El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de Alquileres en los próximos días y generó el repudio de diversos sectores, que acusaron a la movida de “electoralista”, que se trata de “una mentira” y que “no favorece a los inquilinos”.
Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular de Rosario y representante de organizaciones de inquilinos, afirmó que el proyecto “es una nueva mentira” antes de las elecciones.
“Mauricio Macri dijo dos veces (en su mandato) que iba a hacer una ley nacional de alquileres. Nos mintió. Y ahora sobre el final, cuando ya no tiene ni cuerda, dice que va a hacer una ley nacional de alquileres sin tener consenso en el Congreso para sacar absolutamente nada. Es otro globo más”, manifestó.
En declaraciones a LT3, el representante del movimiento nacional de inquilinos afirmó que hay entre 7 y 8 millones de personas que alquilan en la Argentina y consideró que esa es la razón por la que ahora la administración Macri decidió prometer una nueva ley para regular el mercado.
“Los inquilinos queremos una nueva ley nacional de alquileres teniendo en cuenta que en la Argentina hay un severo problema con la dinámica de la problemática del alquiler”, sostuvo y marcó las diferencias conceptuales que tienen las organizaciones con el oficialismo.
Sostuvo que el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y el diputado oficialista Daniel Lipovetzky (que impulsa este tipo de iniciativas en el Congreso) tienen una lógica de pensamiento que va en contra de los derechos de los inquilinos.
Para ellos, dijo Roldán, el principal objetivo de cualquier iniciativa debería ser proteger la rentabilidad en dólares de los propietarios de los inmuebles, al margen de que estos puedan conservar su capital porque el mercado está dolarizado.
“El inquilino no llega a fin de mes, paga cánones de alquiler, más del 50% de su salario es destinado al abono del alquiler, no tiene garantías propietarias al renovar un contrato, le cobran entre 40 mil y 50 mil pesos de comisiones, la duración del contrato es corta”, sostuvo.
Roldán cuestionó con dureza el trato que el gobierno nacional le dio a este tema, dado que en 2016 el Senado ya le había dado media sanción a un proyecto de ley y luego el oficialismo lo trabó en la Cámara baja.
“Ahora, como leen que hay un problema de inquilinos que afecta a 8 millones de personas, tiran otro globo más como nos ha tirado muchos, como los créditos UVA. Hoy los deudores UVA andan corriendo preocupados porque no pueden pagar y se enfrentan a la posibilidad de perder las propiedades”, dijo.
“Maniobra electoral”
El coordinador del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría porteña, Fernando Munóz, aseguró que querer impulsar el proyecto a menos de un mes de las generales demuestra una “maniobra electoral”.
Sobre la iniciativa, Muñoz marcó “dos cuestiones. A lo que hace al mercado de la vivienda, o se lo ordena o se regulan los alquileres. Aumentaron 9 veces en 4 años el valor de la propiedad, que está dolarizado en este país. En la ciudad de Buenos Aires aumentó un 33% el valor del metro cuadrado. No se puede acumular tanta ganancia y querer discutir la rentabilidad del alquiler. Segundo, no es para tomarse en serio una ley de alquiler cuando queda un mes para las elecciones”.
Por eso, el dirigente pidió, antes de realizar una ley, “esperar el resultado de las elecciones, cómo será la distribución de las medidas económicas, si habrá o no ministerio de la Vivienda. En estos años, en los que la inflación subió por ascensor y el sueldo cayó por un tobogán, el planteo es buscar un índica mixto entre costo de vida e ingreso familiar. Me huele a tufillo electoral esta propuesta del gobierno”.
A su vez, Muñoz señaló: “La situación de un inquilino, teniendo en cuenta los grandes centros urbanos, es difícil. La población tiene un ingreso promedio de 35 mil pesos, un alquiler promedio no baja de 15 mil pesos, las expensas tienen un valor del 25% del alquiler y así los inquilinos quedan en una situación de pobreza. Se multiplicaron los juicios de desalojo también, la gente no tiene a donde ir”.
También los martilleros
El Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires señaló que «la norma actual prohíbe los ajustes de tarifas por fuera del acordado en los contratos» y agregó que el proyecto oficial «propone actualizarlos mensualmente» por un índice combinado de precios y salarios del Indec.
El presidente de la entidad, Juan Carlos Donsanto, afirmó que el proyecto es «más un anuncio vinculado con la campaña electoral que un genuino interés por aportar soluciones a la cuestión».
«Este proyecto no incluye grandes modificaciones al régimen vigente y no está a favor de los inquilinos», sostuvo el directivo y estimó que el Indec «va a tener que ponerse las pilas en forma mensual para proveer ese indicador que, hoy por hoy, solo está disponible hasta julio, con dos meses de retraso».
