protección de testigos del Ministerio de Justicia de Maximiliano Acosta, testigo de casamiento de Fariña con la vedette Karina Jelinek. Acosta declaró que fue intermediario de Fariña en la compra del campo El Entrevero, en Punta del Este, por 14 millones de dólares, que finalizó con la titularidad de Daniel Pérez Gadín, ex contador de Lázaro Báez.
