Marco alquila desde hace dos años un departamento de pasillo de un dormitorio en la zona de Echesortu. El contrato vence en marzo. Dos semanas atrás la administración lo contactó para renovarlo y le avisó que el monto iba a subir de 9.300 a 17.500 pesos, es decir, más de un 50 por ciento. Su salario no tuvo incrementos durante la pandemia. Consultó al Centro de Asesoramiento Social en Alquileres, desde donde avalaron el aumento. “Me dijeron que estaba bien que me pidan eso porque después no van a poder aumentar mucho”, contó.
Desde el Consejo Asesor de la Vivienda señalaron que desde principios de año reciben quejas por incrementos de hasta un 90 por ciento en los valores de alquiler. Denuncian una especulación de parte de las grandes inmobiliarias frente a la vigencia de la ley de Alquileres y del DNU que congela montos y suspende desalojos.
“Los aumentos no responden a ninguna lógica económica, ni siquiera a la del mercado, por el aumento del costo de vida. Hay una especulación desde las grandes corporaciones inmobiliarias desde Buenos Aires que instalan, incluso en el imaginario del pequeño propietario, que tiene que incrementar los valores. Más allá de que sea legal, el aumento es injusto y no puede justificarse. No hay parámetro con la realidad económica de los inquilinos. Es como si un inquilino pidiera pagar un 20 por ciento menos porque no le aumentaron el salario”, dijo a El Ciudadano Ariel D’Orazio, referente del Consejo Asesor de la Vivienda Única.
D’Orazio explicó que la ley de Alquileres apunta a desacelerar el incremento de los valores, mediante un índice que combina inflación más salario, pero no estipula que bajen los montos al firmar o renovar un contrato. “La ley regula el valor dentro del contrato con incrementos anuales mediante el índice de alquiler. En caso de abuso en un contrato nuevo no tenemos herramientas porque no hay estipulados topes para el valor de alquileres. Aún estamos viendo las consecuencias de la pandemia y cuánto cuesta recomponerse del parate económico que generó”, señaló y mencionó que desde la entidad cerraron 2020 con 1.500 consultas, entre alquileres y consorcios.
Desde el Consejo Asesor de la Vivienda Única pidieron la intervención del Estado para establecer un tope en los valores. “Impulsamos que el Estado construya vivienda pública para alquilar y permitir formar el valor de las locaciones. Tenemos casos de personas que dejaron de pagar las expensas o los impuestos y se endeudaron. Estamos armando audiencias de conciliación porque deben más de 70 mil pesos para un inmueble familiar. Si no pudieron pagarlo hasta el momento, va a ser difícil que lo hagan afrontando el costo de un alquiler. Necesitamos la intervención del Estado”, aseguró.
Desde la entidad sugieren que quienes alquilan se amparen en el DNU que congela alquileres y suspende desalojos hasta el 31 de marzo. “El DNU es una herramienta para la negociación contractual. Si se levanta pedimos que surja alguna medida que nos permita una negociación para evitar tener que aceptar el aumento o quedarte en la calle”, señaló D’Orazio, y recordó el proyecto presentado en la Legislatura provincial, en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Consejo Federal del Hábitat para crear un registro de la vivienda ociosa. “Va a permitir que el Estado tenga un mapa de los valores, de los inquilinos y de la vivienda desocupada para conocer quiénes concentran el capital inmobiliario”, cerró.
En deuda
Por otra parte, desde la Defensoría del Inquilino de Rosario estimaron que son 120.000 las personas que alquilan y están endeudadas o con atraso en el pago. Por eso, proponen establecer precios máximos a los alquileres para evitar especulaciones y que se traslade en el precio del alquiler los avances de la nueva ley o del decreto.
“El panorama es crítico, por eso es necesaria una política pública integral de acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler. Hay una reacción especulativa del mercado inmobiliario contra los avances en materia legal que hubo en el último año a favor de los inquilinos. Es imprescindible avanzar hacia la regulación y pesificación del mercado inmobiliario para empezar a dar una respuesta estructural al acceso a la vivienda”, dijo Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino de Rosario.
